Hace cinco años, el país conoció que 38 sacerdotes de la Arquidiócesis de Villavicencio habían sido denunciados por abusar sexualmente e inducir a la prostitución al mismo hombre desde sus catorce años. La historia llegó a los medios de comunicación más influyentes del mundo. Como respuesta, la Iglesia católica suspendió a los curas, dejó que bajara la marea y luego empezó a restituirlos uno a uno.
Su estrategia para silenciar el escándalo, contratando millonarias firmas de abogados, surtió efecto en la Fiscalía. El ente investigador se movió durante los primeros días e interrogó a la víctima, al arzobispo de Villavicencio y a las dos mujeres que destaparon el escándalo. Pero luego no hizo más: no llamó a ninguno de los curas denunciados por Pedro (nombre cambiado por seguridad), el sobreviviente de la banda delincuencial de sacerdotes, ni a una decena más que fueron acusados por otros sobrevivientes que se animaron a hablar tras haber escuchado a Pedro. Hoy Claudia Piedad González Muñoz, la fiscal encargada de los casos de abusos de menores, está buscando la prescripción del proceso
Las abogadas que desafiaron a la Iglesia
El 16 de marzo de 2020, diecinueve sacerdotes fueron formalmente denunciados ante la Fiscalía por la explotación y el abuso sexual de un mismo hombre. Los curas habían violado a esa persona desde que tenía catorce años. Ese 16 de marzo, tras verse imposibilitado para seguir encubriendo a los religiosos, Óscar Urbina Ortega, entonces arzobispo de Villavicencio y presidente de la Conferencia Episcopal, procedió a suspenderlos. Dos abogadas valientes impulsaron la decisión, tomada a regañadientes por Urbina. Ellas se enfrentaron a la poderosa institución y revelaron el escándalo de pederastia más grande en la historia reciente de Colombia y del continente.
Olga Cristancho y María del Socorro Martínez, dos abogadas de reconocida trayectoria habían sido invitadas en 2019 por el arzobispo Urbina para integrar la comisión diocesana encargada de prevenir abusos sexuales por parte de miembros del clero. Ante la creciente ola de denuncias de abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes por parte de sacerdotes, el papa Francisco había ordenado a todos los obispos la creación de estas comisiones.
En muchos casos, estas iniciativas se quedaron en meras formalidades, pues los prelados se aseguraban de nombrar a personas leales que no cuestionaran su autoridad. Urbina, incluso, había afirmado en las primeras reuniones de la comisión que en Villavicencio no existía ni un solo sacerdote denunciado por abusos sexuales. Es probable que Urbina pensara que podía manipular a Cristancho y Martínez, olvidando un detalle de la primera: ella fue la fiscal que logró la captura y judicialización de Luis Alfredo Garavito, el violador y asesino en serie de niños más peligroso de Colombia.
Al final, el arzobispo Urbina subestimó la integridad y el compromiso de Cristancho y Martínez, dos mujeres católicas practicantes, de misa y rosario diario. Ellas, sin buscar protagonismo, comenzaron a investigar, cuestionar y levantar la voz cuando era necesario. Fue así como conocieron el caso de Pedro, quien llegó a la curia buscando justicia, luego de haber sido desestimado y maltratado por Urbina y su vicario general, William Prieto Daza, actual obispo de San Vicente del Caguán.
Los reclamos airados de Pedro aquel día impactaron a los miembros de la comisión. Monseñor Urbina irrumpió en el salón donde estaban reunidos y le pidió a William Prieto que atendiera a Pedro, pero Cristancho y Martínez se le adelantaron y salieron a escucharlo. Un mes antes, Pedro ya había expuesto su caso ante el arzobispo y el vicario. En el proceso, lo habían revictimizado, acusándolo de buscar un beneficio económico con la denuncia contra los curas.
