La Fiscalía General de la Nación ordenó una inspección judicial en nuestra contra para examinar los documentos y comunicaciones que respaldan una investigación periodística de la que, de momento, no tenemos conocimiento. La orden de Policía Judicial fue expedida el pasado 28 de agosto y está firmada por Laura Milena Fuentes Cerquera, funcionaria de la Fiscalía 315 Local de Bogotá. La investigación penal se refiere a presuntas calumnias contra el abogado Francisco Bernarte, una persona a quien CasaMacondo no ha mencionado en ninguna de sus publicaciones.
Según su justificación, la diligencia busca establecer la veracidad de la información publicada y obtener correos recibidos, documentos de soporte, comunicaciones y fechas de recepción. Aunque la orden advierte que no se exigirá identificar fuentes protegidas, sí pretende acceder a materiales que forman parte de nuestro trabajo periodístico. El anonimato de fuentes protegidas no elimina el riesgo de que los documentos, correos y comunicaciones permitan establecer su identidad. La Fiscalía deberá explicar cómo concilia esta actuación con la protección constitucional de la reserva periodística.
La identidad de la funcionaria que suscribió la orden plantea interrogantes adicionales. Según su hoja de vida publicada en SIGEP, Fuentes Cerquera aparece como asistente fiscal II de la Fiscalía General de la Nación, cargo que ocupa desde el 28 de abril de 2016. Su vinculación está registrada en la Dirección Seccional Guainía-Vaupés, mientras que la orden contra CasaMacondo está expedida desde la Fiscalía 315 Local de Bogotá. La funcionaria es abogada y registra estudios de maestría en Derecho Internacional Humanitario, Derechos Humanos y Derecho Operacional, sin grado reportado.
La diferencia entre el cargo consignado en su hoja de vida y la autoridad con la que suscribe esta orden hace necesario establecer qué delegación o competencia tenía para impartirla.
Pero hay un asunto todavía más importante: la diligencia contradice la Directiva 003 del 20 de junio de 2023, expedida por el entonces fiscal general Francisco Barbosa. Esa disposición impartió instrucciones a los funcionarios de la Fiscalía para proteger el secreto profesional de los periodistas y abstenerse de ordenar allanamientos e inspecciones a medios de comunicación.
Esta nueva actuación ocurre, además, en un contexto de acoso judicial contra los periodistas de CasaMacondo. Uno de sus protagonistas es Jorge Enrique Ibáñez Najar, expresidente de la Corte Constitucional, quien denunció penalmente a tres periodistas de este medio —Juan Pablo Barrientos, José Alejandro Castaño y Camila Gómez— por seis presuntos delitos, entre ellos injuria y calumnia agravadas.
La denuncia fue presentada en julio de 2026 y el magistrado incorporó sus argumentos al expediente que estudia la Corte Constitucional. Ibáñez también está involucrado en la tutela que produjo la orden judicial de retirar una investigación periodística sobre su vida y prohibió nuevas publicaciones relacionadas con esos hechos.
La Sala Plena de la Corte Constitucional tenía previsto estudiar este lunes 9 de noviembre la tutela que obligó a CasaMacondo a retirar esa investigación. La discusión fue aplazada para el próximo miércoles o jueves. Ocho magistrados deberán decidir si mantienen o revocan la restricción, en un proceso que plantea interrogantes sobre los límites de la censura judicial y la libertad de prensa. El término para adoptar la decisión vence el 13 de noviembre.
Así, mientras la Corte Constitucional se dispone a pronunciarse sobre una orden judicial que sacó de circulación una investigación periodística, la Fiscalía abre un nuevo frente de actuación contra el mismo medio. Esta vez, una investigación penal por presunta calumnia se traduce en una orden para examinar los archivos y soportes documentales de CasaMacondo. Son actuaciones distintas, con autoridades, procedimientos y fundamentos diferentes, pero que se inscriben en un escenario de creciente presión judicial sobre el medio y sus periodistas.
CasaMacondo reclama el derecho a investigar y publicar asuntos de interés público sin que sus archivos se conviertan en objeto de indagaciones que expongan su trabajo y sus fuentes. La pregunta que ahora debe responder la Fiscalía es por qué ordenó esta inspección, qué publicación busca censurar y bajo qué facultades pretende hacerlo. Estamos atentos.
