Noel Antonio Londoño Buitrago es un férreo defensor del medio ambiente en el municipio de Jericó, donde la AngloGold Ashanti ha querido extender sus campos de exploración aurífera. Tanta ha sido su guerra abierta con la multinacional sudafricana, que el periódico El Colombiano lo bautizó «el cura más rebelde del país». El jerarca aparece bajo ese titular en una fotografía en la que sostiene el lazo de su crucifijo de patriarca, una de las señales de la autoridad episcopal que representa. Pero el anticristo de las mineras extranjeras no es el de los sacerdotes pederastas y abusadores sexuales, a quienes ha protegido con mimo y dedicación.
El pasado 4 de junio, Londoño envió una carta a los sacerdotes de su diócesis para informarles que, después de once años como obispo de Jericó, el papa Francisco había aceptado su renuncia porque estaba próximo a cumplir setenta y cinco años, la edad de jubilación de los prelados. La renuncia del sacerdote, solicitada unos meses antes de ese límite, fue aceptada en el Vaticano de inmediato. Ambos hechos, tramitados con tanta celeridad, son inusuales.
La de Noel no es una carta de Navidad sino una confesión criminal. El obispo —haciendo referencia a la investigación periodística sobre los abusos sexuales a menores de edad que he desarrollado con Miguel Ángel Estupiñán— les dice a los sacerdotes bajo su custodia: «Ha habido algunos problemas jurídicos y económicos que hemos tratado de sortear. Pero abiertamente los he defendido a todos ustedes ante periodistas intrigantes y no he permitido que ninguno de sus nombres vaya a aparecer en alguna lista sospechosa».
Esa «lista sospechosa» es la que publicamos en el libro El archivo secreto, cuya fuente es ese expediente que custodian los obispos de todo el mundo sobre los sacerdotes denunciados por pederastia y abuso sexual. Hasta el momento, en nuestra investigación periodística solo hemos podido acceder al 13 % de los archivos secretos de las diócesis y comunidades religiosas de Colombia. Sin embargo, pese a ese porcentaje reducido, hemos descubierto 587 casos de sacerdotes denunciados en los últimos 20 años. Actualmente, la Corte Constitucional estudia 120 tutelas que interpusimos para acceder al 87 % restante de los archivos ocultos, amparados en el derecho a la información que sustenta nuestro oficio periodístico.
Justamente, Noel Antonio fue uno de los ciento veinte jerarcas colombianos que se negó a entregarnos el archivo secreto. En dos instancias, los juzgados promiscuos municipal y del circuito de Jericó le ordenaron responder nuestro derecho de petición, pero el prelado se negó a cumplir las órdenes judiciales, apelando a la autoridad de los cielos, un recurso del que alardea en su epístola de renuncia a los sacerdotes de su diócesis: «Será cada uno de nosotros los que enfrentemos un día —ojalá lejano— la justicia divina».
Un obispo encubridor
La vida episcopal de Londoño Buitrago ha estado marcada por la protección a sacerdotes pederastas. «Encubridor. No investigó nada», nos dijo el reconocido periodista peruano Pedro Salinas, refiriéndose al obispo, que en 2018 fue la autoridad designada por el Vaticano para intervenir el caso del Sodalicio de Vida Cristiana, un grupo religioso de origen peruano, de enorme poder económico e influencia política, en cuyas instalaciones y a manos de algunos de sus sacerdotes y fundadores, fueron abusados decenas de menores de edad.
En Colombia, Noel Antonio ha encubierto, al menos, a tres sacerdotes denunciados por violencia sexual infantil y registrados en el libro El archivo secreto. El primero es Óscar Fabio Correa Moncada, denunciado en enero de 2022 ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, señalado de inducir a la prostitución a niños del corregimiento Alfonso López, del municipio Ciudad Bolívar, en Antioquia.
En marzo de 2022, la Fiscalía abrió una investigación contra Correa por actos sexuales con menor de catorce años y, sin embargo, quince meses después, el 20 de junio de 2023, el obispo de Jericó nos dijo que no había recibido ningún reporte de la Fiscalía. «Ni de posibles víctimas, en caso que las hubiera», nos respondió, faltando a la verdad.
El segundo sacerdote amparado por «el cura más rebelde del país» es Luis Carlos Sánchez Castaño, denunciado en 2013 por abusos sexuales contra menores de edad en la Diócesis de Soacha, donde ejerce el sacerdocio. Un año más tarde, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, la oficina del Vaticano encargada de la protección de los curas pederastas, lo absolvió.