Después de pasar varias horas escuchando el relato de Pedro, Olga Cristancho le dio su veredicto al arzobispo: «Este hombre no está mintiendo, y usted tiene la obligación de suspender inmediatamente a estos sacerdotes». María del Socorro Martínez respaldó la postura de Olga, insistiendo en la responsabilidad de Urbina. Sin embargo, el arzobispo se resistió. Intentó minimizar el asunto y protegió a los abusadores, como había hecho en repetidas ocasiones desde que asumió el arzobispado en 2008.
Pero Cristancho y Martínez no se detuvieron. Contactaron a la directora de fiscalías del Meta y concertaron una cita. Allí relataron la historia de Pedro, lo que llevó a la Fiscalía a citarlo a declarar el 16 de marzo. En esa entrevista, Pedro contó que era huérfano, vivía prácticamente en la calle y que, a sus catorce años, conoció al padre Javier Guillén, quien lo invitó a su casa y le dio el primer par de zapatos nuevos que Pedro tuvo. Después de ganarse su confianza, el cura lo abusó sexualmente y, luego, se lo mandó a otro cura con un CD, una señal codificada, como una llave secreta para entregar a Pedro al siguiente abusador. Así pasó, llevando el casete o un CD, por las manos de treinta y ocho sacerdotes durante veinte años.
Obligado por la evidencia, el arzobispo Urbina suspendió a los curas ese mismo día. El prelado prefirió no informar a la feligresía de lo ocurrido. El público se enteró el viernes 3 de abril de 2020, en la víspera de la Semana Santa de ese año, por un informe que presenté en Caracol Radio. Once días más tarde, en una segunda entrega, revelé que no eran diecinueve sino 36 los sacerdotes involucrados en el escándalo. Al final fueron 38 los curas que abusaron sexualmente e indujeron a la prostitución a Pedro. Uno de ellos es un extranjero con cuyo nombre no hemos dado.
El manto del encubrimiento
A la negligencia de la justicia ordinaria para investigar y judicializar a estos sacerdotes se suma la protección de curas pederastas, algo en lo que la Iglesia católica es experta. Los dos grandes arquitectos de la estrategia para encubrir a esta banda criminal fueron el arzobispo Óscar Urbina Ortega y su vicario general William Prieto Daza. Mientras al primero el Vaticano le pidió la renuncia, en abril de 2022, al segundo lo ascendieron a obispo de San Vicente del Caguán, en 2024. Urbina Ortega, además, fue acusado de abusar sexualmente de un niño mientras lo confesaba. A Urbina lo reemplazó un digno sucesor: Misael Vaca Ramírez, quien ha seguido a rajatabla el manual de encubrimiento de abusadores sexuales de la Iglesia católica.
De los treinta y siete curas que abusaron o indujeron a la prostitución a Pedro, siete han muerto y uno está en estado vegetativo. Javier Guillén Urrego, el primer sacerdote que abusó sexualmente de Pedro, murió en 2019. Guillén, quien hizo parte de la vida de Pedro hasta su muerte, ya había sido denunciado en 2016 por otro caso de abuso sexual infantil. Su fallecimiento llevó a Pedro a tomar una decisión: enterrar junto a su primer abusador el miedo a contar la historia que vivió desde su infancia. Guillén fue el punto final de una historia que comenzó con él entre 1999 y 2000. El alfa y el omega. La muerte de este cura y la humillación de Luis Fernando Castrillón lo hicieron reflexionar sobre lo que había vivido. Habló con un sacerdote que decía ser su amigo y a las semanas denunció en la Arquidiócesis lo que le había pasado: «En 2019, determiné que no iba a seguir más con eso, iba a darle un vuelco a mi vida», me dijo.
