Una carrera de Derecho consta de diez semestres. Algunos la terminan en menos tiempo y otros se toman un poco más. Pero hacerla en dos años y medio parece un fraude, en especial cuando la persona cursa al mismo tiempo un doctorado y ocupa uno de los cinco cargos más importantes del Estado.
Este es el caso de Carlos Felipe Córdoba Larrarte, el contralor general de la república entre 2018 y 2022. El pereirano de cuarenta y cuatro años logró esta hazaña gracias a un convenio académico de cuatro años que la Contraloría firmó con el Politécnico Grancolombiano. La alianza parece que fue hecha a la medida del excontralor pues, según me contó él mismo, la universidad le homologó muchas materias de su pregrado en Relaciones Internacionales gracias a ese programa de cooperación académica.
El convenio, fechado el 12 de agosto de 2019, les otorgaba a los funcionarios del ente de control, sus familiares hasta de segundo grado de consanguinidad y sus parejas algunos beneficios académicos que el contralor general supo aprovechar. En las páginas del documento se lee: «La universidad ofrece la posibilidad a profesionales de cursar y homologar completamente un programa conducente a título profesional en un tiempo máximo de cuatro años mediante la aplicación de cronogramas intensivos y continuos».
Córdoba me dijo que no hay nada raro en este acuerdo académico. Aseguró que muchas entidades del Estado tienen alianzas similares y que, en el caso de la Contraloría, no solo existe la del Politécnico, sino que hay con otras universidades como el Externado. El contralor afirmó que si bien su esposa Marcela Yepes estudió Derecho con él en la misma universidad y en los mismos horarios, ella no se benefició de este convenio. En esa conversación nos dijo que las clases fueron en el Politécnico hasta que llegó la pandemia. Lo anterior no es cierto, a menos de que los dos años y medio que duró su carrera también hayan incluido materias perdidas.
Las clases fueron impartidas en las oficinas de la Contraloría «para economizar tiempos de desplazamiento y costos de transporte. Pero si el estudiante pierde alguna materia deberá asistir a clase al campus del Politécnico Grancolombiano», consta en el texto del convenio.
El supervisor contratado
Billy Raúl Antonio Escobar Pérez, el secretario general del Politécnico Grancolombiano que supervisó en 2019 el convenio académico que le permitió al contralor general ser abogado en tiempo récord, obtuvo dos contratos en 2020 y 2021 con la Contraloría General.
Escobar firmó el primero el 15 de octubre de 2020, apenas dos semanas después de dejar de trabajar en la universidad a la que estaba vinculado desde 2007. Con una duración de dos meses y un valor de 41.250.000 pesos, el contrato tuvo como objeto la «prestación de servicios profesionales como abogado para brindar apoyo y asesoramiento jurídico en temas laborales a la gerencia de Talento Humano».
El segundo, por 171 millones de pesos, lo suscribió el 4 de febrero de 2021. La idea era que Escobar lo ejectuara hasta diciembre, pero el 2 de noviembre, muy generosamente, se lo cedió a la abogada Martha Luz Barros Tovar, su esposa.
La buena racha de la familia Escobar Barros se mantuvo en 2022. En enero, Barros Tovar firmó un contrato hasta septiembre por ciento doce millones de pesos para asesorar la Dirección de Talento Humano de la Contraloría. Por su lado, Escobar Pérez empezó el año en un nuevo cargo. El 26 de noviembre de 2021, el presidente Iván Duque, aliado político de Córdoba, lo nombró como superintendente de Sociedades. El presidente Gustavo Petro lo ratificó en el cargo.
En su defensa, Escobar me dijo que él no fue el evaluador del convenio de cooperación académica que suscribieron el ente de control y el Politécnico Grancolombiano, a pesar de que su nombre reposa en dicho documento. Igualmente aseguró que, en caso de haberlo sido, no hubiera habido un conflicto de interés pues él ya había salido del Politécnico Grancolombiano cuando empezó a trabajar como contratista para la Contraloría General.
