Tortugas taricayas (Podocnemis unifilis). Foto cortesía de Nelly Luna.
Es casi el mediodía y Samuel*, un indígena kukama de 55 años, ya debería estar recolectando tortugas en la Reserva Pacaya Samiria, una de las áreas protegidas más extensas y megadiversas de toda la Amazonía peruana.
Se le ha hecho tarde buscando combustible, víveres e intentando arreglar el único motor de la pequeña embarcación de la que depende su sustento.
<<De todas maneras hoy día tengo que ingresar>>, dice Samuel, ansioso. <<Ahí vamos a pasar nuestros alimentos, descansamos un rato, nos vamos otra vez al sembrío para el siguiente día tener envases de donde poder recolectar nuevamente>>.
Esta es la época más importante del año para personas como Samuel, trabajadores que cuidan y recolectan las tortugas taricayas —Podocnemis unifilis—, en la Reserva Pacaya Samiria al borde del río Marañón. Estas tortugas, con sus manchas amarillas en la cabecita, son grandes cazadoras y nadadoras, y se alimentan principalmente de frutas, hierbas acuáticas, insectos y peces pequeños. Permanecen gran parte de sus vidas en el agua y generalmente solo salen al momento de poner sus huevos en la vaciante natural del río. Son, también, una de las principales fuentes de sustento para las comunidades que viven en la reserva.
Entre junio y octubre, Samuel y sus compañeros transportan los huevos de taricayas a playas artificiales y los vigilan hasta que los huevos comienzan a eclosionar. Como remuneración por su trabajo, se les permite vender de un 40% a un 60% de las crías de taricayas. Localmente, se venden huevos o carne silvestre por su alto índice nutricional. En el exterior, se exportan en grandes cantidades como mascotas o alimentos, mayormente a mercados asiáticos.
Además, como parte de su aprovechamiento, los trabajadores como Samuel ayudan en el repoblamiento de las más delicadas tortugas charapas (Podocnemis expansa), que se encuentran en peligro crítico de extinción, a diferencia de las taricayas, hoy en estado vulnerable.
En los últimos treinta años, Perú ha presentado el manejo de la taricaya como un modelo de conservación que puede impulsar a las comunidades amazónicas y desincentivar el tráfico de fauna. En la mayoría de casos, por ejemplo, los propios cazadores ilegales de taricayas se han capacitado para formar grupos de manejo, y así asegurar la disponibilidad de la especie a largo plazo. Pero detrás de esa historia, las comunidades que cuidan los nidos enfrentan pagos inciertos, precios mínimos y otros impactos económicos en un mercado que parece estar saturado.
<<Se está haciendo un trabajo bondadoso, pero ¿a costa de qué? A un sacrificio de la gente pobre>>, dice Segundo Lomas, comunero de San Martín de Tipishca, un pueblo dentro de la reserva. <<Ellos solo sacan gastos, pero no cuentan el trabajo diario>>.
Al mismo tiempo, las taricayas siguen enfrentándose al tráfico ilegal. Algunos de los criaderos privados con permisos para exportar taricayas legalmente tienen inconsistencias que podrían facilitar el tráfico ilegal de fauna. Aunque no es la única modalidad, el caso más emblemático es el de los Depredadores del oriente, una banda criminal en Perú que utilizaba un zoocriadero y documentos falsos para blanquear el origen de los animales que estaban exportando.
Esperando los ingresos de un mercado saturado
Perú es el único país de la Amazonía que permite la comercialización de fauna silvestre viva, con la promesa de que esta sea de un uso sostenible. La venta tiene dos modalidades reguladas por el Estado: una por medio de grupos de manejo como el de Samuel, organizaciones comunales que operan como empresas en el cuidado y comercialización protegida de flora o fauna, y otra a través de los zoocriaderos, empresas privadas de crianza, reproducción y exportación de animales.
La Comunidad Nativa Leoncio Prado, donde vive Samuel, es un pueblo kukama de 495 personas ubicado a lo largo del río Marañón, en el distrito de Parinari, en Loreto. Su poblado comparte este río con el límite norte de la Reserva Natural Pacaya Samiria, la reserva natural de uso sostenible más grande del Perú. Con una superficie de 2,08 millones de hectáreas, la reserva se asemeja al tamaño de un país pequeño como El Salvador.