La desgracia de Pedro apenas comenzaba. «Se los rotaban a todos», cuenta Pedro sobre la manera como operaba esta red de religiosos para intercambiarse adolescentes y jóvenes. «Ya después, con el tiempo, cuatro, cinco, seis meses, un año, se van cansando de ti y te van buscando excusas para sacarte». Guillén le pasó a Pedro a «Los Costeños», un grupo de sacerdotes conocido por sus orgías y excesos entre ellos y con jovencitos de la ciudad. Tras un año de abusos, Guillén lo cedió a Carlos Antonio Duque Tabares, fallecido en 2017, quien lo emborrachó y abusó de él, ofreciéndole a cambio dinero, una libra de arroz o una lata de atún. Aunque la comunidad cuestionaba las reuniones de jóvenes en las casas curales, Duque repartía mercados para silenciar las críticas de sus feligreses.
Pedro también fue víctima de Óscar Danilo Cardozo Ossa, otro sacerdote del combo de Los Costeños, quien aprovechó sus necesidades económicas para abusar sexualmente de él a cambio de dinero y mercados. Cardozo, descrito por Pedro como extravagante y ostentoso —con posesiones lujosas y un Peugeot gris para perseguir jóvenes—, ofrecía sumas modestas y víveres que Pedro usaba para pagar su habitación. Los encuentros, que incluían sexo oral, penetración y tríos con otros jóvenes, se mantuvieron hasta 2009, cuando Cardozo fue asesinado, presuntamente durante un robo, aunque algunos sacerdotes sospechan que su muerte estuvo ligada a las bacanales con menores en su casa cural.
A José Antonio Aya Hurtado, Pedro lo conoció cuando este era párroco de Nuestra Señora de Nazareth, en Villavicencio. Ordenado sacerdote en 1999, Aya vivía en un conjunto residencial y mantenía una relación con un joven que también fungía como su secretario. Pedro sostuvo encuentros con Aya en la casa cural y participó en tríos con él y su pareja en varias ocasiones. En 2009, el sacerdote fue trasladado a la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, donde continuó con los abusos. Pedro estuvo en contacto con él hasta su muerte en 2013. Poco antes de su fallecimiento, estuvo con Aya en un viaje a Melgar, en el que el sacerdote bebió en exceso.
Jhony Ramos Gómez, sacerdote ordenado en 2001 y del combo de Los Costeños, conoció a Pedro cuando era párroco de la Natividad del Señor, donde comenzaron sus encuentros sexuales a cambio de dinero y regalos. Según Pedro, Ramos tenía un comportamiento sexual obsesivo que incluía propuestas extremas como la doble penetración y el uso de vibradores. Fue trasladado a varias parroquias, donde causó descontento entre los feligreses por recibir jóvenes en la casa cural. En 2019, fue nombrado párroco de Jesús de la Misericordia, pero solo duró tres meses: fue asesinado el 2 de octubre, atado. Lo hallaron sin testículos y con fuertes golpes en la cabeza. Aunque las autoridades afirmaron que se trató de un robo, Pedro sugiere que su conducta sexual podría haber influido en su muerte.
De Jaime García Ávila, Pedro entregó pocos detalles. Fue cura durante siete años, primero como vicario parroquial de la catedral y párroco de San Francisco Javier entre 2004 y 2009. Falleció el 17 de septiembre de 2009. Tampoco se sabe mucho de León Alfonso Salazar Londoño, quien «no ejerce su ministerio sacerdotal por causas médicas» desde el 25 de abril de 2016 y está, según el archivo de la Arquidiócesis, en estado vegetativo.
Pedro ocultó el nombre de Carlos Alberto Ricardo Perdomo en sus denuncias iniciales debido a su amistad y apoyo, que incluían conseguirle trabajo y prometerle un lote. Perdomo, quien murió de covid-19 en diciembre de 2020, ocupó cargos clave como ecónomo y director de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Villavicencio. En esa posición, manejó recursos millonarios y encubrió su historial. Perdomo aprovechó su influencia en el Banco de Alimentos y la Fundación Caminos de Esperanza, que dispensaba asistencia a niños vulnerables, para mantener una doble vida: prestaba dinero a curas, se relacionaba con jóvenes y manipulaba a Pedro, instándolo a denunciar a los otros sacerdotes mientras lo mantenía informado de las minucias eclesiásticas para evitar ser expuesto.