Sobre la posibilidad de terminar una carrera en Derecho en dos años y medio, Escobar afirmó que «es muy pertinente» y que es una «tendencia global» graduar a profesionales como abogados en ese lapso. También dijo que la Contraloría es una entidad netamente jurídica, por lo que «el tipo [el contralor] habla de un tema que maneja todos los días». Por último dijo que «la situación del contralor no es diferente a la de otros egresados del Politécnico Grancolombiano»; en otras palabras, que es muy común que profesionales de todo tipo homologuen materias de pregrado para obtener el título de abogados en dos años y medio.
El Doctorado en Derecho y el plagio en su tesis doctoral
En noviembre de 2021, el contralor general Córdoba obtuvo su título de abogado del Politécnico Grancolombiano. Ese mismo mes, se graduó como doctor en Derecho de la Universidad de Jaén con una tesis que obtuvo la calificación de summa cum laude.
Según Córdoba, sí es posible hacer ambos niveles de estudios al tiempo porque un doctorado solamente requiere escribir una tesis y el tema lo tenía bastante claro: «La buena administración en el control fiscal efectivo, estratégico y gerencial de los recursos públicos».
La tesis doctoral del excontralor, que tiene 364 páginas, fue revisada por dos periodistas en 2022. Después de leerla con atención les enviaron sus hallazgos a dos profesoras y una editora. Los cinco llegaron a la misma conclusión: el contralor general cometió plagio en al menos quince fragmentos. Entre otras cosas, encontraron párrafos completos copiados de sitios web y documentos académicos disponibles en línea que no están entre comillas o en cita indirecta y tampoco con el crédito debido. También descubrieron párrafos de otros autores que el contralor desarmó y puso en su tesis por partes, pero sin hacer la referencia que exigen las normas académicas. Mejor dicho, en la tesis presentó ideas de otros como si fueran suyas.
Cuando lo contacté para preguntarle por el plagio, el excontralor dijo que le sorprendía esta denuncia porque su tesis fue revisada por la universidad, por la editorial que la publicó, Tirant Lo Blanch, y por sus directores, Gerardo Ruiz-Rico, profesor de la Universidad de Jaén, y Jaime Orlando Santofimio Gamboa, ex consejero de Estado. También aseguró que, si bien escribió la tesis por su cuenta, sí tuvo un equipo de asesores que contrató para que le ayudaran con la investigación.
La maestría de seis meses que MinEducación le convalidó
Córdoba también tiene un «Master en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho, otorgado por la Universidad Francisco de Vitoria, la Universidad Rey Juan Carlos y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid». Se trata de una maestría de seis meses que el Ministerio de Educación de Colombia no quiso convalidar porque ni siquiera en España era reconocida.
Los títulos propios son programas que diseña cada universidad, pero que no tienen el aval del Gobierno. Antes de 2007, eran válidos en España, pero a partir de ese año las autoridades de ese país decidieron no volver a convalidarlos porque son cursos que no tienen la altura académica y la intensidad horaria que suele exigir una maestría. Con base en esa decisión, Colombia también dejó de reconocer esos títulos desde 2007.
El contralor hizo la maestría en 2009. Cuando quiso convalidarla, en dos oportunidades, el Ministerio de Educación le dijo que no. En lugar de rendirse, Córdoba presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado, con el argumento de que si a otros ciudadanos colombianos que hicieron los mismos estudios les convalidaron sus títulos, a él también se lo tenían que convalidar. El 13 de marzo de 2014, el Consejo de Estado le dio la razón al entonces vicecontralor y el Ministerio de Educación, contra su voluntad, le tuvo que convalidar la maestría de seis meses.
Todas estas genialidades académicas fueron posibles, según Córdoba, con mucha disciplina y organizando muy bien el tiempo. Ahora Córdoba tiene otra genialidad en mente. El exauditor y excontralor general aspira a la Procuraduría General de la Nación, cargo para el que necesita quince años de experiencia como abogado. Con leguleyadas y amigos poderosos en todas las ramas del Estado, Córdoba le quiere dar otra interpretación a la ley: que los quince años se pueden acreditar en cualquier disciplina, no solo en la de Derecho.
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