El arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal, Luis José Rueda Aparicio (San Gil, 3 de marzo de 1962), será nombrado cardenal por el papa Francisco este 30 de septiembre. El título no solo ratifica su posición como el jerarca más poderoso de Colombia, sino que le da el derecho a ser parte del grupo que elegirá a quien reemplace al papa Francisco en el gobierno de la Iglesia católica, y, también, el de ser elegido. Sin embargo, detrás de su fama como defensor de derechos humanos y amigo de la paz se esconde una larga trayectoria como encubridor de sacerdotes denunciados por pederastia y abuso sexual.
En pocos años, su exitosa carrera en la Diócesis de Socorro y San Gil lo llevó de simple párroco de pueblo a hombre de confianza de tres obispos: Jorge Leonardo Gómez Serna, Ismael Rueda Sierra y Carlos Germán Mesa Ruiz. Como mano derecha de este último, investigó una denuncia de 2011 contra el entonces cura Sady Ferney Cárdenas Niño. Según el obispo Luis Augusto Campos, el caso fue archivado civil y eclesiásticamente, pero años después, Cárdenas fue expulsado del sacerdocio supuestamente «por causal distinta al abuso de menores». Desde entonces pasó a desempeñarse como docente en colegios públicos del departamento de Santander.
Rueda fue nombrado obispo de Montelíbano (Córdoba) en 2012 por el papa Benedicto XVI. Ese año conoció una denuncia por abuso de menores contra Junis Francisco Vellojín González. A pesar de que este cura sí fue hallado culpable por parte de la Iglesia católica y como consecuencia se le expulsó del sacerdocio, el hoy cardenal nunca notificó a la Fiscalía sobre la denuncia recibida, una omisión que repetiría en su ascenso por la jerarquía episcopal.
Nombrado arzobispo de Popayán en 2018 por el papa Francisco, Rueda ocultó información a las autoridades civiles de al menos tres personas que fueron expulsadas del sacerdocio en el departamento del Cauca por denuncias por pederastia que reposan en el archivo secreto que el nuevo cardenal administró hasta 2020: Pedro Pablo Hoyos, Roberth Benavides y Jorge Iván García Muñoz. Hoy en día, este último es miembro de la Iglesia Apostólica Guadalupana, que se presenta en su sitio web como «sí católica pero no romana». Es decir que sigue ejerciendo funciones religiosas, pero en conflicto con el Vaticano.
Fue en 2020 cuando Rueda llegó a la Arquidiócesis de Bogotá. Tras la muerte del entonces obispo de Soacha, José Daniel Falla, en mayo de 2021, el primado se desempeñó durante casi un año como administrador diocesano del municipio limítrofe con la capital. Es decir, que el gobierno de la jurisdicción eclesiástica dependía enteramente de él. En esos once meses era su responsabilidad remitir a la Fiscalía las denuncias contra varios sacerdotes, entre ellos Janer Andrey Castro Padilla, William Trujillo Gil, Ricardo Martínez González y Luis Carlos Sánchez Castaño, este último de la Diócesis de Jericó y absuelto por la Iglesia católica. Aunque en noviembre de 2021 ya reposaban en el archivo secreto de la Diócesis de Soacha dos denuncias contra Castro Padilla, Rueda solamente notificó a la Fiscalía sobre una de ellas. La otra denuncia y aquellas que comprometían a Trujillo, a Martínez y a Sánchez solo fueron notificadas al ente acusador por el actual obispo de Soacha, Juan Carlos Barreto, después de recibir un derecho de petición en el marco de nuestra investigación periodística.
En el último año hemos enviado más de ciento cincuenta derechos de petición a obispos y a superiores de comunidades religiosas de todo el país con el objetivo de establecer cuántos sacerdotes han sido denunciados ante autoridades clericales por delitos en contra de la formación, la integridad y la libertad sexual de niños, niñas y adolescentes; cómo ha reaccionado la jerarquía local de la Iglesia católica frente a las denuncias; en qué medida esas quejas han sido puestas en conocimiento de la Fiscalía para evitar la impunidad, y cuáles medidas se han tomado frente a los clérigos denunciados, a nivel interno, para proteger a niños, niñas y adolescentes.
La falta de respuestas a la mayoría de nuestras solicitudes de información nos obligó a interponer ciento veinte acciones de tutela, cuarenta y cinco de estas hoy están bajo revisión en la Corte Constitucional, cuyos magistrados podrían emitir una sentencia en las próximas semanas capaz de obligar a la Iglesia católica a contestar nuestros derechos de petición como lo establece la norma.