Sembrado de huevos de tortugas taricaya en la Reserva Pacaya Samiria. Foto cortesía de Isabel Murray.
Solo en el 2024 se liberaron 582.315 crías de taricaya y se comercializaron 539.559. Mientras el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) supervisa la conservación, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) autoriza la venta y exportación a nivel nacional.
Las taricayas desovan dos veces al año, mientras que la tortuga charapa solo una vez, y las dos especies comparten el mismo hábitat. La charapa, que se considera el quelonio más grande de la Amazonía, no se puede comercializar de manera masiva por seguir en peligro crítico de extinción. Su repoblamiento es difícil porque alrededor del 30% de los huevos recolectados por personas como Samuel no resisten el transporte a playas artificiales, según el Sernanp. Los trabajadores pueden comercializar los huevos no viables como recompensa por su labor. Esto, con la intención de controlar el mercado ilegal de los huevos de charapa en las ciudades amazónicas. De acuerdo con el ente estatal, en 2024, se liberaron 334.518 de estas crías en el Pacaya Samiria.
Gracias, en parte, a la resistencia de los huevos de taricaya en comparación con los de charapa, este programa se ha replicado exitosamente en otras zonas del país. Sin embargo, varios miembros de los grupos de manejo y comuneros de las zonas de extracción aseguraron a OjoPúblico que el sistema de protección de la especie ha llevado a que, quienes la extraen queden a la merced de un mercado internacional cada vez más desigual y copado.
Los miembros del grupo de manejo ganan en promedio S/3 (USD 0,89) por taricaya, pero, considerando sus gastos, las ganancias son de S/2. Este ingreso se reparte entre el grupo, que incluye desde ocho hasta 12 o más comuneros. Cada grupo de manejo tiene permiso para vender un número fijo de crías en playas específicas. En el caso de Samuel, su grupo vende 45.000 tortugas por temporada. Los miembros ganan cerca de S/12.000 al año (unos USD 3.450), menos de los casi USD 3.800 que representa el salario mínimo anual en el Perú. Entre tanto, algunos sitios web de venta de taricayas consultados por OjoPúblico muestran que, en el mercado mundial, una sola taricaya se puede vender por más de USD 245,00.
Aún más grave es que varios miembros de los grupos de manejo dicen que no les han pagado ventas desde el año pasado y que sus compradores les han indicado que ya no les comprarán a futuro porque «el mercado está saturado» de taricayas.
La exportación de taricayas a través de los zoocriaderos también genera poca confianza, de acuerdo con expertos consultados por OjoPúblico. A más de 100 km de las comunidades de Samuel y de Segundo Lomas, en la carretera de Iquitos a Nauta, se encuentran muchos de los zoocriaderos que, eventualmente, exportan taricayas. En teoría, la crianza en un ambiente aislado y adecuado para la especie ayuda a generar ingresos para los dueños, sin que se intervengan las poblaciones de taricayas en su medio natural.
OjoPúblico revisó siete proyectos de zoocriaderos presentados desde 2020 al gobierno regional de Loreto que revelan el poco rigor en los documentos presentados por estas empresas. Por ejemplo, algunos de los planes no especifican las cantidades iniciales de fauna que cuidarán o, en el caso de otros reptiles como las serpientes, afirman que podrán almacenarlas en tapers de plástico.
Salvando la taricaya
Tortugas taricayas. Foto cortesía de Nelly Luna.
Para una especie que fue muy escasa en los años ochenta y noventa, estas tortugas, de aproximadamente 44 cm de largo, han tenido una relativa recuperación y siguen siendo una importante fuente alimentaria para las poblaciones locales.
Además de la comercialización local de los huevos, los depredadores naturales más importantes de las crías de taricayas son la iguana negra (Tupinambis teguixin) y aves como los shihuango (Milvago chimachima) y los gallinazos.
Según los comuneros de la zona, cada taricaya puede dejar un promedio de 35 a 45 huevos por nido. Para poner los huevos, cavan nidos con sus patas traseras y los vuelven a tapar, aprovechando que se forman playas por la falta de lluvias. Este año algunos de los trabajadores de taricaya dicen que la temporada ha tardado en llegar, debido a que las lluvias en la selva han sido más intensas de lo normal.