Los abusadores vivos: regreso a la normalidad
Los sacerdotes que siguen vivos no sufrieron mayores consecuencias. Luis Carlos Escobar Muñoz abusó sexualmente de Pedro en 2003, el mismo año en que se ordenó sacerdote. Además, desde 2006, el cura ya enfrentaba una denuncia por pagar a menores por actos sexuales. A pesar de ello, como en todos los casos de esta arquidiócesis, el cura fue encubierto y siguió adelante con su trayectoria sacerdotal. Hoy en día, Escobar se encuentra en Roldanillo, Valle, su tierra natal.
Asimismo, Jesús Rafael Sierra González fue señalado por Pedro de obligarlo a mantener relaciones sexuales en cuatro ocasiones tras invitarlo a almorzar. Cabe destacar que Sierra ya se había salvado de un intento de linchamiento en el Hogar San Camilo por estafar a seis feligreses. En aquella ocasión, unas monjas los salvaron del ataque. Actualmente, Sierra se encuentra en Acacías, esperando que el arzobispo Misael Vaca le asigne una parroquia.
Por otro lado, Pedro relata que Luis Albeiro Tamayo Giraldo, sacerdote de la Diócesis de San José de Guaviare, lo abusó sexualmente en varias ocasiones y lugares, incluyendo casas curales en Villavicencio, Casanare y Bogotá. Según el testimonio de Pedro, Tamayo frecuentaba la casa del padre Carlos Duque para conocer jóvenes, con quienes mantenía relaciones en habitaciones de la casa cural, donde también se consumían drogas. Debido a esto, el sacerdote fue trasladado constantemente, algo que Pedro asocia con intentos de encubrir su comportamiento. Luego de ser suspendido en 2020 por el caso de Pedro, el obispo Nelson Jair Cardona lo nombró capellán en un ancianato.
De manera similar, Roberto Luis Ochoa Agudelo, también de la Diócesis de San José del Guaviare, contactaba a Pedro cada tres meses en Villavicencio. En estas ocasiones, le pagaba por relaciones y le pedía conseguir mujeres para tríos. Incluso le ofreció dinero si traía una virgen.
En otro caso, Pedro conoció al franciscano Juan Alberto Morantes Urbina en la parroquia El Divino Niño en Villavicencio, donde este ofició entre 2003 y 2011. Morantes, lejos del voto de pobreza de su comunidad, se ganó su confianza con regalos costosos, mercados y salidas, antes de iniciar una relación de abuso que duró unos cuatro años. Pedro lo recuerda comprando sildenafil para sus encuentros, una droga que ayuda con la erección, y frecuentando a más jóvenes a quienes presentaba a otros sacerdotes. Morantes, ordenado en 1986, trabajó en colegios y parroquias de varias ciudades hasta ser suspendido tras la denuncia de Pedro.
Además, Morantes Urbina presentó a Pedro al franciscano Jorge Luis Portilla Pantoja, su vicario parroquial, en la parroquia El Divino Niño. De acuerdo con el testimonio de la víctima ante la Fiscalía, tuvieron relaciones en cuatro ocasiones en la casa cural. Portilla, nacido en 1943 en Túquerres y ordenado en 1979, ha trabajado principalmente en colegios franciscanos y ha estado en diversas ciudades del país, como parte de la extensa presencia de su comunidad en parroquias y centros educativos.
Por su parte, Arnulfo Vega Rodríguez, sacerdote y ex juez promiscuo de El Retorno, Guaviare, fue condenado en 2019 a siete años de prisión domiciliaria por falsedad ideológica en documento público. Según Pedro, era un cura problemático y cercano al obispo Urbina, quien tenía una conducta abiertamente inapropiada con los jóvenes. Pedro lo conoció cuando Vega era párroco de El Manantial, donde la casa cural servía de punto de encuentro para sacerdotes y jóvenes. Sus relaciones sexuales continuaron hasta 2014, mientras Vega pasaba por diversas parroquias. Posteriormente, como juez, Vega le pagó a Pedro por visitas en hoteles de Guaviare y Villavicencio.
