Mientras ocupaba una de las curules otorgadas por el Acuerdo de Paz en la Cámara de Representantes, Germán José Gómez López recibió de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) una finca de 7,36 hectáreas a título gratuito en El Paso (Cesar). Así, el excongresista del partido Comunes se convirtió en el segundo legislador de esa colectividad beneficiado por el programa gubernamental de tierras para personas reincorporadas a la vida civil, sumándose al senador Pablo Catatumbo.
Juan Andrés de las Cabezas es una finca de 1.951 hectáreas que limita al occidente con el río Ariguaní. La ANT la compró por 17.509 millones de pesos. La escritura se firmó el 15 de marzo de 2024 en la Notaría 30 de Bogotá, y la compra se hizo para el programa especial de tierras destinado a personas reincorporadas a la vida civil. Casi tres meses antes, el 26 de diciembre de 2023, la Agencia ya le había entregado el predio provisionalmente a la Cooperativa Multiactiva de Paz del Cesar (Cooperpazce).
El 18 de julio de 2024, la representante legal de la cooperativa pidió cambiar la modalidad de entrega. Ya no pedía la finca a nombre de la organización, sino dividida en parcelas individuales «para 112 firmantes del Acuerdo de Paz»; solo las zonas de protección y las áreas comunes quedarían para Cooperpazce. En diciembre, la cooperativa envió a la ANT el resultado de un sorteo con la lista final de beneficiarios por parcela. Según ese listado, a Gómez le correspondió la parcela número 3.
Son 7,36 hectáreas: 7,22 aptas para producir y una franja de vía de paso. La ANT le asignó un valor de referencia de 66 millones de pesos y se la entregó por ese mismo valor, a título gratuito. La parcela no alcanza la Unidad Agrícola Familiar, que la Agencia calculó para ese predio entre 11,3 y 13,9 hectáreas. Por eso la resolución lo clasifica como beneficiario con tierra insuficiente y le deja abierta la opción de volver a los programas de tierras hasta completarla.
Antes de titular, la ANT lo inscribió en el Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO), la herramienta con la que identifica a los beneficiarios del Fondo de Tierras. Lo hizo el 28 de agosto de 2024, y la resolución toma esa inscripción como prueba suficiente: con ella, dice, «se confirma el cumplimiento de los requisitos del artículo 4º del Decreto Ley 902 de 2017». Ese artículo exige, entre otras condiciones, no tener un patrimonio neto superior a 250 salarios mínimos —unos 325 millones de pesos en 2024— y no ser dueño de otros predios, salvo los destinados exclusivamente a vivienda. En las trece páginas no aparecen ni la palabra «patrimonio» ni la condición de congresista del beneficiario.
Durante siete años, Gómez no podrá vender ni ceder la parcela sin autorización de la ANT. También está obligado a explotarla «directamente y/o con el trabajo de su familia», como ordena el artículo 8 del Decreto Ley 902.
La sombra de la finca Cuba
Casi cinco meses antes, la misma Dirección de Acceso a Tierras había firmado otra resolución bajo el mismo programa. El 8 de agosto de 2024 adjudicó la finca Cuba, 90 hectáreas en Icononzo (Tolima), a la Asociación Multiactiva La Esperanza. El Estado la había comprado por 1.742 millones de pesos y la entregó a título gratuito. En el quinto renglón de la lista de 23 asociados inscritos en el RESO aparece Pablo Catatumbo Torres Victoria, entonces senador de Comunes.
Esa finca no quedó a nombre de Catatumbo. El título salió para la asociación, como un solo predio. Pero la resolución hizo la cuenta por cabeza: dividió las 67,7 hectáreas útiles entre los 23 asociados y concluyó que a cada uno le correspondían 2,94, poco más de la mitad de una Unidad Agrícola Familiar. Como reveló CasaMacondo, Catatumbo era entonces vicepresidente de la Comisión Quinta del Senado, que tiene entre sus asuntos la adjudicación y recuperación de tierras.
La resolución de Cuba tampoco menciona el patrimonio de los beneficiarios. Un certificado de tradición muestra que Catatumbo compró en agosto de 2021, junto con otra persona, un apartamento en Bogotá por 274 millones de pesos. El certificado registra otro movimiento: el 23 de septiembre de 2024, 46 días después de la adjudicación de Cuba, Catatumbo compró la mitad que hasta entonces no era suya por 151 millones de pesos.
En la ruta de baldíos, una guía de procedimiento de la ANT prevé consultar a la DIAN para verificar el patrimonio del solicitante y a la Superintendencia de Notariado y Registro para saber si tiene otros predios. Ninguna de las dos resoluciones deja constancia de esas consultas. CasaMacondo no ha tenido acceso a los actos de inscripción en el RESO, donde podría estar ese análisis.
Juan Felipe Harman, que dirigió la ANT desde febrero de 2024, le explicó a CasaMacondo cómo pudieron pasar esos nombres. Según él, las reglas para los firmantes salieron de una mesa de negociación con Comunes que lideró su antecesor, Gerardo Vega, y quedaron en el Acuerdo 254 de 2023 del Consejo Directivo de la Agencia. Ese reglamento, según su versión, pedía que los beneficiarios estuvieran en el RESO, pero no tenía en cuenta su puntaje. «Una cosa es tener un RESO, que es como tener el Sisbén, y otra cosa es que yo le pida calificación A4 en el Sisbén», dijo.