Muchos grupos de manejo llevan varias décadas haciendo este trabajo como único sustento económico. Las comunidades aún recuerdan la llegada del biólogo finlandés Pekka Soini Nordberg, quien ayudó a capacitarlos a comienzos de los noventa. La conservación de taricaya y de la charapa se remonta a la década del setenta con investigaciones sobre posibles acciones de repoblamiento.
Las percepciones locales y oficiales se enfocan en que la recuperación de las taricayas es evidente y extraordinaria, pero los estudios son escasos y, dadas las dificultades para hacer censos, en su mayoría solo revelan cifras estimadas.
Un conteo de taricayas, entre 2018 y 2020, sugiere que el estado de conservación de la especie es de regular a buena, pero que varía por zona dependiendo de su explotación. Oficialmente la Podocnemis unifilis está categorizada como en situación vulnerable en el Libro Rojo de la Fauna Silvestre Amenazada del Perú, publicado en el 2018. También está en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites). Esto significa que, para comercializarlas, los países exportadores deben asegurar, por medio de estudios, que las poblaciones se pueden mantener sin que la especie esté en riesgo.
Rosario del Águila Chávez, bióloga del Instituto del Bien Común, llegó a Pacaya Samiria en 1996 y allí trabajó durante 15 años. Ayudó a liderar la implementación comunal del proyecto de conservación de taricayas, que inició en 1994 en el sector Yanayacu-Pucate dentro de la reserva. Uno de los factores que rescata sobre el programa es que permitió formalizar a quienes antes trabajaban como cazadores en una fiebre desaforada por los huevos y crías de taricayas.
<<La gente inclusive ha abierto iniciativas comunales para vender huevos en los supermercados con etiquetas, como un producto de comercialización [formal]>>, dice.
Actualmente hay cuarenta grupos de manejo activos dedicados al manejo de la taricaya en la reserva, un total de 365 familias, según el jefe de la Reserva Nacional Pacaya Samiria Edson Del Águila Alván, del Sernanp. Todos los planes de manejo tienen una vigencia de cinco años.
En sus principios, la venta de crías de taricayas —también conocidas como “charitos”– creó una demanda importante y un incentivo claro para las empresas que comenzaron a ver en esa tortuga un mercado mundial.
<<Era tanto el requerimiento de las empresas que compraban, que había la oportunidad de los grupos de ponerle precio al producto, el precio justo>>, recuerda Rosario. <<Inclusive el comprador iba hasta la zona y recogía los recursos>>. En ese momento, se pagaban hasta S/10 (USD 2,96) por cría.
Para muchas de estas familias, el éxito de la conservación ha generado una dependencia económica en torno a un recurso que hoy se exporta mucho menos.
Según datos oficiales analizados por OjoPúblico, la exportación de taricayas desde Perú ha ido cayendo en los últimos años. En 2019, se exportaron taricayas por un valor de casi USD 2,1 millones en valor FOB (free on board, es decir, el valor comercial de la mercancía). En 2024, esa cifra fue de poco más de USD 530.000 y, en lo que va de 2025, no se ha llegado a USD 400.000. Los principales destinos siguen siendo Hong Kong, China y Taiwán. En total, desde 2019, Perú ha exportado más de 2,5 millones de ejemplares de taricayas.
Como otros en la zona, el grupo de Samuel contrata con la compañía MF Tropical Fish EIRL, de la empresaria Milagros Ferreyra, una de las principales compradoras de taricayas en la Amazonía peruana. Samuel dijo que la empresa le debe a su grupo las taricayas que les vendieron el año pasado y que, hasta el momento, han acumulado una deuda de S/ 7.000 (alrededor de USD 2.070). La explicación de la empresa, según Samuel, es que ha tenido dificultades al exportar el producto. Y aclara que, sin garantías de que les paguen lo adeudado, si este año tampoco logran vender las taricayas, la deuda podría ascender a los S/14.000 (USD 4.140).
<<Estamos esperando que nos llegue el ingreso para pagar solamente la deuda>>, dice Samuel. El proveedor, aclara, ya no les quiere seguir vendiendo gasolina ni víveres.
OjoPúblico contactó a Milagros Ferreyra Ahuanari, pero, al cierre de esta publicación no respondió.
