La Corte Suprema de Justicia abrió investigación preliminar contra el senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático por concierto para delinquir, tráfico de influencias, cohecho y contrato sin requisitos legales. En el mismo expediente que remitió la Fiscalía a la Corte (por tratarse de aforados), reposa el nombre de otro senador: Juan Felipe Lemos Uribe, del Partido de la U.
CasaMacondo conoció algunas de las comunicaciones interceptadas a las marionetas de Mario Castaño. En dos de ellas, Juan Carlos Martínez, mano derecha del condenado exsenador y prófugo de la justicia, habla con el senador Lemos Uribe.
La primera conversación fue el 12 de abril de 2021. En esa llamada, Juan Carlos Martínez le solicita al senador Lemos que le envíe el nombre del estructurador de los proyectos de deporte de los municipios donde tenían influencia con el fin de «incluirlo en un grupo con el Ministerio del Deporte para aclarar dudas sobre el proyecto».
En la interpretación de la llamada, los analistas coinciden en que se trata del senador Lemos Uribe, quien «trabaja coordinadamente con el grupo del senador Mario Castaño para los proyectos deportivos en referencia [a la] construcción [de] canchas de fútbol».
La segunda llamada interceptada fue el 25 de mayo de 2021. En esta, Juan Carlos Martínez le dice al senador Lemos que hable con los funcionarios del municipio de Caicedo porque «no cumple con el predial y es el más quedado de todos, para que los apriete». Según los analistas, Martínez y Lemos hablaban de la construcción de una cancha en ese municipio.
Las Marionetas era una banda delincuencial liderada por el cacique liberal Mario Castaño, discípulo y alumno aventajado del expresidente César Gaviria Trujillo. El exsenador, lo mismo que un hábil titiritero, manejó los hilos de la contratación pública desde 2020 para —según la Fiscalía— robarse un botín de 112.000 millones de pesos torciendo contratos, cobrando coimas y desviando pagos, gracias a la intermediación de políticos corruptos de, por lo menos, diez departamentos. Castaño fue condenado el 15 de junio de 2023 por la Corte Suprema de Justicia a quince años y once meses de cárcel por diecinueve delitos, en resumen, de gestión pública abusiva y criminal.
Los primeros en caer fueron sus subalternos. El 4 de marzo de 2022, una orden de captura sorprendió a nueve fichas de su banda de marionetas, entre quienes se contaban miembros de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del congresista Castaño, así como otros funcionarios que eran sus enlaces en varios departamentos. Pronto quedó al descubierto el enorme y sofisticado tinglado de corrupción de Castaño: concejales, diputados, alcaldes, gobernadores, ministros, contratistas, colegas congresistas, todos funcionarios que juraron respetar y acatar la ley en beneficio de los intereses ciudadanos.
Una procuradora, un excontralor, un fiscal, el expresidente Duque y hasta la mamá de este, a quien conocían en la red criminal como la Madrina, aparecían mencionados en las 3.535 llamadas que la Fiscalía interceptó y que usó como prueba principal dentro del proceso judicial para desenmascarar a Marío Castaño, el titiritero mayor de la red de hampones. Las audiencias públicas de legalización de captura de los nueve primeros miembros de la red criminal desnudaban un modus operandi tan siniestro como desvergonzado.
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