La humedad reblandeció la dureza de los muros. Los bejucos trepan por los techos y sobre las hojas amontonadas en los rincones caminan lagartijas, milpiés y a veces serpientes. Pero a pesar del deterioro y de la maleza florecida, las construcciones conservan su desmesura: casas, lagos, caballerizas, terrazas, bodegas y monumentos a la Virgen del Cobre, la patrona que le dio nombre a la hacienda, fortín de narcotraficantes y paramilitares en el Urabá, al norte de Antioquia.
Aquí tuvo su base de operaciones el Bloque Élmer Cárdenas, comandado por Freddy Rendón Herrera, alias «El Alemán». Y pasaron, entre otros, Daniel Rendón Herrera, alias «Don Mario»; Dairo Antonio Úsuga, alias «Otoniel», jefe del Clan del Golfo; y Rito Alejo del Río, el general del Ejército responsable de asesinatos sistemáticos, masacres y apoyo logístico a las autodefensas.
La enormidad de los muros, de los techos, de los lagos y de los caminos pavimentados con gruesas capas de concreto es deliberada. Nada aquí correspondía a las necesidades de una explotación agrícola, sino a una concepción del poder: no bastaba con poseer la tierra, debía parecer que se poseía de un modo ilimitado. Las paredes, levantadas con un grosor de fortín, funcionaban como atalayas de vigilancia sobre las hectáreas circundantes. La arquitectura doméstica era una extensión de la zozobra impuesta allá abajo, a diestra y siniestra.
Desde los puntos más altos de la hacienda, la vista se tropieza con la silueta del mar torrentoso y turbio del golfo de Urabá, ahogado por las aguas del río Atrato, que descarga allí sus sedimentos tras recorrer las selvas del Chocó, las más lluviosas del mundo. Esa colisión de corrientes fluviales y marítimas reverbera en la costa y le imprime al agua un color de tierra revuelta. En este litoral, de más de quinientos kilómetros, se mezcla lo dulce y lo salino en una sucesión de tormentas y vientos huracanados.
Más allá de las ruinas crecen los cultivos de arroz. Los tallos empiezan a inclinarse bajo el peso de los granos. Desde lejos parecen doblados por el viento, pero es la cosecha inminente la que los vence. Dentro de pocas semanas los campesinos que los sembraron entrarán a los lotes y recogerán el resultado de cinco meses de trabajo, casi el mismo tiempo que ha transcurrido desde que las 1.143 hectáreas fueron entregadas a «Tierra y Vida» y «Acamcopaz», organizaciones campesinas integradas por víctimas del conflicto armado. La transformación es ostensible.
Urabá, la mayor despensa agrícola del norte de Antioquia, fue uno de los territorios en los que la guerra se impuso para controlar el acceso a la tierra. Más de medio millón de personas de la región, de setecientos cincuenta mil habitantes, han declarado ser víctimas del conflicto armado, una de las tasas de afectación más altas del país. En el eje bananero y el sur del Darién, el despojo perpetrado por los ejércitos paramilitares desde finales del siglo pasado consolidó un modelo latifundista que exterminó las economías locales de subsistencia. El desplazamiento, las masacres y el robo de tierras transformaron el paisaje humano.
Comunidades enteras fueron expulsadas de tierras que habían trabajado durante generaciones. Las familias perdieron, además de sus parcelas, las redes de vecindad, los conocimientos acumulados y los arraigos que daban sentido a sus vidas. La concentración de la tierra avanzó mientras retrocedía la autonomía campesina. Allí donde antes coexistían pequeñas economías familiares, surgieron relaciones de dependencia estructural. Tras las andanadas de la guerra, muchos de quienes habían sido propietarios terminaron convertidos en jornaleros de las tierras que alguna vez les pertenecieron.
Ese reordenamiento social marca la cotidianidad de Urabá. La opulencia, la propiedad de los predios y el poder de decisión continúan concentradas en los sectores económicos y políticos más poderosos, justo los que vivieron el conflicto armado con menos costo que quienes lo padecieron en primera persona.
La recuperación y entrega de estas 1.143 hectáreas adquiere sentido precisamente por eso. No representa únicamente la asignación de unas parcelas productivas, sino la posibilidad de interrumpir una historia de subordinación.
El proceso devuelve a las víctimas el control sobre su propio destino. Ahora, las imágenes de la Virgen del Cobre que los narcotraficantes erigieron aquí, y que algunos sacerdotes rociaron con agua bendita sin querer ver lo demás, atisban otro paisaje desde sus nichos de piedra. Las antiguas caballerizas donde alguna vez se alojaron caballos de paso fino tasados en fortunas están ocupadas por gallinas de engorde. Los muros y los techos son los mismos, pero todo lo demás es nuevo.
Donde antes prevalecía la exhibición de los más poderosos, hoy se cría la comida de los más pobres. Al lado del arroz, los cultivos de maíz rompen la homogeneidad del paisaje mafioso. La virgen, con su niño en brazos, por primera vez es madre, no secuaz de verdugos. Ahora los campesinos pasan a su lado y se persignan sin miedo, con gratitud.
Esta primera cosecha de arroz y maíz excede su rendimiento agrícola: demuestra que cuando las víctimas recuperan el territorio y cuentan con condiciones mínimas para trabajarlo, germinan los alimentos, los ingresos y el arraigo. La posibilidad de la paz aparece aquí como resultado físico del trabajo. Frente a la tesis de que el campesinado es incapaz de producir en gran escala, estos sembrados demuestran que la soberanía alimentaria es viable cuando el Estado financia el modelo de las organizaciones populares y no el modelo del latifundio.
Pero el paisaje actual no es un hecho automático ni lineal; es el resultado de una arquitectura jurídica e institucional construida durante años por la Agencia Nacional de Tierras. Cada hectárea recuperada de manos de los usurpadores y entregada a las familias campesinas se afirma sobre esa disputa política previa.
En este punto, la discusión sobre el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz o los modelos de desarrollo que privilegian el latifundio deja de ser abstracta. Abelardo de la Espriella —quien ha planteado acabar la JEP y redefinir los esquemas de la justicia para el posconflicto— propone desmontar una parte de la arquitectura institucional que hizo posibles procesos como este y reemplazarla por una visión centrada en la propiedad privada. El mercado como motor del desarrollo rural. En resumen, que los más ricos sean otra vez los únicos patrones de la tierra y que los más pobres sean sus peones.
Conviene recordar, a dos días de las elecciones presidenciales, que las decisiones públicas no se quedan en el aire. Llegan a la tierra después. Y se ven en la abundancia de las espigas o en su ausencia, en lo que el suelo alcance a sostener o en lo que, por el contrario, termine aplastado.
En las riberas del golfo penden de un hilo la permanencia de los cultivos campesinos o el retorno de la estepa criminal. Las espigas seguirán creciendo o dejarán de hacerlo según el rumbo que se elija este domingo. Allá donde esté, usted puede decidir si protege esos tallos recién germinados o, en cambio, los pisotea. La disyuntiva es así de definitiva.