El esfuerzo para salvar las taricayas y generar un ingreso es arduo. Tan pronto ocurre el desove en las playas naturales, los trabajadores transportan los huevos delicadamente en baldes llenos de arena. Pero, en ocasiones, no encuentran nada, pues compiten con cazadores ilegales.
Los grupos de manejo llevan los huevos a playas artificiales junto a puestos de control del Sernanp, donde se “siembran” nuevamente. Ahí no concluye su labor. Deben mantener un registro durante las tres fases del sembrío, contabilizando los huevos y las crías de taricayas, información que el Sernanp debe constatar posteriormente.
<<Nosotros trabajamos todito el día desde las nueve hasta las 10 de la noche>>, explica Samuel. Al final de la jornada, descansan en los puestos de control para continuar el trabajo al día siguiente, antes de regresar a la casa.
En ambos casos, dice el Sernanp, el conteo de huevos y crías se realiza <<de manera manual y directa>> por el personal de la reserva. Se vuelven a contar al momento que solicitan la emisión del Certificado de Procedencia —documento necesario para su comercialización—. En casos excepcionales se pueden realizar reconteos para revalidar la información y <<mantener un registro oficial exacto y trazable de cada etapa del aprovechamiento>>.
Los zoocriaderos
El trabajo de criar taricayas en los zoocriaderos es muy diferente al de las comunidades. Según la actual ley de fauna, existen requisitos mínimos para elaborar un proyecto de manejo para un zoocriadero. Para iniciar o ampliar sus actividades, la persona o empresa que decida criar y comercializar animales en cautiverio debe presentar un plan de manejo a la gerencia de fauna de la región donde tendrá sus operaciones. En el trámite participan funcionarios que aprueban u observan el documento, respaldado por un regente elegido por el interesado.
Incluir información científica y detallada que respalde los datos es solo a discreción de quien elabora el documento, porque en el reglamento de la norma no existe la obligación de hacerlo. Tampoco hay una exigencia sobre la duración para ejecutar un plan de manejo —puede plantearse una propuesta que considere un proyecto de tres, cinco o más años—.
Los zoocriaderos tampoco tienen la obligación de especificar de dónde vendrá la primera generación de animales que luego reproducirá. En expedientes revisados por OjoPúblico —y a diferencia de lo que ocurre en el caso de los grupos de manejo—, solo hay menciones de que podrán ser adquiridos de otros zoocriaderos, centros de rescate o <<del estado natural>>. No se detalla desde dónde traerán a los parentales.
Sobre esta falta de obligatoriedad de los datos consignados en los planes, la bióloga y docente de la Universidad Científica del Sur, Nancy Carlos Erazo, explica que la información de respaldo es <<vital>>, porque de ello depende la manera cómo se va a cuidar a los diferentes especímenes. También asegura que hay especificaciones que no deberían pasar por alto, como la edad o el sexo de los individuos.
<<No es lo mismo capturar una hembra en una época determinada [de su vida]. Va a depender de su biología y para eso debe haber un sustento científico que hable de los tiempos de captura y el perfil de los individuos que vas a tener>>, explica.
Reserva Pacaya Samiria, en la Amazonía peruana. Foto cortesía de Isabel Murray.
Inconsistencias en los planes de manejo
En el listado revisado también aparecen dos planes presentados por Milagros y su hermana Lita Ferreyra Ahuanari, empresarias cuyas firmas concentraron, entre 2014 y 2023, el 53,3% de todas las salidas de animales del Perú. Sus compañías, con sede en Loreto, exportaron tortugas, camaleones, iguanas y lagartijas hacia Hong Kong, China, Taiwán y otros países.
Lita Ferreyra Ahuanari, como representante de Ferreyra Fishes & Turtles EIRL, recibió en mayo de 2023 la aprobación para ampliar su zoocriadero Fundo Gaviota. En este lugar, con un área declarada de 19.000 metros cuadrados, la empresa señaló que tendría un crecimiento anual de 40.000 tortugas taricayas.
A pesar de la cantidad estimada, en el documento no se incluye un respaldo científico o de otro tipo para saber cómo llegaron al monto indicado. En su plan de manejo, Ferreyra Fishes & Turtles tampoco especifica de cuáles “centros de crías autorizados” vendrán los ejemplares iniciales. Tampoco se menciona el negocio de comercialización de animales que han tenido las hermanas desde hace casi una década.