En cuanto a Édgar Antonio Bolaños Pérez, sacerdote del grupo Los Costeños, intentó forzar a Pedro a un acto sexual tras recibirlo en la parroquia de El Estero, con la señal acordada entre los victimarios: un CD con pornografía. La negativa de Pedro a someterse a sus agresiones provocó la furia de Bolaños, quien lo maltrató, lo humilló y lo amenazó con paramilitares si contaba lo sucedido. Ordenado en 1996, Bolaños pasó por varias parroquias hasta llegar en 2009 al Templete Eucarístico, el centro del poder eclesiástico en Villavicencio, bajo la protección del arzobispo Óscar Urbina. Pedro denunció que sus abusos eran conocidos en el clero y que, en el pasado, otro joven que denunció a Los Costeños fue asesinado.
Siguiendo con los miembros de Los Costeños, Rafael Julio Cárdenas Palencia fue presentado a Pedro por Bolaños y lo recibió en una habitación alquilada dentro de la casa cural para encuentros sexuales. Ordenado en 1999, pasó por varias parroquias en Villavicencio y Acacías, donde Pedro lo visitaba con frecuencia, hasta que el cura encontró a otro joven, supuestamente paramilitar, y lo desplazó. La acusación de Pedro no era la única: un documento de la Arquidiócesis de Villavicencio señala que, siendo párroco de Cristo Rey entre 2006 y 2013, Cárdenas abusó de un menor de edad.
Silvio Ignacio Pardo Beltrán, presentado a Pedro por Jhony Ramos bajo el pretexto de un trabajo de pintura, abusó sexualmente del joven desde su primer encuentro en 2018, aprovechando su posición clerical. Tras llevarlo a una casa vacía usando la excusa laboral, Pardo lo sometió a actos sexuales ofreciéndole dinero. El mismo patrón continuó en la parroquia Catumare, donde Pardo citaba a Pedro en secreto —incluso llegaron a tener sexo sobre el altar del templo, según Pedro; Pardo justificaba sus acciones con frases como «son imágenes de yeso no más»—. El sacerdote mantenía una relación coercitiva con Pedro, la cual incluía prácticas aberrantes con sus perros. Pardo, ordenado en 1982, acumuló denuncias desde 2002 por abusos a menores. A manera de ejemplo, un joven de diecisiete años lo acusó de pagarle por actos sexuales en la parroquia Corpus Christi.
En otro caso, Luis Fernando Castrillón Castrillón, ordenado sacerdote en 1996, ejerció como párroco en Hacaritama hasta 2006. Allí conoció a Pedro. Tras ser trasladado a parroquias más rentables, como San Isidro, en Guamal (2010-2020), acumuló riqueza —casas, carros, fincas, viajes internacionales— y manejó grandes sumas de dinero, parte de las cuales entregaba al arzobispo Óscar Urbina como «cuota» para mantener su posición privilegiada. Aunque vivía en medio de lujos, que incluían cavas de vinos y saunas, explotó a Pedro, a quien humilló llamándolo «trabajadora sexual» y acusó falsamente de robo tras negarle ayuda económica. La muerte de Javier Guillén, el primer abusador de Pedro, y la humillación de Castrillón, fueron los detonantes para que acusara a todos los curas. No obstante las denuncias, el arzobispo Misael Vaca nombró a Castrillón vicario parroquial de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, una de las parroquias más ricas de Villavicencio. Allí trabaja con Fernando Nieto, el vicario general de la Arquidiócesis.