Las listas, siguió, las armaban las organizaciones de firmantes, y la ANT las recibía «a prueba de confianza». Según Harman, los registros de los dos congresistas «aparecen incluso con un puntaje altísimo»; en la ruta campesina, explicó, un puntaje alto manda al solicitante al final de la fila. En la ruta de firmantes, no pesaba. «Ahí fue donde nos metieron el gol estos compañeros», dijo. ¿Quiénes? «Los de Comunes».
Ni las resoluciones ni los requisitos del Decreto 902 que la ANT enumera en su guía de procedimiento excluyen a quien ocupa un cargo público. Un documento de contexto enviado por Felipe Harman defiende esa lectura: los reincorporados que «ejercieron o ejercen como parlamentarios de Comunes» pueden integrar organizaciones de firmantes sin que esa condición «desvirtúe, por sí misma, su calidad de reincorporados». El mismo texto sostiene que en la modalidad asociativa la tierra se adjudica a la organización, «y no individualmente a sus integrantes». El caso de Gómez queda por fuera de esa defensa: a pedido de la cooperativa, la ANT cambió de modalidad y tituló las parcelas individualmente.
La Constitución prohíbe a los congresistas gestionar, en nombre propio o ajeno, asuntos ante entidades públicas, y la violación de ese régimen de incompatibilidades es causal de pérdida de investidura. La Ley 5.ª de 1992 abre una excepción: pueden adelantar las diligencias administrativas en las que tengan interés, siempre que sea «conforme a la ley y en igualdad de condiciones».
La ponencia que llevó esa regla a la Asamblea Constituyente advertía que el congresista que accede a lo que el Estado ofrece a cualquier ciudadano debe «respetar las prioridades que puedan corresponderle a terceros», según recoge la sentencia C-985 de 1999 de la Corte Constitucional.
El Consejo de Estado, a su vez, ha exigido que la gestión prohibida se pruebe con una conducta concreta del congresista y no con inferencias. En los dos expedientes, las solicitudes las firmaron los representantes legales de las organizaciones. No hemos podido establecer si Catatumbo o Gómez hicieron alguna gestión personal ante la ANT, ni si compitieron en igualdad de condiciones con el resto de los firmantes.
Las curules de ambos expiraron el 20 de julio de 2026, cuando terminó el periodo de los diez escaños que el Acuerdo de Paz le reservó a Comunes; Comunes no conservó esas curules en las elecciones de marzo. La ley da cinco años, contados desde el hecho, para demandar la pérdida de investidura, y el Consejo de Estado ha admitido ese juicio contra excongresistas. La ventana sigue abierta.
Las respuestas que faltan
Harman dijo que no conocía estas titulaciones hasta que CasaMacondo le preguntó por ellas. Calificó lo ocurrido como «una mala práctica de los dirigentes de Comunes» y admitió que la situación era «política y éticamente cuestionable», aunque sostuvo que el proceso «jurídicamente se ajustó». Atribuyó parte de la responsabilidad a Gerardo Vega, por la forma en que se diseñó el acuerdo de 2023, y a una subdirectora de información que, a su juicio, debió darle otro alcance.
De las 21.000 hectáreas entregadas a firmantes —13.000 ya formalizadas, según sus cifras—, dijo haber encontrado solo dos casos relacionados con congresistas de Comunes. El de Pablo Catatumbo y el del representante Gómez López.
Varios puntos de su relato no coinciden con los documentos. Harman dijo que los títulos salieron, «si no estoy mal», entre mayo y junio de 2024, y que el acuerdo de 2023 quedó derogado cuando él reestructuró el RESO, en agosto de ese año. La resolución de Cuba es del 8 de agosto. La de Gómez es del 29 de diciembre y todavía cita el Acuerdo 254 de 2023 como la norma que rige la selección.
Harman también dijo que la compra de Cuba no se hizo bajo su dirección; la escritura, según la propia resolución, se firmó semanas después de su llegada. Las entregas provisionales de ambas fincas, eso sí, son de diciembre de 2023 y enero de 2024, antes de que asumiera. Y su argumento central —que la tierra es de la cooperativa y no del congresista— no cubre a Gómez, que recibió su parcela a título individual.
El documento de contexto que envió Harman no habla de malas prácticas. Sostiene que las actuaciones se hicieron «dentro del programa especial previsto por la legislación vigente», con la documentación que aportaron las organizaciones, y pide que la discusión se dé «a partir de los expedientes».
Harman insistió en otra preocupación. Hay «una enorme cantidad de firmantes en una situación de riesgo», dijo, y teme que estos casos terminen por legitimar que el nuevo gobierno no les cumpla. Según él, a su gestión le faltó comprar tierra para trece antiguos espacios de reincorporación y atender a firmantes de Chocó y Putumayo.
En la ruta de los firmantes, según su propia descripción, bastaba con estar inscrito. Las listas «pasaban derecho».
