El escándalo por la compra de cuarenta carrotanques para mitigar la falta de agua en La Guajira puso la lupa sobre el director y el subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD): Olmedo López y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez. Ambos funcionarios renunciaron por sobrecostos que superan los veinte mil millones de pesos, en un contrato cuya finalidad era mitigar la sed de las comunidades indígenas de ese departamento, el más árido del país. Ahora un antecedente acrecienta las dudas sobre la idoneidad de Pinilla Álvarez.
El subdirector para el manejo de desastres de la UNGRD fue alcalde, por el Partido Conservador, de Sabana de Torres, Santander, entre 2016 y 2019. El 31 de enero de 2018 fue denunciado por haber contaminado las fuentes hídricas de la finca La Palestina. Su propietario, Jairo Ospina Cano, acusó a la empresa de servicios públicos del municipio, Espusato, de depositar residuos sólidos contaminantes en su predio desde octubre de 2017.
Antes de iniciar las acciones legales, el propietario de la finca le solicitó a la empresa que detuviera su actividad criminal, pero la respuesta de Fabián René Mendoza Rodríguez, gerente de Espusato, lo dejó sin palabras: no iban a detenerse porque «contaban con la autorización del señor alcalde municipal de Sabana de Torres», Sneyder Augusto Pinilla Álvarez.
El nuevo basurero que autorizó el alcalde no solo afectó las fuentes hídricas de La Palestina. En el alegato ante la justicia, el afectado sostuvo que lo dejaron sin empleo, pues el basurero que dispuso Espusato le impidió trabajar sus tierras.
En el banquillo de los acusados, junto al alcalde y al gerente de la empresa de servicios públicos, se encuentra José Danilo Alzate Salazar, un hombre de setenta y cuatro años que dice ser dueño de parte de la finca y que aún no entiende por qué fue vinculado al proceso, según relató a CasaMacondo. Alzate explicó que el basurero es de casi dos hectáreas y que no afecta ninguna fuente hídrica. También negó haber dado permiso para que Espusato y los vecinos del sector echaran basura allí, como se lee en el escrito de acusación.
Las víctimas, según la Fiscalía, son «los recursos naturales, el medio ambiente y Jairo Ospina Cano», propietario de la finca. La investigación estableció que la responsabilidad penal debe recaer sobre el exalcalde Sneyder Pinilla, Fabián René Mendoza Rodríguez y José Danilo Alzate Salazar. De ser condenados, los tres enfrentarían una pena de prisión de entre cincuenta y cinco y ciento doce meses, y una multa de entre ciento cuarenta y ciento cincuenta mil salarios mínimos mensuales.
Por estos hechos, Pinilla, Mendoza y Alzate, aunque no aceptaron los cargos, fueron imputados el 12 de julio de 2021 ante el Juzgado Primero Penal Municipal de Garantías de Barrancabermeja, Santander. Ahora, el expediente reposa en el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de la misma ciudad, que ya los citó a audiencia de acusación el próximo 5 de agosto.
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