Un expediente judicial hasta ahora desconocido demuestra los abusos laborales cometidos en el Ubérrimo, la hacienda del expresidente Álvaro Uribe Vélez y su esposa Lina Moreno de Uribe, quien además es la representante legal de la sociedad a la que pertenece la tierra. Se trata de una demanda ordinaria laboral interpuesta por Enrique Antonio Hernández Dávila contra la ex primera dama en el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Montería.
La acción legal contra la filósofa Moreno de Uribe ocurrió el 23 de julio de 2007, durante el segundo mandato de su esposo, y tuvo como fin «obtener el reconocimiento del pago de la indemnización por despido injusto, horas extras nocturnas y diurnas, dominicales, festivos, recargos nocturnos, subsidio de transporte, tiempo de servicio, vacaciones y demás emolumentos laborales adquiridos».
Hernández fue contratado verbalmente el 17 de septiembre de 2001 para ordeñar, fumigar, arreglar cercas, recoger cocos, entre otras labores de mantenimiento en el Ubérrimo, y fue despedido sin justa causa, según alega en su demanda, el 30 de diciembre de 2006. En esos cinco años y tres meses, nunca recibió un llamado de atención y cumplió a cabalidad su trabajo.
Por trescientos ochenta mil pesos, el salario mínimo de la época, Hernández laboraba de lunes a lunes desde las 3:30 de la mañana hasta las 7:00 de la noche (dieciséis horas, si se cuentan los tiempos de desplazamiento desde su casa). Solo descansaba un día al mes, no tenía subsidio de transporte, dotaciones o una afiliación a un fondo de pensiones. Lo afiliaron a una EPS dieciséis meses después de haber comenzado a trabajar en la hacienda del expresidente.
Entre los aportes de pensión y salud que no le pagaron, la indemnización por despido injustificado, por no suministrar dotaciones, por horas extras diurnas y nocturnas, por su trabajo en festivos y dominicales, Hernández le estaba exigiendo al Ubérrimo más de veinte millones de pesos.
La demanda la respondió el gerente suplente de la sociedad Agropecuaria el Ubérrimo, Santiago Uribe Vélez, el hermano del expresidente Álvaro Uribe acusado por homicidio agravado y concierto para delinquir con el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. A través de su abogado Juan Guillermo Herrera Gaviria, Uribe Vélez negó los hechos. Según su versión, Hernández renunció voluntariamente, no recibía subsidio de transporte porque vivía a trescientos metros de la finca, trabajaba solo seis horas al día y recibió sus dotaciones y todas sus prestaciones sociales, con la excepción del aporte a pensiones, debido a un supuesto error involuntario.
En su respuesta, el abogado Herrera le pidió al juez que condenara al campesino al pago de costas y gastos procesales por la demanda infundada. Lo hizo aportando como prueba los pagos de la afiliación a la ARL y la liquidación anual de los más de veinte trabajadores del Ubérrimo. Por ningún lado del expediente aparecen las afiliaciones a salud y pensión de Hernández o de los otros empleados que trabajaban en la hacienda del entonces presidente. Herrera dijo, eso sí, que ellos siempre estuvieron pendientes de la salud de Hernández y que él no se enfermó durante el periodo en el que trabajó en el Ubérrimo. Para rematar, el abogado aseguró que la demanda no podía prosperar porque no había contrato.
No obstante, el 17 de enero de 2008, cuatro meses después de haber alegado que la demanda del campesino era infundada, la familia Uribe Moreno acordó con Hernández el pago de seis millones quinientos mil pesos, una tercera parte de lo que estaba reclamando, y solicitó al juez Miguel Ortega Revueltas el archivo del proceso.
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