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Levantan censura contra CasaMacondo y ordenan rectificación a Jorge Enrique Ibáñez

La Corte Constitucional revocó las órdenes contra este medio de comunicación. Ahora el expresidente del alto tribunal deberá rectificar —en primera persona— las declaraciones sin fundamento que vulneraron los derechos de Yolanda Inés Robles Ramírez y de su hijo.
Por | Ilustración: Leo Parra
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La Sala Plena de la Corte Constitucional revocó por unanimidad las órdenes judiciales impuestas a CasaMacondo por sus publicaciones sobre Jorge Enrique Ibáñez Najar, expresidente del alto tribunal. Esas medidas fueron dictadas el 6 de febrero de 2026 —y notificadas el 9 de ese mes, Día del Periodista— por la jueza Catalina María Manrique Calderón, del Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Neiva, al resolver la impugnación de una acción de tutela.

En la Sentencia SU-367 de 2026, la Corte también ordenó a Ibáñez Najar rectificar sus declaraciones sin fundamento que vulneraron los derechos de Yolanda Inés Robles Ramírez, madre de su hijo primogénito, a quien acusó de haberlo drogado y abusado sexualmente, y los de ese hijo, Jorge Enrique Ibáñez Robles.

Por ahora se conoce la parte resolutiva, que la Corte divulgó en un flash informativo de la Sala Plena. Los fundamentos de la sentencia se harán públicos más adelante.

En esa parte resolutiva, la Corte confirmó parcialmente el amparo de los derechos a la honra, el buen nombre y la intimidad de Yolanda Inés Robles Ramírez, y a la honra y la intimidad de su hijo. También amparó el derecho de ella a una vida libre de violencias.

Así mismo, revocó las órdenes dirigidas a CasaMacondo: retirar contenidos, abstenerse de realizar publicaciones futuras y difundir una nota aclaratoria

En su flash informativo, la Corte también restituyó  la rectificación que el juzgado de primera instancia  había ordenado a Ibáñez Najar en su fallo del 11 de diciembre de 2025.  La rectificación del magistrado deberá ser propia y en primera persona, sin contextualización previa alguna. Ibáñez Najar tendrá que reconocer su responsabilidad directa por las manifestaciones sin fundamento que vulneraron los derechos de los accionantes. Tampoco podrá atribuir esas afectaciones a la publicación de CasaMacondo ni a sus periodistas —Juan Pablo Barrientos y José Alejandro Castaño—, cuestionar los métodos de reportería, ni incluir afirmaciones que afecten el carácter directo y específico de la rectificación.

El magistrado tiene tres días, contados desde la notificación de la sentencia, para entregar la rectificación al Juzgado Doce Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Neiva y a CasaMacondo. El medio deberá publicarla, dentro de los tres días siguientes a su recepción, en su portal y en sus redes sociales, con el mismo despliegue y la misma duración que ha tenido y, en adelante tendrá, el artículo «Presidente de la Corte Constitucional acusó a la madre de su primogénito de haberlo drogado y abusado», que hace parte del especial que CasaMacondo titula «Justicia huérfana: el hijo negado del presidente de la Corte Constitucional». 

El origen de esta controversia está en ese especial periodístico que CasaMacondo publicó entre agosto y octubre de 2025 y al que después sumó entregas sobre el proceso judicial. La investigación reconstruyó la historia de Jorge Enrique Ibáñez Robles, hijo primogénito del magistrado, cuya paternidad fue establecida judicialmente por sentencia del 18 de mayo de 2004, con base en una prueba genética de abril de 2003 que arrojó una probabilidad de parentesco superior al 99,99 %.

Esa investigación también documentó la desaparición física y digital del expediente de filiación del Juzgado Sexto de Familia de Ibagué y las actuaciones para localizarlo y reconstruirlo. En una entrevista con CasaMacondo, Ibáñez Najar atribuyó el origen de su hijo a un supuesto abuso sexual cometido por la madre, quien rechazó esas afirmaciones. Además de dar a conocer estas acusaciones, CasaMacondo publicó el testimonio del hijo, que relató la historia de su reconocimiento y las circunstancias en las que creció sin llevar el apellido de su padre, el abogado que llegó a presidir la Corte Constitucional.

Esas declaraciones dieron lugar a una acción de tutela instaurada por Jorge Enrique Ibáñez Robles, Yolanda Inés Robles Ramírez y otros accionantes. El Juzgado Doce Penal Municipal de Neiva amparó algunos de sus derechos fundamentales y ordenó una rectificación al magistrado. Inconforme con el fallo, Ibáñez Najar impugnó y, en segunda instancia, la jueza Manrique Calderón modificó parcialmente esa decisión: impuso las medidas contra CasaMacondo y cambió la rectificación por una exhortación a Ibáñez Najar. La Corte seleccionó el caso para revisión el 28 de mayo de 2026.

La controversia judicial también se extendió a los periodistas que investigaron el caso. En julio de 2026, Jorge Enrique Ibáñez Najar presentó una denuncia penal contra Juan Pablo Barrientos, José Alejandro Castaño y Camila Gómez, periodistas de CasaMacondo, en la que les atribuyó seis presuntos delitos, entre ellos injuria y calumnia agravados. El magistrado incorporó sus argumentos al expediente que estudiaba la Corte Constitucional. Esta denuncia penal constituye una actuación distinta de la tutela que acaba de resolver la Sala Plena y no fue objeto de decisión en la Sentencia SU-367 de 2026.

La Corte ordenó además a la Defensoría del Pueblo que, con el consentimiento de Yolanda Inés Robles Ramírez, la oriente para acceder, si lo desea, a las medidas previstas en las Leyes 294 de 1996 y 1257 de 2008, sobre violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres.

Finalmente, el alto tribunal exhortó a CasaMacondo y a los demás medios de comunicación a que, como buena práctica periodística, ofrezcan a las personas aludidas la oportunidad de pronunciarse antes de divulgar entrevistas con información sensible sobre su vida íntima,  para que expongan su versión y, si quieren, refuten a la fuente. En particular, pidió a CasaMacondo que, si Yolanda Inés Robles Ramírez y Jorge Enrique Ibáñez Robles se lo solicitan, les dé la oportunidad de exponer su versión de los hechos, principio de equidad informativa que CasaMacondo cumplió en este caso desde el primer momento y que honra en todas sus denuncias e investigaciones.

Con esta decisión quedan sin efecto las órdenes de retirar contenidos, abstenerse de nuevas publicaciones y difundir una nota aclaratoria contra CasaMacondo. La obligación de rectificar, en cambio, recae sobre Ibáñez Najar, autor de las declaraciones.

Nota del editor:
Te ofrecemos la nota periodística a la que la Corte Constitucional acaba de levantar la censura impuesta por una jueza el pasado 9 de febrero, justo el Día del Periodista en Colombia. Puedes leer la nota completa dando clic sobre este enlace.

Foto de CasaMacondo

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