A pesar de que el cardenal Rueda ha declarado que los obispos colombianos tienen que asumir el problema de la pederastia clerical como han empezado a hacerlo obispos de otras partes del mundo, algunos de los cuales, incluso, han contratado investigaciones independientes para atender el problema, el comportamiento del arzobispo primado frente a las numerosas denuncias de las cuales tiene conocimiento contradice sus promesas de prevenir la repetición de delitos sexuales en la Iglesia católica colombiana y resta credibilidad al pedido de perdón que pronunció a inicios de este año en nombre de la Conferencia Episcopal.
Rueda no solamente se negó a contestar de manera completa nuestro derecho de petición, mintió al informar que únicamente son nueve los sacerdotes alguna vez vinculados con la arquidiócesis a su cargo denunciados por delitos sexuales contra menores de edad, a pesar de que en 2019 su antecesor, el cardenal Rubén Salazar, había manifestado que para entonces eran doce los casos de curas abusadores en Bogotá. Ninguna de las dos cifras corresponde con la realidad. En el archivo secreto de la principal jurisdicción eclesiástica de Colombia reposan muchas más denuncias de las que Rueda refiere, buena parte de las cuales no han sido puestas en conocimiento de la Fiscalía.
Los nueve casos mencionados por el cardenal Rueda en su respuesta incompleta a nuestro derecho de petición, con la aclaración de que fueron notificados a las autoridades civiles, corresponden a Héctor Manuel Quintero Galvis, Nelson William Montes Lizarazo, Héctor Jairo Orozco Gómez, Luis Eduardo Pabón Cardona, William Eduardo Alfonso Gómez, Rafael Gerardo Rojas Ríos, Wilfran Oyola, Jairo Salazar Gómez y Óscar David Coy Leal. Pero en poder del arzobispo de Bogotá hay información, al menos, sobre otros trece sacerdotes denunciados, cuyos casos inútilmente el cardenal Rueda pretendió ocultar de nuestra tarea periodística. Dichos datos tienen que ver con Fernando Piñeros Rocha, Efraín Rozo, Enrique Díaz Jiménez, Ancízar Martínez Blandón, Martiniano Lebaza, Johan Camilo Pachón, Albeyro de Jesús Vanegas, Daniel José Toro Patiño, Antonio Ricaurte Cañas Gil, Gustavo Eliécer García, David Solano Carpio, Gianfranco Testa y José de Jesús Amaya. Este último es el superior general del Instituto Misionero San Juan Eudes y actualmente ejerce el sacerdocio en jurisdicción de la Diócesis de Facatativá, protegido por el obispo Pedro Manuel Salamanca, antiguo colaborador de Rueda. La denuncia contra Amaya en poder de Rueda tampoco ha sido entregada por el cardenal a la Fiscalía.
Luis José Rueda contrató incluso a la firma de abogados D&G para defender el archivo secreto de la Arquidiócesis de Bogotá. Por falta de una respuesta completa no hemos podido establecer cuál fue el tratamiento eclesiástico de los demás casos ocultados por el cardenal; tampoco hemos podido confirmar si en su poder también hay información contra cinco sacerdotes que trabajaban para la Arquidiócesis de Bogotá cuando fueron denunciados ante otras instancias: Marco Fidel Murillo, Ramón Alfonso Salinas, Alberto Correa Ángel, Óscar de Jesús Gallego y Pedro Elías Pedraza (hoy párroco en Chile, a pesar de que reconoció haber abusado sexualmente de un niño). En un ardid de encubrimiento que roza con la burla, en vez de contestar todas las preguntas que le formulamos, el cardenal Rueda nos envió una caja con más de cincuenta kilogramos de papeles que en nada contribuyen a satisfacer nuestros interrogantes, pero sí dejan un testimonio de la indecencia y la poca altura del jerarca más importante del catolicismo colombiano.
«Lo has hecho bien y estoy encantado de tener un compañero en el episcopado que, a los ojos de la historia y de todos los obispos del mundo, habría preferido la cárcel antes que denunciar a su hijo sacerdote», escribió en 2001 el cardenal colombiano Darío Castrillón Hoyos al obispo de Bayeux-Lisieux (Francia), Pierre Pican, quien encubrió al sacerdote René Bissey, condenado a dieciocho años de cárcel por abusar sexualmente de al menos nueve niños. A pesar de los anuncios del papa Francisco sobre la política de «tolerancia cero» frente a los abusos en la Iglesia católica, la cultura institucional de encubrimiento sigue enraizada en el aparato religioso, prueba de ello son la actitud y la trayectoria del principal representante del catolicismo en Colombia.
Al inicio de su viaje a Roma para ser nombrado cardenal —ceremonia en la que estará presente la primera dama Verónica Alcocer—, el arzobispo Rueda se declaró «pecador consentido, amado y perdonado por el Señor». Este privilegio no lo exime de cumplir la ley. Lo grave es que, quien encabeza hoy en día una de las instituciones más poderosas del país, cree que está por encima de la Constitución.
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