Ni la Fiscalía General de la Nación, ni mucho menos sus fiscales, pueden recibir recursos económicos provenientes de organizaciones privadas. Eso le contestó el ente acusador a CasaMacondo en respuesta a un derecho de petición. No obstante, una oenegé estadounidense que dice luchar contra la trata de menores de edad en el mundo, y que produjo la película Sound of Freedom (Sonido de libertad, en español), financió la participación de al menos trece funcionarios de la Fiscalía, entre fiscales e investigadores, en un congreso en Cartagena.
La invitación les llegó el primero de marzo de 2022, firmada por Carlos M. Maza, director regional de operaciones en América Latina de Operation Underground Railroad (Operación Ferrocarril Subterráneo, en español). Los invitados de honor del evento, según el documento, eran investigadores y fiscales de América Latina «cuyo enfoque principal es la investigación de trata de personas, explotación sexual y crimen cibernético en contra de menores». También fueron convidados representantes de agencias federales estadounidenses y de empresas privadas.
El congreso se llevó a cabo en el Hotel Hilton de Cartagena entre el 4 y el 7 de abril de 2022 y todos los gastos estaban incluidos: pasajes aéreos de ida y vuelta a Cartagena, alojamiento en el hotel de cinco estrellas, desayuno y almuerzo durante el evento y la cena en el restaurante de preferencia de cada invitado, estipendio para cubrir gastos de taxi hacia y desde los aeropuertos, comidas fuera de la conferencia, el costo de las pruebas de covid-19 y hasta los gastos incidentales que generara el desplazamiento desde cualquier ciudad hacia Cartagena y posterior regreso a sus lugares de residencia.
El 4 de abril, el primer día del congreso, los funcionarios de la Fiscalía recibieron las remesas en el Carulla de Castillo Grande, en Supergiros y en la mesa de registros del evento en el Hotel Hilton. CasaMacondo les preguntó a todos por el monto que recibieron y por la prohibición de recibir dinero de organizaciones privadas. Al momento de esta publicación, solo seis han respondido. Cinco de ellos negaron haber recibido recursos de la oenegé y solo uno aceptó haber sido financiado para participar en el evento.
La Fiscalía lo niega
Las remesas que esta oenegé le entregó a los funcionarios no llegaron a través de contratos o convenios con el ente acusador. Sin embargo, en respuesta a un derecho de petición, el director de asuntos jurídicos del ente acusador, Carlos Alberto Saboyá González, se limitó a decir que, después de haber revisado el portal de contratación estatal (Secop), «no se evidenció suscripción de convenio, contrato, instrumento jurídico y/o no haber tenido relación jurídica directa ni oficial con la ONG denominada Operation Underground Railroad».
Saboyá incluso fue más allá y negó que la Fiscalía hubiera participado en el Congreso: «Si bien dicha ONG ha realizado invitaciones solicitando participación de funcionarios en eventos organizados por ellos, estos eventos no han sido atendidos por la entidad de manera favorable en consideración a la naturaleza privada de la ONG».
La anterior afirmación es falsa. A las pruebas documentales en poder de CasaMacondo se suma la confirmación de un fiscal que desmiente a Saboyá. El funcionario, quien pidió mantener la reserva de su identidad, dijo que sí asistió al congreso, en el que también participaron fiscales, policías y agregados policiales de Uruguay, Argentina, España, Chile, Perú, México y Guatemala, entre otros países.
Este fiscal, de hecho, aseguró que no existe ninguna prohibición que les impida recibir recursos de organizaciones privadas: «Está en el marco de una actividad de tipo académica que se hace a través de invitación […] Ha sucedido con otras entidades como universidades u otras ONG como Abogados sin fronteras Canadá, o entidades como OCN Interpol o gobiernos extranjeros». Este comentario contradice la afirmación de Saboyá de que los funcionarios de la Fiscalía no atendieron «en consideración a la naturaleza privada de la ONG».
Por su parte, la fiscal Aleyda Bernarda Consuegra Solórzano, quien se desempeña como Fiscal 35 del CAIVAS de Cartagena, se negó a responder las preguntas que CasaMacondo le hizo sobre su participación en el congreso. Argumentó: «Tenemos que, a través de correo electrónico, remitido al despacho, por fuera de sus horarios laborales, un ciudadano, carente de identificación, en calidad presunta de periodista, pretende que la suscrita suministre información personal y laboral, sin alegar causa u objeto razonable». Luego concluyó que se trata de «un asunto cuya respuesta resulta invasiva a mis derechos constitucionales de la privacidad y seguridad».
La oenegé y su polémico fundador
La oenegé Operation Underground Railroad fue fundada por Tim Ballard, un exagente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Su misión, dice la entidad, es combatir el tráfico de personas en el mundo apoyando a 363 entidades de varios países. A 237 de estas les proporcionaron «extracción de software digital».
