El senador conservador antioqueño Carlos Andrés Trujillo González es uno de los congresistas más consentidos por el presidente Gustavo Petro. No solo puso a Guillermo Reyes González como ministro de Transporte al inicio del gobierno, sino que también fue premiado con la dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Los vínculos entre Trujillo y Olmedo López, exdirector de la UNGRD, son inocultables, como lo es el apoyo irrestricto del congresista al presidente Petro, quien ahora dice sentirse traicionado por la corrupción en esa entidad.
Exalcalde de Itagüí y reelegido al Senado con 159.000 votos en las elecciones legislativas de 2022, Trujillo logró evadir tres imputaciones que la Fiscalía tenía listas. Ocurrió en 2015, cuando se desempeñaba como alcalde del municipio antioqueño. La Fiscalía determinó que durante ese mandato había cometido varios delitos y programó tres audiencias de imputación de cargos, que se esfumaron una a una. En uno de esos procesos salió a relucir el nombre del exministro de Transporte y hoy embajador en Suecia, Guillermo Reyes González, recientemente denunciado en estas páginas por litigar desde su cargo para la multinacional minera AngloGold Ashanti.
La casa del comandante
El 13 de febrero de 2014, cinco concejales de Itagüí (María Eloísa Ossa, Gustavo Adolfo Betancur, Ángela María Ríos, Jorge Ignacio Usma y Carlos Mario Martínez) denunciaron a Carlos Andrés Trujillo. Al comienzo de su mandato, en 2012, el entonces alcalde había pagado con dinero del municipio el arriendo y los servicios públicos de la casa donde vivía William Quintero Salazar, comandante de la Policía de Itagüí. Unos cuatro millones de pesos mensuales que, según los concejales, no podían salir del erario.
Un año y medio después, el 9 de octubre de 2015, la Fiscalía 56 Seccional radicó una solicitud de audiencia de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento contra Trujillo por, presuntamente, estar comprometido en delitos de corrupción, peculado por destinación indebida de recursos, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público.
El 16 de octubre de 2015, la Fiscalía pidió aplazar la audiencia de imputación y medida de aseguramiento para luego retirar la solicitud el 26 de octubre de 2015. El expediente fue remitido a Bogotá, por orden del fiscal general Eduardo Montealegre. En la capital, el fiscal 8 de la Dirección Nacional Especializada contra la Corrupción, Héctor Eduardo Peñaranda Bautista, archivó el expediente; ni siquiera había pasado un mes desde la solicitud de imputación.
Según Peñaranda, el alcalde Trujillo no cometió ningún delito y podía autorizar el pago del arriendo de la casa del comandante de la Policía de Itagüí y su familia con dineros públicos. También dijo que los cinco concejales que denunciaron los supuestos delitos debieron haber buscado el diálogo.
El coronel William Quintero Salazar, recientemente nombrado comandante de la Policía de Cúcuta, estuvo preso en 2016 por acusaciones de falsos positivos, las cuales negó en entrevista con el diario La Opinión: «Tuvimos un enfrentamiento con un grupo irregular donde pierden la vida unas personas (…) A raíz de eso, obviamente, fui investigado, pero el caso lo precluyeron porque la actuación fue en servicio, cumpliendo a cabalidad con los protocolos y procedimientos establecidos por la Ley».
La demolición del parque
La segunda denuncia la interpusieron los mismos cinco concejales, el 20 de mayo de 2014. Según los corporados de Itagüí, el alcalde Trujillo cometió el delito de prevaricato por omisión al ordenar la demolición del parque Simón Bolívar sin tener en cuenta que era Patrimonio Cultural e Histórico. (Según la Ley 1185 de 2008, la multa por intervenir un bien cultural sin autorización de las autoridades competentes puede ascender hasta los quinientos salarios mínimos).
Los concejales afirman que nunca se supo cuánto costó este contrato porque inicialmente Trujillo dijo que la obra valdría trece mil millones, luego dijo que costó dieciséis mil millones y, en un informe de gestión, el secretario de Infraestructura aseguró que en total fueron nueve mil millones.
El 22 de octubre de 2015, la Fiscalía 54 Seccional en Antioquia solicitó audiencia de formulación de imputación contra el entonces alcalde de Itagüí por el delito de prevaricato por omisión, pero un mes más tarde la Fiscalía retiró la solicitud y el expediente voló de nuevo a Bogotá por orden del fiscal general Montealegre. La historia se repitió: la investigación fue archivada por el fiscal Héctor Eduardo Peñaranda Bautista.
Pagando favores
La tercera denuncia la interpusieron cuatro de los cinco concejales que presentaron las anteriores dos (Martínez no participó). Los corporados itagüiseños denunciaron al entonces alcalde Trujillo el 25 de septiembre de 2014 por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.
Es un contrato que el alcalde firmó el 24 de enero de 2012 con el abogado Guillermo Reyes González por doscientos ocho millones de pesos. El acuerdo era para pagar, supuestamente, un favor personal del propio alcalde. Según los concejales, este abogado, experto en temas electorales, le ayudó en 2011 a Trujillo a tumbar a Carlos Arturo Betancur, el candidato que el Partido Conservador había elegido para la Alcaldía de Itagüí y así quedarse con la candidatura y luego con el poder. El objeto del contrato dice que es para el «fortalecimiento de la gestión pública de Itagüí».
Los concejales también denunciaron que Reyes & González Abogados firmó tres contratos más con la Alcaldía de Itagüí. Dos el 9 de marzo de 2012, por 858 millones de pesos. El tercero, el 22 de febrero de 2013, por 153 millones de pesos. El objeto de dos de esos contratos fue «asesoría de políticas de transparencia y anticorrupción».
La Fiscalía solicitó una audiencia de formulación de imputación el 22 de octubre de 2015 en contra de Trujillo González por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Un mes más tarde, sin embargo, la entidad retiró la solicitud. Luego ocurrió lo mismo que con las otras dos investigaciones: por orden del fiscal general Montealegre, el expediente fue trasladado a Bogotá. Pero, a diferencia de los otros dos, que fueron archivados, este se encuentra abierto y en indagación.
Un prontuario, según el Diccionario de la Lengua Española, es un «resumen o breve anotación de varias cosas a fin de tenerlas presentes cuando se necesiten», también un «documento en el que constan los antecedentes penales de una persona». En el del senador Trujillo se lee desde el saqueo a la administración municipal de Itagüí hasta su manejo turbio y corrupto por interpuesta persona en la UNGRD, revelado por la periodista Paula Bolívar de W Radio.
El senador Carlos Andrés Trujillo es al Gobierno Petro lo que el finado Mario Castaño fue al Gobierno Duque. Ambos consiguieron poder, burocracia y contratos no a pesar de los presidentes, sino gracias a ellos.
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