Por su parte, Carlos Julio Beltrán Gutiérrez, pareja del padre Luis Fernando Castrillón, fue parte de la red de abusos en Villavicencio, en la que compartían a jóvenes como Pedro, quien fue ofrecido como «regalo» de cumpleaños de Beltrán en un hotel. Durante el evento, Beltrán, ebrio, intentó abusarlo sexualmente, pero Pedro lo rechazó y el sacerdote se disculpó.
Adicionalmente, Wilson Xavier Andrade Vera, sacerdote peruano ordenado en 1999 por la Arquidiócesis de Villavicencio, abusó de Pedro luego de que se lo presentara Luis Fernando Castrillón, con quien mantenía encuentros sexuales en la casa cural de Guamal a cambio de entre treinta mil y cuarenta mil pesos, un monto estandarizado entre los curas. En 2017, Andrade fue suspendido de la Iglesia por abusar sexualmente de un menor de edad.
En lo que respecta a Juan Rafael Alvira Quintero, se ordenó como sacerdote en 2008 luego de formarse como seminarista en la parroquia La Rochela, donde conoció a Pedro. Alvira ejerció como párroco en San Pedro y San Pablo, en Pompeya, entre 2009 y 2011. Allí abusó sexualmente de Pedro en la casa cural y en el campanario del templo, espacio que fetichizaba para sus encuentros sexuales.
En relación con Orlando Castro González, religioso montfortiano, ejerció en el Meta desde 2004. Inicialmente, estuvo en Acacías y luego en la parroquia San Benito de Villavicencio (2005-2014), donde conoció a Pedro. Bajo el pretexto de contratarlo para labores de aseo y permitirle usar su computador, Castro González abusó sexualmente de él en su habitación, compensándolo con ropa y mercados.
Asimismo, Ignacio Silva Córdoba conoció a Pedro y, rápidamente, bajo los efectos del alcohol, lo tocó de manera inapropiada y le realizó sexo oral cerca del hospital. Los encuentros continuaron en San Martín. Al igual que otros sacerdotes, le dio dinero a cambio sexo. A pesar de haber sido sancionado previamente por haber protagonizado unos videos sexuales, la Arquidiócesis lo protegió y nunca lo suspendió. El arzobispo Misael Vaca lo nombró recientemente en la parroquia San Carlos de Guaroa.
Por otro lado, José Germán Ortiz Castaño ejerció como vicario en Villavicencio hasta 2001, cuando fue nombrado párroco en Acacías. Allí enfrentó una denuncia por abuso sexual a un menor —desestimada por la Arquidiócesis, pero que motivó su traslado «castigatorio» a la parroquia rural Nuestra Señora de las Lajas en Pipiral—. Allí conoció a Pedro, con quien sostuvo encuentros sexuales semanales durante cuatro años, pagándole con mercados y obligándolo a esconderse cuando iba a llegar su pareja, un estudiante. Ortiz aprovechaba su cargo para vender las donaciones parroquiales y, pese a una nueva denuncia en 2016, presentada por el exseminarista Guillermo Godoy, permaneció trece años en Pipiral hasta 2020, cuando lo suspendieron por la denuncia de Pedro.
En contraste, José Ignacio Galeano fue expulsado de la Arquidiócesis, en 2014, a los cuarenta y siete años, por abusar sexualmente de un menor en la parroquia Santo Domingo Savio. Galeano fue ordenado en 1999 y ejerció en María Rosa Mística. Pedro lo conoció a sus veinte años y tuvo encuentros sexuales con él a cambio de dinero. Aunque la Arquidiócesis lo expulsó, nunca informó a la Fiscalía de lo ocurrido. Según Pedro, ahora practica brujería y usa brebajes en misas de sanación.