En su sitio web, Operation Underground Railroad registra sin ningún sustento la captura de cuatro mil depredadores, el rescate de seis mil sobrevivientes y el apoyo en mil operaciones de la fuerza pública. Todo gracias a donaciones que recibe «para ayudar con presupuesto a las autoridades para que vayan a rescatar a las víctimas de trata, o con capacitación sobre trata y explotación sexual». Su razón de ser es una respuesta «a las peticiones de gobiernos internacionales para desarrollar inteligencia y asistir en los esfuerzos para llevar a cabo los rescates».
El apoyo también incluye la participación de miembros de esa organización en operaciones de rescate, según lo muestra la película Sound of Freedom, protagonizada por el actor y activista mexicano Eduardo Verástegui, quien aspiró a la presidencia de México pero solo consiguió el 14 % de las firmas que necesitaba para la candidatura.
En varias de esas operaciones, Tim Ballard acosó sexualmente a siete mujeres de la oenegé. Su modus operandi era bastante particular. Ballard, un aliado y exasesor del expresidente Donald Trump, les pedía a las mujeres actuar como «esposas» en misiones encubiertas en el extranjero destinadas, supuestamente, a rescatar a víctimas de tráfico sexual. La actuación no solo se limitaba a las apariciones en público, sino también en privado. Una investigación de Vice cuenta que él las obligaba a compartir cama y a ducharse juntos porque era necesario engañar a los traficantes. A una de las mujeres le envió una foto suya en ropa interior y le preguntó que hasta dónde estaba dispuesta a llegar para salvar a los niños.
Las denuncias de las siete mujeres terminaron con su salida de la organización el 22 de junio de 2023 y el anuncio de su posible candidatura para el Senado de Estados Unidos por el estado de Utah en las elecciones del 5 de noviembre de 2024. En un comunicado, el activista negó las acusaciones y alegó un ataque por cuenta de su trabajo en contra del tráfico infantil.
Una película cuestionada
Los escándalos del fundador de Operation Underground Railroad no son lo único que ha disminuido el prestigio de esta organización entre los sectores más conservadores y religiosos. En 2021, la oenegé fue acusada de engañar al público y a los donantes ante un fiscal de Utah, que en marzo de 2023 archivó la investigación después de dos años y medio.
«La Operación Ferrocarril Subterráneo lleva años haciendo grandes afirmaciones, a menudo indemostrables, sobre sus misiones paramilitares y su papel en el rescate de niños víctimas de trata. Ahora, una nueva película exitosa puede ayudar a solidificar el mito», resumió Vice en una investigación que deja al descubierto las cifras infladas y los testimonios tergiversados de esta oenegé, con los cuales recogen donaciones millonarias para luego hacer contribuciones triviales a las autoridades de otros países y atribuirse logros que no son suyos.
Uno de esos logros se refleja en la película Sound of Freedom. El filme, que se estrenó en el país en 2023, es la versión ficcionada de un operativo de octubre de 2014 en el que la Fiscalía colombiana, acompañada de agentes encubiertos de Estados Unidos, capturó en Cartagena a cinco personas vinculadas con el tráfico de menores, en una fiesta en la que se encontraban niños y niñas de entre trece y diecisiete años.
La villana de la película es Kelly Johana Suárez Moya, una exreina de belleza cartagenera, quien presuntamente traficaba menores de edad, acusación que Suárez negó después de haber estado dieciocho meses en prisión sin ser condenada. Ella asegura que fue invitada a una fiesta como la que aparece en la película, pero para tener sexo con uno de los invitados, y no porque estuviera traficando menores. Suárez presentó una demanda civil contra Tim Ballard y los productores de la película en Estados Unidos.
Las autoridades de ese país celebraron la operación que dio origen a la película Sound of Freedom como si fuera propia. En un comunicado publicado el 13 de octubre de 2014, varias entidades del Gobierno estadounidense anunciaron la captura de doce personas en Cartagena, Armenia y Medellín y el rescate de cincuenta y cinco víctimas de tráfico humano, «todos menores». Según la denuncia de Kelly Johana Suárez, Ballard y su grupo crearon la demanda de estos menores a través de páginas de Facebook. CasaMacondo contactó a demandante y demandado, pero no respondieron.
Todo parece un plan a diez años ejecutado a la perfección. En 2013, Ballard renunció al Departamento de Seguridad Nacional y de inmediato fundó Operation Underground Railroad. Un año más tarde acompañó, pero no de la manera espectacular que se muestra en la película, la operación de Cartagena. En 2015 empezó a escribir el libreto y en 2018 a grabar la película, que cinco años más tarde vio la luz en todo el mundo y recogió doscientos cincuenta millones de dólares en taquilla.
Nada mal para un movimiento que promueve, sin ningún sustento, la teoría de conspiración Qanon, según la cual las élites que gobiernan el mundo compran niños para abusarlos, asesinarlos y extraer de su sangre una sustancia llamada adrenocromo, una supuesta droga que usan para rejuvenecer y mantenerse sanos. Ese es el nivel de los socios de la Fiscalía General de Colombia.
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