Por su parte, Milagros Ferreyra Ahuanari —quien es objeto de una investigación de las autoridades tributarias por presunto lavado de dinero—, obtuvo en julio de 2025 el permiso para ampliar el zoocriadero de su empresa Reptilians Turtles y Tropical Fish EIRL. La autorización, emitida por el gobierno regional, es para el manejo de Crocodilurus amazonicus, una especie de lagartija semiacuática, con presencia en distintos países de Sudamérica e incluido en la lista de Cites.
En su plan, Reptilian Turtles y Tropical Fish señala que tendrán una población inicial del reptil de 60 hembras y 20 machos con un valor unitario de USD 50. Asimismo, sin incluir mayores detalles, se establece que habrá 300 crías cada año. En el documento aprobado tampoco se indica el lugar específico donde obtendrán los ejemplares iniciales y solo mencionan que <<procederán de autorizaciones del sector>>.
Los pocos datos de esta propuesta también fueron advertidos en un informe de asesoramiento elaborado por el Ministerio del Ambiente, autoridad científica Cites. <<La solicitud no detalla las zonas para la eventual colecta del medio silvestre>>, señala el documento donde también se precisa que no se han podido analizar <<las proyecciones poblacionales de manejo>>, debido a que no se tenía información de la especie y su <<manejo ex situ>> o en cautiverio.
Otros intentos previos de OjoPúblico para contactar con las hermanas Ferreyra Ahuanari tampoco fueron exitosos.
Un análisis de OjoPúblico de las intervenciones por Serfor, desde 2009, encontró que la taricaya es la tercera especie viva más traficada del Perú con un total de 7.575 tortugas incautadas en ese periodo, por detrás de las abejas (Apis mellifera), el perico de ala amarilla (Brotogeris versicolurus) y ranas dentro del género Telmatobius, entre las que se encuentra la rana gigante del Titicaca. Ese total no incluye huevos ni partes de la tortuga.
Desigualdades e incertidumbres en la protección
A pesar del éxito del programa de repoblamiento de taricayas, algunos expertos consultados por OjoPúblico han expresado dudas sobre el repoblamiento masivo y la liberación de estas tortugas en zonas donde no son endémicas o donde pueden afectar la reproducción de otras especies. Existe poca evidencia para saber, por ejemplo, si la liberación estaría colmando el hábitat para la tortuga charapa.
Según Edson Del Águila Alván, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) está actualmente realizando estudios sobre la variabilidad genética de la taricaya para ver los efectos a largo plazo del programa, después de décadas de su repoblamiento.
Enrique Michaud, quien hasta mayo 2024 estuvo a cargo de la Dirección de Gestión Sostenible de Fauna Silvestre del Serfor, dijo a OjoPúblico que, durante su mandato, los permisos de exportación de taricayas que se firmaban eran para cantidades tan voluminosas que era difícil comprender el ingreso que significaba para las comunidades indígenas que las extraían.
<<La verdad es que me daba hasta pena firmar esos permisos Cites, que cada permiso salían 20.000, 30.000 tortugas […] Y cada uno de esos permisos, a la comunidad le llegaban 20 centavos de dólar por cada tortuga. Era ridículo, yo decía, ¿pero cómo le vas a estar pagando eso de verdad por un recurso tan valioso?>>, dice.
Rider Yuyarima Aquituari, junto con su grupo de manejo Los Manatís en la comunidad San Martín de Tipishca, sacó unas 24.000 taricayas en 2024. Sin embargo, dice que ya les ha avisado la empresa con la que contratan que no les comprarán taricayas para esta próxima temporada.
Cuando la empresa les paga, el monto es suficiente para cubrir sus gastos de ese año, pero no sobra nada para cubrir víveres y gasolinas de la temporada siguiente, de acuerdo con Rider. Para solventarse, los otros 12 miembros de su grupo cazan majaz (Cuniculus paca), huangana (Tayassu pecari) y pescan.
<<Nos liquidan y eso se divide y cada cual ya asume su responsabilidad. Pero ya no queda nada para emprender el nuevo año>>, dice Rider. <<No es compensable, se ve el monto total cuando de repente la empresa deposita a la organización… No resulta porque somos cantidad>>.