Jorge Augusto Báez Acosta abusó de Pedro desde 2006 —cuando era vicario en Nuestra Señora del Pilar— aprovechándose de que lo había contratado para trabajos de mantenimiento y forzándolo a participar en tríos y orgías en casas curales, que grababa para su satisfacción. Aunque la Arquidiócesis de Villavicencio afirma no tener más denuncias, un video sexual en el que aparecía teniendo relaciones sexuales con varios muchachos, uno de ellos un cantante, lo desmiente. Báez amenazó a Pedro para evitar su denuncia, ofreciéndole dinero y resaltando su vulnerabilidad económica. Lo continuó acechando incluso después de su suspensión en 2020.
Bajo otra modalidad, Fernando Rodríguez Lozano, con la fachada de ser un fisioterapeuta, contactó a Pedro en el club deportivo Los Gemelos del barrio Covisan. Los encuentros sexuales, disfrazados de sesiones de masajes, ocurrían en casas curales y en un cuarto alquilado equipado como spa (camillas, aceites, lociones), a cambio de dinero, mercados y regalos para los hijos de Pedro, quien actualmente tiene siete.
En un contexto diferente, José Guillermo Sánchez Martínez conoció a Pedro como capellán del hospital donde este se recuperaba de un atraco con heridas de arma blanca. Durante la convalecencia, Sánchez lo visitó diariamente y, al ser dado de alta, lo recogió en un campero blanco, donde lo tocó y lo besó en cuatro ocasiones, abusando de su posición de autoridad.
De forma similar, Alcides Ruiz Granada conoció a Pedro como vicario parroquial de la catedral de Villavicencio, ofreciéndole trabajo en una tienda de ropa a cambio de encuentros sexuales donde predominaban el morbo visual y los tocamientos. Tras ejercer en parroquias como Todos los Santos y Nuestra Señora de la Misericordia, fue acusado en 2005 de «acechar a muchachos y niños», pero la Arquidiócesis archivó la denuncia.
Prosiguiendo con otro caso, Cristóbal de Jesús Puertas Hernández abusó de Pedro y le pagó en dólares por sus actos sexuales. Previamente, durante su estadía en EE. UU. (2001-2005), abusó de un menor en Miami con complicidad de otro sacerdote llamado Rolando García, lo que derivó en una demanda millonaria y su expulsión. Aunque el arzobispo de Miami notificó al arzobispo Óscar Urbina de lo sucedido, este lo reintegró en Colombia como párroco en Nuestra Señora de la Paz (2005-2007), y luego en otras parroquias, ocultando su historial. Urbina mintió en documentos oficiales al afirmar que no existían más denuncias contra Puertas, pese a conocer el caso de Miami desde 2010.
Ahora bien, Wilson Alirio Sandoval Niño fue denunciado por Pedro por organizar orgías —una de ellas ocurrió en un motel de Villavicencio con militares y jóvenes— y abusar sexualmente de menores y adolescentes a cambio de mercados, utilizando casas curales. La trayectoria de Sandoval ha estado marcada por traslados constantes, que la Arquidiócesis de Villavicencio usó para encubrir múltiples denuncias en 2006, 2009, 2014 y 2015, todas por abusos sexuales de menores de edad. Lo insólito de este caso es que, a pesar de las cinco denuncias contra Sandoval, incluida la de Pedro, el arzobispo Misael Vaca Ramírez, quien reemplazó a Óscar Urbina, absolvió al cura en septiembre de 2023. Tan solo tres meses después, Sandoval abusó de otro menor en la parroquia del Divino Niño Jesús, ubicada en el municipio de Acacías, Meta.
En esta misma línea, Ricardo Eduardo Calderón Sánchez abusó de Pedro durante una confesión en la parroquia Nuestra Señora del Pilar (2011-2020), aprovechando su rol espiritual para tocar y besar al joven en el baño de la casa cural, ofreciéndole dinero y mercados a cambio de su silencio.
Pero hay más mercaderes de la fe. José Ramón Sánchez Londoño sometió a Pedro a encuentros sexuales en una casa alquilada, pagándole entre treinta mil y cuarenta mil pesos, mientras la empleada se ausentaba. Sánchez fue suspendido en 2019 por abusar sexualmente de un niño, pero alegó falsamente tener cáncer de garganta para justificar su retiro ante la feligresía.
