La Fiscalía retiró su solicitud de nulidad y acusó formalmente al sacerdote benedictino Manuel Cely Silva por el presunto abuso sexual de un alumno de seis años del Colegio San Carlos, en Bogotá.
El escrito de acusación, el documento con el que la Fiscalía pide llevar a juicio a un procesado, tiene fecha del 8 de octubre de 2026. Lo firma Ivone Maritza Sorza Mora, fiscal 17 especializada de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes. La nueva fiscal del caso retiró la petición con la que el fiscal William Giovanny Ángel Moreno buscaba anular la imputación contra el religioso.
La Fiscalía acusa a Cely Silva como presunto autor, a título de dolo, de dos delitos: acceso carnal abusivo con menor de catorce años —cometido en varias ocasiones, según el escrito— y actos sexuales con menor de catorce años. Ambos cargos tienen el agravante que el Código Penal prevé para quien ejerce autoridad sobre la víctima o cuenta con su confianza. El sacerdote no aceptó los cargos cuando se los imputaron, el 11 de diciembre de 2024, y enfrenta el proceso en libertad.
Según el escrito, los hechos ocurrieron entre agosto de 2022 y agosto de 2023 en el monasterio benedictino contiguo al colegio. El documento describe a Cely Silva como monje, director del monasterio y capellán del San Carlos. Sostiene que condujo al niño «en diversas oportunidades» a dependencias privadas del monasterio durante el segundo descanso de la jornada, entre las 12:25 y la 1:25 de la tarde.
Allí, afirma la Fiscalía, el sacerdote se desnudó, desnudó al niño y cometió los actos que la ley penal define como acceso carnal y actos sexuales abusivos. El acusado, agrega, «conocía que con su actuar estaba vulnerando la libertad, integridad y formación sexual» del menor «y pese a ello, quiso hacerlo».
El Código Penal castiga el acceso carnal abusivo con menor de catorce años con prisión de doce a veinte años, y los actos sexuales con menor de catorce años, con nueve a trece. El agravante aumenta esas penas entre una tercera parte y la mitad.
De la nulidad a la acusación
La acusación llega después de que la propia Fiscalía pidiera deshacer la imputación. Ana Deyanira Parada Hernández, la fiscal que formuló los cargos, dejó el caso el 10 de marzo de 2025. La Fiscalía le informó a CasaMacondo que la funcionaria pidió su reubicación por razones personales graves.
Su reemplazo, William Giovanny Ángel Moreno, solicitó al Juzgado 65 Penal del Circuito anular la imputación, que calificó de «inflada» y «desproporcionada». Según La FM, el fiscal encontró fallas en la formulación de cargos y debilidad en las pruebas iniciales. Consultado en marzo por CasaMacondo, Ángel Moreno no quiso dar su versión.
La procuradora María Yazmín Cruz Mahecha se opuso a la nulidad. El juez Carlos Rafael Masmela Andrade anunció que se tomaría una decisión el pasado 18 de marzo de 2026, pero la audiencia se aplazó más de una vez. La última fecha fijada era el 8 de octubre, la misma que ahora lleva el escrito de acusación.
El 16 de marzo, dos días después de la publicación de CasaMacondo, La FM informó que la Fiscalía haría una revisión integral del proceso. La madre del niño había pedido el cambio de fiscal y una investigación penal y disciplinaria contra Ángel Moreno. El 26 de septiembre, CasaMacondo informó que la Fiscalía investiga al funcionario por esa actuación.
La Fiscalía relaciona más de ochenta elementos documentales y anuncia 32 testigos y tres peritos. Entre los elementos están las entrevistas forenses al niño, de septiembre de 2023, y dos dictámenes de Medicina Legal: uno clínico, del 12 de septiembre de 2023, y otro de afectación psicológica, del 7 de diciembre de ese año. También figura un reconocimiento fotográfico que el menor hizo el 10 de octubre de 2025.
El primer testigo de la lista es el rector del colegio, Juan Fernando Corral Strassmann. Según el escrito, él formuló la denuncia penal el 4 de septiembre de 2023. También figuran los padres del niño, docentes, una coordinadora y la orientadora escolar del San Carlos. La lista incluye a un psiquiatra del Hospital Universitario San Ignacio, investigadores del CTI, dos defensoras de familia del ICBF y otros dos menores de edad.
La Fiscalía anuncia, además, el testimonio del personal de servicios generales y administrativo que trabajó en el monasterio entre agosto de 2022 y agosto de 2023. Tres elementos siguen pendientes, según el propio escrito: el horario de clases del curso del niño en el año escolar 2022-2023, la relación del personal del monasterio en ese periodo y un peritaje psicológico sobre el testimonio.
La sanción al colegio, en el expediente
Entre los documentos figura la Resolución 093 del 21 de julio de 2026, con la que la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación de Bogotá sancionó al Colegio San Carlos. El escrito registra que una investigadora del CTI inspeccionó la Secretaría de Educación y la Arquidiócesis de Bogotá el 6 de octubre de 2026, dos días antes de la fecha de la acusación. La Fiscalía también allegó los certificados de existencia y representación legal del monasterio y del colegio.
La resolución, de 118 páginas, impuso al colegio una amonestación pública, el primero de los cuatro niveles de sanción del artículo 36 de la Ley 1620 de 2013. La Secretaría concluyó que el San Carlos aplicó de manera deficiente el protocolo de atención para casos de presunta violencia sexual. Según la entidad, el colegio no indagó cómo, cuándo y dónde habrían ocurrido los hechos, no remitió a la familia a apoyo psicosocial y no aportó pruebas de las medidas de prevención que anunció.
El documento identifica al colegio como propiedad del Monasterio Benedictino de Tibatí, «representado legalmente por el Reverendo Padre Manuel Cely Silva». El colegio ha afirmado que el sacerdote ya no ejerce ninguna función en la institución.
CasaMacondo reveló el caso el 18 de septiembre de 2023. Según la resolución de la Secretaría, los padres llevaron a la rectoría el informe de una psicóloga externa el 11 de agosto de ese año. La entidad no halló evidencia de que el colegio respondiera de manera sustancial a los correos con los que los padres alertaron, en abril de 2023, sobre comentarios del niño.
El colegio ha dicho que activó los protocolos y que desde el 15 de agosto de 2023 apartó a los monjes del contacto con los estudiantes.
La imputación llegó el 11 de diciembre de 2024, ante el Juzgado 130 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, sin solicitud de medida de aseguramiento. La acusación cobija los hechos contra un solo niño. En diciembre de 2024, la Fiscalía le confirmó a la revista Cambio que indagaba presuntos abusos del sacerdote contra otros dos estudiantes del colegio.
El escrito está dirigido a un juez penal del circuito, ante quien se hará la audiencia de formulación de acusación.