El Sernanp dijo a OjoPúblico que está al tanto de estas preocupaciones en el mercado de venta de las taricayas. Citaron varias iniciativas comerciales, como la creación de empresas locales conformadas por grupos de manejo como Pacaya S.A. y ECOMATSA, para impulsar la venta directa de la taricaya y sus derivados. También dicen estar buscando alternativas de otros recursos naturales que se puedan aprovechar para diversificar las actividades económicas.
Samuel dice que varios comuneros que antes se dedicaban a la extracción de taricayas en su comunidad han migrado a las ciudades amazónicas como Nauta o Iquitos, porque no pueden sostenerse económicamente. Dice estar preocupado porque la función de los trabajadores es también vigilar y proteger a las taricayas.
<<A veces no entramos dos, tres días y la gente [los cazadores ilegales] ya está ahí… no sé cómo: nomás deben saber que no estamos>>, dice Samuel. De acuerdo con Edson Del Águila Alván, <<existe siempre la posibilidad de que algunos miembros decidan dejar de realizar la actividad, como ocurre en cualquier proceso comunitario>>.
Por su parte, Michaud, el exfuncionario de Serfor, dice que otra preocupación en el comercio, tanto de los grupos de manejo como de los zoocriaderos, es el estado de las tortugas una vez se extraen para la exportación. <<No teníamos idea de qué es lo que estaba pasando —o qué es lo que está pasando— con esas tortugas una vez que llegan aquí [a Lima]>>, dice Michaud. <<Hay cosas que son no negociables y nuestros animales, nuestra fauna, todo el valor que tiene nuestra megadiversidad, eso es algo que no debemos negociar>>.
En el negocio de taricayas ocurre algo similar a lo que ocurre con la fibra de alpaca o de vicuña, explica Michaud. En cualquier bionegocio que esté relacionado con la megadiversidad, <<muy poca gente gana mucho a costa de muchas personas>>. Añade que <<el Estado tiene que jugar un rol más decisivo>> en el mercado del recurso.
Segundo Lomas, el comunero de San Martín de Tipishca, está impulsando que otras personas en su comunidad se dediquen a otros bionegocios, como la comercialización de la punga colorada (Pseudobombax munguba). La semilla de esta planta amazónica, dice Segundo, se pone al sol y crea una fibra que se puede utilizar para textiles con un valor agregado.
Este año, junto a la organización sin fines de lucro Amanatari, 20 personas de su comunidad han podido hacer la primera recolección del fruto para su comercialización. Calcula que de 50 frutos sale un kilo de fibra y han podido recolectar 140 kilos en esta primera temporada. Segundo dice que ganan S/90 kilo. La mayor parte de las integrantes de su grupo son mujeres.
<<Yo estoy orgulloso de que somos parte de la reserva y estamos orgullosos de colaborar con la reserva>>, dice, <<pero que sea compatible con el trabajo que hacemos>>.
Desde el interior de su casa, Samuel vigila por la ventana a sus vecinos que lo están ayudando a arreglar el motor de su embarcación.
Por una parte, reconoce la importancia de evaluar nuevas avenidas de ingreso. Están trabajando con el Ministerio de Producción para aprovechar, por ejemplo, el paiche (Arapaima gigas) en las cochas de la reserva, un pez gigante amazónico en grave riesgo de extinción. En el proceso de trabajar con el Estado, han podido catalogar 988 adultos y 488 juveniles en una sola cocha. Samuel dice que, de ser aprobado su plan de manejo, solo podrán aprovechar el 10%.
Pero por otra parte, sabe que de una forma u otra seguirá trabajando junto a su grupo de manejo de taricayas. Tras 15 años de volver una y otra vez a las mismas playas a recuperar los huevos durante la época seca, dice que las tortuguitas hembras parecen hasta reconocerlos.
<<A esta hora, todavía están poniendo [huevos]>>, dice. Antes no era así. <<Era a las tres de la mañana, cuatro de la mañana [cuando] no había nadie en las playas. Ahora, a la gente ya no les molesta. Por eso es que ellas están poniendo con tranquilidad prácticamente hasta la hora que ellos [los trabajadores] se retiran de la playa>>.
*Samuel es un seudónimo para proteger la identidad de la persona por temor a represalias.
Esta historia se realizó con el apoyo del Centro Pulitzer.