A continuación, Pedro conoció a Óscar Yesid Mora Parrado cuando este era párroco de la Divina Providencia (2012-2015). Tras confesarle los abusos sufridos con otros sacerdotes, Mora se limitó a aconsejarle «creer en Dios», aunque posteriormente sostuvieron cuatro encuentros sexuales en hoteles y la casa cural. Tras la suspensión masiva de curas en Villavicencio se reveló que la Diócesis de Dallas, Texas, ordenó su retiro. Mora fue repatriado después de esto.
Hernando Tovar Olaya fue presentado a Pedro por otros curas como un «regalo de cumpleaños» durante su periodo como párroco de Reina de la Paz en el barrio La Vega (2009-2020). Estudió derecho canónico en Roma y, en 2020, siendo presidente del Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis, fue suspendido debido a la denuncia de Pedro, quien relató un único encuentro sexual.
Finalmente, Renzo Alberto Yepes Escobar fue incluido tardíamente en la denuncia de Pedro debido a su grave enfermedad renal. Este sacerdote, quien rotó en doce cargos eclesiásticos —incluyendo párroco, vicario y estudioso en Roma—, abusó de Pedro tras ser presentado como «regalo de cumpleaños» en la casa cural de El Templete (2014-2017), donde ejerció como vicario. Luego estuvo en otras dos parroquias, ofreciendo mercados y dinero a cambio de actos sexuales.
Una red extensa de pederastas
Cinco años después de que el escándalo sacudiera los cimientos católicos de Villavicencio, la herida sigue abierta. La red de abusos eclesiásticos, lejos de ser desmantelada, parece haber encontrado refugio en la impunidad y el olvido. Los arquitectos del encubrimiento, aquellos que debían proteger a los más vulnerables, siguen gozando de privilegios o han sido ascendidos, mientras que las víctimas luchan por ser escuchadas y obtener justicia.
La negligencia de la Fiscalía, sumada a la estrategia de silencio y protección de la Iglesia, ha creado un escenario donde la prescripción del caso se cierne como una amenaza, dejando a Pedro y a otros sobrevivientes sin respuestas ni reparación. Este no es solo un relato de abusos individuales, sino una acusación contra una institución que ha priorizado su propia imagen y poder sobre el bienestar de sus feligreses.
A los treinta y ocho sacerdotes que abusaron sexualmente a Pedro y lo indujeron a la prostitución, se añaden otros diecinueve religiosos acusados de abusar sexualmente de otros niños, niñas y adolescentes. La lista la encabeza Óscar Urbina Ortega, arzobispo emérito de Villavicencio, y continúa con los siguientes nombres, cuyas historias están disponibles aquí: Javier Augusto Arboleda Taborda, Édgar de Jesús Arias Giraldo, José Edermey Bernal Fajardo, Fausto Coronel Riveros, Víctor Rafael Correa Reapira, Jorge Abel Cueto, Yesid Dolores González Durán, Francisco José Jiménez Chica, Pedro Joaquín López Cortés, Hernando López Morales, Luis Antonio Martínez Bossa, Heriberto Mejía Castrillón, Luis Gildardo Morales Ruiz, Luis Miguel Orejuela Suárez, Flover Antonio Osorio Herrera, Wilson Hernando Rivera Layton, Jorge Enrique Rubio Parra y Juan Israel Salcedo Agudelo.
Villavicencio se ha convertido en un símbolo de la impunidad eclesiástica en Colombia, un recordatorio doloroso de que, a veces, la fe puede ser utilizada para encubrir los actos más oscuros. La pregunta sigue en el aire: ¿cuántos casos más como este permanecerán ocultos y cuántas víctimas más serán silenciadas antes de que se haga verdadera justicia?