El alto tribunal revisará una tutela presentada por un exsupervisor de la cadena de supermercados que fue despedido sin justa causa en 2024, pese a ser padre cabeza de familia y a las complicaciones que tenía su pareja embarazada.
D1, la cadena de supermercados que revolucionó el comercio minorista en Colombia con su modelo de hard discount (descuento duro), enfrenta un nuevo escándalo laboral tras el despido de Óscar Manuel Guerra Venera, un supervisor de un punto de venta en Cartagena que alega haber sido víctima de abusos de la empresa. El caso, declarado improcedente en primera instancia por el Juzgado Noveno Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cartagena el 31 de diciembre de 2024, fue seleccionado para revisión en febrero de 2025 por la Corte Constitucional.
Guerra, empleado de D1 desde el 30 de noviembre de 2020 con un contrato a término indefinido, fue despedido casi cuatro años después, el 13 de noviembre de 2024 sin justa causa. En esas fechas su pareja, Cherlians Barros Cantillo, estaba embarazada de 27 semanas y él era el único sostén de una familia con dos hijos menores. A pesar de haber comunicado a sus superiores la situación familiar que atravesaba, por ejemplo a través de un mensaje de WhatsApp al gerente de zona, Cristian Torres, la empresa la ignoró y justificó la terminación con una «baja en la producción».
Guerra alega que D1 vulneró sus derechos al trabajo, al mínimo vital y a la estabilidad laboral reforzada, una garantía extendida por la Corte Constitucional en la Sentencia C-005 de 2017 a parejas de mujeres gestantes o lactantes sin alternativa laboral.
En respuesta, el abogado Luis Felipe Rincón Sterling, en representación de D1, sostuvo que el despido fue legal porque Guerra no había notificado formalmente su condición de padre cabeza de familia ni el embarazo de su pareja. Según el abogado, la indemnización de $16.611.004 descarta un «perjuicio irremediable». Sin embargo, esta suma no compensa la pérdida de estabilidad en un contexto de vulnerabilidad, ni exime a D1 de cumplir con las garantías constitucionales.
El principal retailer de Colombia
D1 fue fundada en 2009 en Medellín por los empresarios chilenos Michel Olmi y Luis Abudei e introdujo el modelo de «hard discount» a Colombia, inspirado en la cadena alemana Aldi. Su apuesta era ofrecer productos de alta calidad a precios bajos con un surtido limitado y un fuerte enfoque en marcas propias. La empresa, inicialmente creada bajo Koba International Group, una sociedad constituida en Panamá, abrió su primera tienda en el barrio San Pío de Itagüí y rápidamente se expandió.
En 2011, el grupo Valorem, liderado por la familia Santo Domingo –una de las más ricas de Colombia–, pagó US$11,2 millones por el 20% de Koba. En 2015, Valorem consolidó su control con un 60,25% de las acciones tras invertir US$68,9 millones adicionales, mientras el resto quedó repartido entre el fondo suizo Ihag Retail Holding (20,75%) y el fondo canadiense CPP Investments (19%), que ingresó en 2022 con US$334 millones. D1 es uno de los negocios más prósperos de Colombia.
Con un capital robusto y una estrategia de expansión agresiva, la cadena de pequeños supermercados sumó ingresos de $17,4 billones en 2023, superando al gigante Almacenes Éxito y consolidándose como el principal retailer del país. Hoy, D1 posee más de 2.415 tiendas en 500 municipios, lo que supone una presencia del 87% en el territorio nacional. Según información suministrada por la empresa, sus minimercados y circuitos de acopio y distribución emplean a más de veintiún mil personas, de las cuales el 54% son mujeres y el 56% jóvenes entre 18 y 30 años.
El mayor logro comercial de D1 radica en haber democratizado el acceso a productos básicos, especialmente en estratos bajos y medios, transformando el consumo y desafiando a gigantes del retail. Sin embargo, su éxito ha terminado cuestionando sus prácticas laborales y las garantías que ofrece a sus empleados
Denuncias de explotación laboral
El caso de Óscar Manuel Guerra no es aislado. D1 ha enfrentado múltiples señalamientos por explotación laboral, jornadas excesivas y obligación de realizar múltiples tareas. Un artículo de Las2Orillas de 2020, titulado «La explotación laboral en las tiendas de ‘precios justos’», citó testimonios recopilados por el líder sindical y hoy ministro de Minas y Energía Edwin Palma: empleados describieron jornadas de hasta dieciséis horas sin pago por el tiempo extra, y también denunciaron acoso laboral y despidos como reprimenda a su intención de sindicalizarse. Una trabajadora fue cesada tras denunciar acoso y otro empleado perdió su empleo pese a su fuero sindical.
En septiembre de 2021, la Unión Libertaria Estudiantil y del Trabajo (ULET-AIT) señaló que los más de 13.000 empleados que entonces trabajaban en D1 enfrentaban sobrecarga laboral y riesgos físicos por levantar cargas pesadas sin medidas adecuadas. En 2020, esa misma organización denunció que un empleado de veintidós años se suicidó en Bogotá presuntamente tras el agobio de esas jornadas que los trabajadores han denunciado en reiteradas ocasiones.
La revisión de la Corte Constitucional podría ordenar la reincorporación de Guerra y obligar a D1 a ajustar sus políticas laborales, reforzando la lucha contra los abusos patronales. Mientras tanto, el exempleado y su familia esperan que la justicia no tenga precio y sea para todos.
También te puede interesar: El fraude académico de Carlos Felipe Córdoba
CasaMacondo es un medio de comunicación colombiano que narra la diversidad de territorios y personas que conforman este país. Tenemos una oferta de contenidos abierta y gratuita que incluye relatos sobre política, derechos humanos, arte, cultura y riqueza biológica. Para mantener nuestra independencia recurrimos a la generosidad de lectores como tú. Si te gusta el trabajo que hacemos y quieres apoyar un periodismo hecho con cuidado y sin afán, haz clic aquí. ¡Gracias!