El caso de Sánchez es insigne, porque el obispo Londoño no fue el único que lo protegió. La denuncia en su contra no fue remitida a la Fiscalía por el obispo de Soacha de ese entonces, Daniel Caro, ni por su sucesor, José Daniel Falla. Tampoco la remitió el cardenal Luis José Rueda Aparicio, quien fue administrador diocesano entre 2021 y 2022. Solo la remitió el actual obispo, Juan Carlos Barreto, pero recién en febrero de 2023, justo después de recibir un derecho de petición de nuestra investigación periodística.
El tercer sacerdote amparado por monseñor Londoño Buitrago es León Darío Londoño Baena, capturado en Támesis, Antioquia, en 2011, por el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años, proceso que posteriormente archivó la Fiscalía de Amagá. El presunto abusador falleció en 2022, en pleno ejercicio de sus tareas sacerdotales en la Arquidiócesis de Manizales.
El problema de Panamá
La carta de renuncia que el obispo de Jericó les envió a los sacerdotes de su diócesis es muy reveladora. En ella, Noel Antonio le pide a su sucesor —que aún no ha sido nombrado— que «no pierda tiempo usando el espejo retrovisor» y que más bien mire el «vidrio panorámico del futuro». Y tras esa metáfora automotriz menciona a toda prisa y sin mayor detalle un problema en Panamá que «aún no se ha resuelto».
En CasaMacondo investigamos cuál era ese problema sin resolver y encontramos que se trata del sacerdote Jaime de Jesús Patiño Angulo, ordenado en la Diócesis de Jericó y suspendido de manera fulminante después de que Noel Londoño descubriera que el cura tenía una hija y una pareja estable desde hacía veintiocho años. Pero la historia es otra.
La condena sin apelación se oficializó el 3 de febrero de 2023, por un delito tipificado en el Código de Derecho Canónico: «el concubinato del clérigo, es decir, una relación estable con una mujer; y cualquier situación permanente». En su fallo a quemarropa, Noel Antonio sostiene que se enteró de los pecados de Jaime de Jesús Patiño a finales de 2022. Pero eso no es cierto: lo sabía desde agosto de 2013, cuando llegó a gobernar la Diócesis de Jericó. Y así se lo informó a José Domingo Ulloa, arzobispo de Panamá. Ambos prelados concluyeron que no había problema y que el sacerdote, padre y esposo, podía ejercer el sacerdocio en ese país.
Pero no solo Londoño sabía. Sus antecesores José Roberto López y Augusto Aristizábal aceptaron que, desde 1996, el padre Patiño tenía una relación con una mujer de veintisiete años, madre de una niña, cuando este se desempeñaba como rector del seminario. Lo que hicieron los obispos fue enviarlo a trabajar a Panamá en 1998, a una parroquia que estaba a cargo de la Diócesis de Jericó y en convenio con la Iglesia católica de ese país, para alejarlo del supuesto pecado que representaba esa relación consensuada con una mujer adulta.
La estrategia de alejamiento no surtió efecto y la pareja tuvo una hija en 2005. Desde su llegada a Panamá, Jaime de Jesús trabajó en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, de la que fue párroco desde 2001 hasta 2020, año en que Noel Antonio decidió que la Diócesis de Jericó no seguiría apoyando a la de Panamá.
El sacerdote, padre y esposo cayó en desgracia cuando le hizo un reclamo al obispo de Jericó. La Fundación para el Mutuo Auxilio Sacerdotal de la Conferencia Episcopal le había aprobado una pensión de invalidez por un salario mínimo en julio de 2022, cuando el cura fue diagnosticado con párkinson. De manera intempestiva, la Diócesis de Jericó le retuvo su asignación mensual para saldar una deuda de dieciocho millones de pesos que Patiño tenía con esa jurisdicción eclesiástica. Justo había sido el obispo Noel Antonio quien le ayudó al cura a conseguir la pensión con la Conferencia Episcopal para luego retenérsela. Al recriminarle ante la injusticia, el obispo lo suspendió ipso facto.
El sacerdote entonces interpuso una acción de tutela contra su jefe, quien alegó que los curas no tienen contrato laboral ni derecho a pensión y que por ende no le estaban vulnerando ninguna prerrogativa: «Todas las actividades que desarrolló fueron una extensión de su vocación espiritual y misional», dijo Londoño, apelando a la justicia divina.
Pero la justicia terrenal falló en su contra y, después de apelaciones, la jueza de segunda instancia le dio la razón al sacerdote. No solo confirmó el pago de su pensión, sino que también protegió su derecho al debido proceso y dejó sin efecto el decreto canónico con el que el obispo de Jericó había suspendido al cura el 3 de febrero de 2023.
Qué es más pecaminoso y digno de repudio: ¿un sacerdote con hijos y una relación marital consensuada o un grupo de sacerdotes pederastas y abusadores sexuales? El obispo Noel Antonio Londoño Buitrago, el terror de las multinacionales mineras en Jericó, lo dejó en claro a lo largo de su labor episcopal.
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