Los cambios de dueños de un lote, propiedad de la nación, revelan las irregularidades en la adjudicación de tierras destinadas a familias campesinas desarraigadas, sin un lugar dónde prosperar.
La ex fiscal general de la nación les compró un lote baldío a Armando Barona Mesa, exconcejal, exrepresentante a la Cámara, exsenador, exembajador y excandidato a la gobernación del Valle; y a María del Socorro Vallejo Murgueitio, jueza 20 de Instrucción criminal.
Mediante resolución del 30 de diciembre de 1993, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, les había concedido la titularidad de ese terreno, de 7.484 metros cuadrados, ubicado en el corregimiento San Bernardo, vereda Loma Alta, en el municipio de Dagua, al noroccidente de Cali.
La venta del baldío se concretó el 30 de noviembre de 1997 entre María del Socorro Vallejo Murgueitio, que cuatro años antes, en 1993, había sido nombrada fiscal delegada ante los jueces del circuito de Cali; y Martha Janeth Mancera, también ese mismo año nombrada asistente fiscal y dos años después fiscal delegada ante jueces del circuito de Cali.
Las dos funcionarias, del más alto perfil jurídico, acordaron la compra y venta del lote baldío en sesenta millones de pesos, unos quinientos treinta millones de hoy. Ambas violaron la ley, el espíritu de resguardo de derechos por el que fue promulgada.
Los baldíos son terrenos de propiedad pública que no tienen dueño particular ni uso asignado. La Ley 160, de 1994; y las leyes 135, de 1961; y 30, de 1988, dictan que esos terrenos deben ser adjudicados a familias campesinas desamparadas, comunidades indígenas o afrodescendientes, con el objetivo de promover el acceso equitativo a la tierra y fomentar su uso productivo.
Las normas establecen que la adjudicación de lotes baldíos debe hacerse bajo criterios técnicos, priorizando a quienes carecen de recursos, y garantizando el uso sostenible de los terrenos, mediante procesos gestionados por la Agencia Nacional de Tierras, antes Incora. La ley es taxativa: los baldíos no son para fincas privadas de recreo.
Pero María del Socorro Vallejo Murgueitio y Martha Janeth Mancera, representantes del estado en su ejercicio jurídico, pasaron en puntas de pie sobre las normas que les impedían la propiedad de ese terreno, precisamente por no cumplir las condiciones de origen campesino o étnico, ni de desamparo o falta de recursos. Ellas, además, violaron otra prohibición.
Según la ley, después de la adjudicación del lote, los beneficiados deben esperar quince años antes de negociar cualquier venta o traspaso. Cuando las dos funcionarias de la fiscalía concretaron su negocio, solo habían transcurrido cuatro años.
Al final, una banquera
Martha Janeth Mancera, ex vicefiscal general de la nación entre 2020 y 2023, y fiscal general encargada en 2024, enfrenta cuestionamientos por su relación con Francisco Javier Martínez, alias «Pacho Malo», exjefe del Cuerpo Técnico de Investigaciones en Buenaventura, acusado de nexos con narcotraficantes y contrabandistas.
Investigaciones periodísticas, como las de Daniel Coronell, señalan la complicidad de la funcionaria con la red criminal de Martínez porque, a pesar de conocer su prontuario delictivo, evitó removerlo de su cargo y ordenar una investigación. No ha sido el único señalamiento en su contra.
En un expediente que reveló CasaMacondo se asegura que Martha Janeth Mancera trabajó para Diego Marín Buitrago, alias «Papá Pitufo», dueño del ochenta por ciento del contrabando marítimo que ingresa a Colombia, acusado de liderar una red de corrupción que involucra a funcionarios de aduanas y altos mandos policiales y militares.
«Papa Pitufo» enfrenta un proceso de extradición al país, autorizado en primera instancia por el Tribunal Supremo de Justicia de Portugal, en marzo de 2025. Sin embargo, el mismo tribunal le otorgó la libertad condicional unos meses después.
Martha Janeth Mancera sigue trabajando en las oficinas de la Fiscalía en Cali y niega las acusaciones en su contra. Dice que se trata de una campaña de difamación. En 2004 vendió el lote baldío, que había comprado en sesenta millones, por solo seis.
La compradora del terreno destinado a familias campesinas pobres, desarraigadas, fue Clara Inés Vallejo Echeverri, administradora de empresas del Politécnico Grancolombiano y actualmente gerente de operaciones de la oficina del Banco de Bogotá, en Nueva York.
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