Un video de promoción, hecho con un programa digital de dibujitos a mano, vende al Grand Sirenis como el único de San Andrés con un sello de construcción ambiental LEED, que otorga el prestigioso Green Building Council y que certifica que las edificaciones son «ambientalmente sensibles, económicamente viables, socialmente justas y culturalmente significativas». Al parecer, se trata de una refrendación tan difícil y costosa que solo cincuenta hoteles de América Latina pueden exhibirla en sus vestíbulos de recepción. Esa es la mayor ironía del Grand Sirenis, a pocos días de su inauguración: la playa paradisíaca frente a la que se elevan sus tres torres con 254 habitaciones es propiedad de la Nación, no de sus inversionistas, como ellos insisten. ¿Quién los autorizó a desembarcar en ese costado de la isla? Esta historia, plagada de preguntas, parece un relato de piratas.
El predio tiene una matrícula inmobiliaria a nombre de la compañía constructora Hitos Urbanos —empresa de la que es socia Marta Lucía Ramírez, exvicepresidenta de la Nación, y su esposo, Álvaro Rincón— que se la vendió a los inversionistas del Grand Sirenis. ¿Cómo lograron que su naturaleza pública cambiara a privada así no más? En 2014, la Dirección General Marítima y Portuaria (Dimar) informó de «la violación y ocupación ilegal de un bien de uso público». Hasta ese año, la familia Gallardo —una de las más poderosas de la isla— tuvo la concesión de un embarcadero conocido como Tonino’s Marina, en la playa que ahora el hotel ostenta como si fuera suya. La Dimar —que regula, autoriza y controla las concesiones y los permisos sobre playas, terrenos de bajamar y aguas marítimas— declaró responsables de su ocupación abusiva a los Gallardo, a quienes multó con diez salarios mínimos mensuales legales.
El 19 de abril del 2018, la Gobernación de San Andrés ordenó restituir la playa antes de treinta días y advirtió a los Gallardo que la policía podía tomar el lugar, «de ser necesario». Ese plazo se cumplió el 19 de mayo del 2018, hace cinco años, justo la expectativa máxima de vida de los pulpos del Pacífico, los más grandes del océano. Pero las decisiones de restitución de un bien público no han espantado a Hitos Urbanos, que insiste en reclamar lo que no es suyo como suyo. Un documento —otro más— demuestra que el lugar donde el Grand Sirenis dispuso la playa privada para sus huéspedes, y construyó un muelle de embarque y un sendero de cemento, no puede tener propietarios.
Se trata de un estudio de factibilidad financiera que hizo un banco sobre la matrícula inmobiliaria del terreno, antes de que los inversores del flamante hotel lo compraran. Hitos Urbanos, uno de cuyos lemas empresariales es «crear lugares especiales que dialoguen con el entorno», admite que 540 metros cuadrados del embarcadero Tonino’s Marina son un bien de uso público, pero que hay otros 3.672 metros cuadrados que sí les pertenecen y que, por tanto, ni ellos ni los dueños originales se robaron nada. Pero su certeza parece fraudulenta. El análisis financiero del banco revela que los metros cuadrados resguardados por un carácter público suman 4.212. El Grand Sirenis —construido con ingeniería anticorrosiva para que el salitre y la humedad no lo debiliten— es como un barco fondeado en aguas ajenas.
Los expertos del banco concluyeron que los vicios de la propiedad se originaron en dos primeras escrituras, fechadas en 1966 y 1967, años en que el entonces presidente de la República, Carlos Lleras Retrepo, transfirió tierras que nacieron con el relleno de un pantano: «Entonces se concluye que la inscripción de esa escritura —la actual en cuestión— corresponde a la de un acto de transferencia de un derecho incompleto que se hizo a favor de una persona, por parte de quien carecía de dominio sobre determinado inmueble». Los peritos del banco molestaron mucho a los inversionistas con sus conclusiones, conocidas en exclusiva por CasaMacondo: «Consecuentemente no se constituye propiedad». Y rematan: «No permite ejecutar actos de señor y dueño tales como enajenar el derecho real de dominio, englobar, constituir servidumbres, propiedad horizontal, entre otros. Para su saneamiento se requiere de escritura pública, decisión judicial o administrativa en los términos legalmente establecidos, según el caso».
Adalberto, el patriarca de la familia Gallardo, fue intendente, y en los años sesenta del siglo pasado contrató el relleno de unos pantanos. Luego, se adjudicó las tierras que nacieron de ese trabajo de ingeniería. Las argucias de supuesta propiedad se sucedieron de escritura en escritura, hasta la octava versión, en el 2017, cuando Hitos Urbanos la adquirió. «Y para nada importa que en acto posterior se dijese que transfería al ente territorial el derecho de dominio o propiedad, pues nadie puede transferir más derechos de los que tiene, pues se itera, de una declaración unilateral de posesión no surge el derecho real», continúa el análisis bancario, oculto por los inversores del Grand Sirenis.
A los vicios de las primeras escrituras, que le dieron propiedad de la playa a la familia más poderosa de San Andrés, se suman dos disposiciones legales que demuestran un entorno de ilegalidad flagrante que la Fiscalía no ha investigado, muda hasta ahora: «El predio conforme sus linderos y medidas, linda por el sur con el mar Caribe en extensión de 114,50 metros. Aparece que como se indicó, corresponde a una venta de posesión (no tenía título la enajenante-permutante), al indicarse que el predio linda con el mar, se trata de un hecho relativo a zona de uso público como son las playas, las cuales son bienes imprescriptibles e inalienables y sabido es que ningún predio particular linda con el mar». La norma no admite supuestos. Es taxativa.
El Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente reza con precisión: «Una faja paralela a la línea de mareas máximas hasta de treinta metros de ancho —tenga o no playa— es un bien inalienable e imprescriptible del Estado; y no existe un derecho adquirido por particulares». Contrario a lo que alegan los propietarios de Hitos Urbanos, la norma es diáfana como el mar de San Andrés, en el que es posible avistar sus fondos coralinos, e incluso sus peces de colores, que desde la superficie parecen suspendidos, como si flotaran: barracudas, cirujanos, reinas, payasos, alones voladores, damiselas, loros, tiburones nodriza, más de seiscientas especies según el catálogo de los submarinistas.
El Decreto Ley 2324 establece que «playas, terrenos de bajamar y aguas marítimas son bienes de uso público, por lo tanto, intransferibles a cualquier título a los particulares quienes solo podrán obtener concesiones, permisos o licencias para su uso y goce de acuerdo a la ley y las disposiciones del presente Decreto. En consecuencia, tales permisos o licencias no confieren título alguno sobre el suelo ni subsuelo». Pero nada de eso ha sido suficiente para demostrar la usurpación del terreno donde el Grand Sirenis eleva sus torres. Su mayor blindaje no parece ser el revestimiento que repele el salitre de su fachada sino los buenos oficios de Marta Lucía Ramírez, exvicepresidenta de la Nación, socia con su familia de Hitos Urbanos, constructora involucrada en una relación comercial con el narcotraficante Guillermo Acevedo, conocido en el mundo del hampa como Memo Fantasma.
Según la directora jurídica de Hitos Urbanos, la oficina de la empresa se inundó y los documentos en que se relataba su relación comercial con el mafioso se arruinaron. Parece que los naufragios, incluso los que ocurren a mil trescientos kilómetros del mar, son un recurso de explicación de lo inexplicable. Los documentos desleídos bajo el agua incluían información de Torre 85, el proyecto en Bogotá en el que Memo Fantasma compró oficinas, locales comerciales y garajes para blanquear dinero de las Autodefensas Unidas de Colombia.
El presidente Iván Duque quiso nombrar alta consejera para San Andrés a Marta Lucía Ramírez, pero la vicepresidenta rehusó el nombramiento por los negocios de su familia allí. No obstante, tres meses después, el 21 de octubre del 2018, acompañó al almirante Juan Francisco Herrera a su posesión como gobernador encargado de la isla. Ella dijo que su participación en el evento fue una petición del Ministerio del Interior. Pero esa no fue la única vez en que la vicepresidenta coincidió con el almirante Herrera. El 23 de marzo del 2019 Ramírez tuiteó: «San Andrés tiene todo el apoyo de este gobierno, el Presidente @IvanDuque nos ha delegado a varios funcionarios para trabajar por esta maravillosa isla».
Un mes después de esa última reunión de Ramírez con el almirante Herrera, la Gobernación de San Andrés emitió una resolución para subsanar las irregularidades de la licencia del Grand Sirenis. Ramírez insiste en que nunca se valió de sus funciones —la indiscutible ventaja de que gozaba— para favorecer a Hitos Urbanos. Los demás dueños del Grand Sirenis son Alianza Fiduciaria, Oxo Hotel y la poderosa familia Gallardo, la primera propietaria del terreno, miembro del Partido Liberal y socios políticos de Mario Castaño, congresista encarcelado por liderar una red de corrupción que se extendió por siete departamentos.
El jefe del clan Gallardo es Julio Eugenio Gallardo Archbold, condenado en el 2022 por entregarle dinero a Luis Gustavo Moreno, fiscal anticorrupción, condenado por corrupción. Pero las evidentes anomalías del hotel más moderno de San Andrés no solo se quedan en la playa. Hitos Urbanos obtuvo la licencia de construcción en el 2016 con vicios que luego subsanaron con un área de compensación. Se supone que en la isla, los edificios solo pueden tener seis pisos, y las torres que construyó Hitos Urbanos tienen alturas que equivalen a once, casi el doble de lo permitido.
Cuestionada por CasaMacondo, Deisy Verdinez, directora de Comunicaciones de Green Building Council, confirmó que el promocionado hotel Grand Sirenis no cuenta, como dicen sus videos promocionales, con un sello de construcción ambiental LEED. «Revisé su consulta y no veo que el Hotel Grand Sirenis en San Andrés, Colombia, haya recibido la certificación LEED». A pocos días de su inauguración, en la plataforma www.sirenishotels.com ya se ofrecen reservaciones del hotel más moderno de San Andrés. Entre tanto, Marta Lucía Ramírez sonríe vestida de azul en su cuenta de Twitter, en una fotografía debajo de otra de ella misma mirando por el ventanal de un edificio. En su perfil de la red social, en la que cuenta con casi ochocientos mil seguidores, enumera sus cargos anteriores como si fueran galardones: excanciller, exministra de Defensa y exministra de Comercio Exterior, y también sus investiduras por elección popular: exsenadora y exvicepresidenta. No dice que sea empresaria y multimillonaria.
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