Óscar Urbina Ortega —arzobispo de Villavicencio y entonces presidente de la Conferencia Episcopal— suspendió de un plumazo a diecinueve sacerdotes denunciados por abusar sexualmente e inducir a la prostitución a un menor de edad. Fue el 3 de abril de 2020 y ha sido, hasta ahora, el escándalo más vergonzoso de la Iglesia católica colombiana. Tiempo después se supo que los agresores sexuales de aquel joven sumaban el doble: treinta y ocho curas, y que doce de ellos eran violadores reincidentes. La orden del arzobispo Urbina y de su mano derecha, el vicario general William Prieto Daza, fue ocultar la verdad y desestimar a la víctima. Pero el jerarca y su delegado no contaban con el coraje de dos mujeres, decididas a increpar su autoridad.
En 2019, las abogadas Olga Cristancho y María del Socorro Martínez habían sido invitadas por el arzobispo Urbina y el vicario Prieto a integrar una comisión de vigilancia, según las directrices del Vaticano, supuestamente para detener la voracidad de los curas pederastas alrededor del mundo. Los jerarcas Urbina y Prieto confiaban que la actitud de las dos mujeres fuera sumisa y que, en nombre de la fe y de sus creencias religiosas, les ayudaran a lavar las culpas de los curas agresores. La respuesta de Cristancho y Martínez debió desconcertarlos. La decisión de ambas fue que, si el arzobispo no suspendía a los abusadores, ellas relatarían los hechos ante la Fiscalía. Muy a su pesar, Urbina tuvo que cesarlos.
Fue gracias a Cristancho y a Martínez que la opinión pública supo que 70 de los 143 curas de Villavicencio habían sido denunciados por violencia sexual infantil y que sus nombres reposaban en el archivo secreto de la curia, el lugar donde los obispados guardan las acusaciones contra sus subordinados. Solo ellos tienen acceso a ese repositorio y a la verdad que ocultan. En retaliación por haber hecho lo correcto, el arzobispo de Villavicencio expulsó a las dos abogadas de la comisión de vigilancia. El jerarca tenía miedo, y pronto se supo por qué.
Monseñor Óscar Urbina Ortega —regente del archivo secreto de la Arquidiócesis de Villavicencio— fue acusado de abusar sexualmente de un menor de edad en plena confesión y en 2022 fue expulsado discretamente de la Iglesia católica. En cambio, a su mano derecha, al vicario William Prieto Daza, el papa Francisco lo nombró obispo de San Vicente del Caguán. Su entronización episcopal será el 25 de septiembre, fiesta de san Cleofás, testigo de la resurrección de Cristo, según el santoral católico.
Prieto Daza tiene cincuenta años, es médico anestesiólogo y, según fuentes consultadas por CasaMacondo, se hizo sacerdote en 2013, gracias a la protección del expulsado monseñor Urbina. Pudo hacerlo a pesar de que pisó el seminario por poco tiempo. Es decir: se ordenó sin los estudios formales a los que estaba obligado y que incluyen cuatro años de Filosofía y cuatro de Teología. Sus conexiones son poderosas, nadie lo duda.
Detrás de ese ascenso también está Misael Vacca, el actual arzobispo de Villavicencio, que luego de posesionarse absolvió a los treinta y ocho curas involucrados. Uno de esos sacerdotes absueltos volvió a abusar de un menor de edad en diciembre de 2023. Otro, acusado de violar a cuatro niños, fue nombrado vicario parroquial de San Isidro Labrador, en Guamal, Meta.
Uno a uno, los curas abusadores de Villavicencio han vuelto a sus cargos. Y todo parece indicar que Claudia Piedad González Muñoz, la fiscal encargada del caso, tiene la intención de que los delitos prescriban. Hasta ahora, tantos años después, no se concreta ninguna acción legal. Mientras tanto, la víctima ha debido exiliar a su familia fuera del país y él mismo vive escondido, tras reiteradas amenazas de muerte.
Si la justicia fuera eficaz, William Prieto Daza estaría tras las rejas y no celebrando su ascenso al episcopado, aplaudido por el cónclave de obispos del país, todos ellos también encubridores de sacerdotes violadores y abusadores de niños, niñas y adolescentes. Después de acceder al 13 % del archivo secreto, CasaMacondo conoce con toda certeza los nombres de 587 curas denunciados y está esperando una decisión de la Corte Constitucional para acceder al 87 % restante que los altos jerarcas se niegan a abrir al escrutinio periodístico.
CasaMacondo contactó sin éxito al nuevo jerarca de San Vicente del Caguán, quien sí le habló al Periódico del Meta. Cuando la periodista Lina Herrera le preguntó por la pederastia eclesial, Prieto respondió sin ruborizarse: «La Iglesia tiene ese compromiso desde hace muchos años, cero tolerancia con este tipo de abusos». No es verdad. A él, encubridor de pederastas, lo nombraron obispo.
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