El 8 de agosto de 2024, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) adjudicó noventa hectáreas en el municipio de Icononzo a una asociación de excombatientes. Entre sus veintitrés miembros inscritos como sujetos de la reforma agraria figuraba un senador en ejercicio.
Según consta en la resolución, la finca Cuba, ubicada en el departamento del Tolima, pasó a ser propiedad de la Asociación Multiactiva La Esperanza. Se trata de noventa hectáreas entregadas a título gratuito que el Estado había comprado meses atrás por 1.742 millones de pesos.
En el quinto lugar de la lista de beneficiarios aparece el nombre de Pablo Catatumbo Torres Victoria. Tan solo un mes antes de la entrega, la ANT lo había registrado en el censo estatal destinado a personas vulnerables y sin tierra. En aquel momento, Catatumbo se desempeñaba como senador de la República con una asignación mensual de cuarenta y ocho millones de pesos y ocupaba la vicepresidencia de la comisión del Senado encargada de legislar sobre la adjudicación de tierras. El exdirigente mantuvo su curul hasta julio de 2026, fecha en la que concluyó el periodo de los escaños reservados para el partido Comunes, tras el Acuerdo de Paz.
La adjudicación se efectuó bajo el programa especial para la reincorporación civil, figura que desde 2018 autoriza la entrega directa de predios a cooperativas y asociaciones. Sin embargo, el reglamento exige que todos los integrantes cumplan los requisitos previstos en el Decreto Ley 902 de 2017, la norma rectora del acceso a la tierra con posterioridad al Acuerdo.
El artículo 4 de dicho decreto fija las condiciones socioeconómicas para ser beneficiario de tierras a título gratuito. Tradicionalmente, la norma estipulaba que el aspirante no debía poseer un patrimonio neto superior a doscientos cincuenta salarios mínimos. Con la entrada en vigor del Plan Nacional de Desarrollo en 2023, el tope patrimonial se redujo a sesenta y cuatro millones de pesos, suma equivalente a poco menos de un mes y medio del salario que devengaba el legislador.
Pese a esta restricción, la Agencia Nacional de Tierras no verificó el patrimonio de Catatumbo, quien ya figuraba como propietario del cincuenta por ciento de un apartamento de 93 metros cuadrados en Bogotá, valorado en 274 millones de pesos y provisto de parqueadero. Un mes después de formalizarse la adjudicación de las tierras, el senador adquirió la fracción restante del inmueble.
Consultado por CasaMacondo, el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, se manifestó sorprendido por los hallazgos. El exfuncionario sostuvo que sectores del partido Comunes le «metieron un gol» con esta adjudicación y con otro procedimiento similar que benefició a un exrepresentante a la Cámara en el departamento del Cesar.
En una comunicación enviada formalmente a CasaMacondo, Harman admitió que el programa de tierras responde a los compromisos del Acuerdo de Paz y no a favorecimientos individuales. Según el exfuncionario, la evaluación de los postulantes se basó en el registro de sujetos de ordenamiento, que los títulos a asociaciones recaen sobre la persona jurídica y no sobre los integrantes en particular. Dijo, además, que la condición de excongresista no anula el derecho a la reincorporación ni a la asociación. Asimismo, aclaró que la Agencia para la Reincorporación determina la lista de potenciales beneficiarios y que las actuaciones administrativas parten de la presunción de buena fe de los solicitantes.
Posteriormente a la adjudicación del predio a favor de los veintitrés firmantes —la mayoría vinculados mediante contratos con la Unidad Nacional de Protección—, se destinaron recursos públicos para el proyecto. En enero de 2026, la Agencia de Desarrollo Rural entregó en Icononzo maquinaria valorada en 1.445 millones de pesos para la asociación, evento al cual asistió el senador Pablo Catatumbo a seis meses de culminar su periodo legislativo.
La finca Cuba quedó en manos de la Asociación Multiactiva La Esperanza, de la que hacía parte el congresista. La documentación consultada permite reconstruir el proceso de adjudicación, identificar a sus beneficiarios y establecer las decisiones administrativas que hicieron posible la entrega. También muestra que, después de la adjudicación, el Estado destinó otros recursos al proyecto productivo de la asociación.
Quedan, sin embargo, preguntas que los documentos no resuelven: ¿Qué verificó la Agencia Nacional de Tierras antes de incluirlo como beneficiario? ¿Cómo se justificó su inclusión en el programa mientras ejercía como senador? CasaMacondo contactó al exsenador Pablo Catatumbo, pero no respondió nuestros mensajes.
