I. El mandato
En apenas dos meses de gobierno, el presidente Abelardo de la Espriella ha resucitado dos viejos espectros para convertirlos en banderas de la llamada «batalla cultural»: la familia tradicional y la reconquista del cuerpo femenino. Es una narrativa que ignora las distintas maneras en que se estructuran los vínculos en los hogares colombianos —muchos de ellos sostenidos por madres solteras—, mientras otorga un brillo de legitimidad al núcleo de padre, madre e hijos y deslegitima las luchas históricas de las mujeres por defender su autonomía e integridad, tanto en la vida privada como en la vida pública
Oímos los susurros de estos espectros desde la campaña, cuando De la Espriella dijo: «Entre más familias tradicionales tengamos, vamos a tener una sociedad más fuerte, llena de valores y principios que van a hacer más grande a nuestra nación». La proclama no ha caído en el vacío. Encontró su expresión más folclórica en la explicación del ministro de Vivienda, Jaime Beltrán, cuando, tras ser fotografiado descansando en las playas de Santa Marta pocos días después del terremoto del 10 de agosto, justificó su ausencia de la emergencia apelando a la necesidad de ser un «padre presente» y sentenció: «De nada vale construir país si destruimos la familia». Poco después, todos oímos a la directora del ICBF, María Carolina Restrepo, afirmar en el Senado que «la familia es una». La cereza sobre este pastel cenizo la sirvió el pasado miércoles el actual embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez, cuando resumió en el escenario internacional los principios de la actual administración: «Dios, patria y familia», definiendo la familia como el «núcleo fundamental de la sociedad».
A la par de este edicto fatal sobre cómo organizamos nuestros vínculos, regresa —de las fauces más oscuras y siniestras de la historia— el debate sobre el cuerpo femenino. En días recientes, la representante a la Cámara Carol Borda intentó reabrir en el Congreso una discusión en torno al derecho al aborto, como si su reconocimiento jurídico estuviera todavía por resolverse, pese a que la Corte Constitucional ha reconocido la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho fundamental, derivado de la dignidad humana, la salud y la autonomía reproductiva de las mujeres.
En esta misma línea, el pasado jueves, Colombia anunció su adhesión a la Declaración del Consenso de Ginebra, una coalición impulsada en 2020 por los gobiernos de Donald Trump y Jair Bolsonaro. La declaración sostiene que no existe un «derecho internacional al aborto» ni una obligación de los Estados de financiarlo o facilitarlo. Aunque esta adhesión no modifica la legislación colombiana, sí expresa una posición política y diplomática que pone en cuestión el reconocimiento de los derechos reproductivos. Deben encenderse todas las alarmas: aquello que creíamos conquistado puede volver a ponerse en disputa.
Y aquí quiero detenerme: si vienen por nosotras, nosotras iremos también tras ellos, pero no con plegarias, sino con argumentos.
Por eso, querida lectora, te invito a acompañarme en este breve recorrido histórico para entender qué hay detrás de estas invocaciones al pasado. Tal vez descubramos que, detrás del mandato de la familia y de la pulsión por controlar el cuerpo femenino, hay algo que no pertenece al ámbito moral, sino al material: una cuestión económica.
II. La familia y la mujer frente al capitalismo
Para desentrañar esta cuestión, quiero traer aquí a dos autoras en cuyas obras valdría la pena profundizar, pues en esta columna no alcanzaremos a dar cuenta de toda la complejidad y los matices de sus planteamientos: Silvia Federici y Nancy Fraser. Ambas académicas, desde el feminismo marxista y a partir de una lectura histórica del capitalismo, nos permiten entender cómo este sistema, en sus distintos momentos y bajo las diferentes formas que adopta en cada Estado-nación, ha buscado organizar la vida privada y ejercer control sobre el cuerpo femenino para asegurar la disponibilidad de un trabajo del que depende, pero que históricamente ha tratado como gratuito: el trabajo reproductivo.
El trabajo reproductivo es amplio y todos, en mayor o menor medida, participamos de él. Abarca desde las tareas necesarias para sostener la propia vida —asearse, preparar los alimentos, limpiar la casa— hasta cuidar a los niños, a los adultos mayores y a los enfermos y, por supuesto, gestar y criar. Aunque tienda a invisibilizarlo, el capitalismo necesita del trabajo reproductivo para sostener y reproducir la fuerza de trabajo de la que depende para funcionar. Históricamente, el artilugio ha consistido en presentarlo como una expresión del amor o como una disposición natural de las mujeres. De esta manera, el sistema se ha lavado las manos de sus costos.
La naturalización de este trabajo ha sido un proceso —para retomar la expresión de Marx— escrito con «letras de sangre y fuego». Por eso, ante cada retroceso de los derechos conquistados en el ámbito de la reproducción social, hay que reaccionar. Pero para reaccionar necesitamos conocer la historia.
En Calibán y la bruja, Silvia Federici reconstruye la transición del feudalismo al capitalismo desde la perspectiva de las mujeres y de cómo este proceso transformó profundamente sus condiciones de vida y su posición en la sociedad. Antes de esta transición, las mujeres campesinas participaban en las labores agrícolas y en otras actividades productivas, pues la familia constituía también una unidad de producción. Aunque esta participación no las situaba en condiciones de igualdad frente a los hombres, sí las convertía en parte fundamental de un tejido social, económico y comunitario que la consolidación del capitalismo erosionó.
En el análisis de Federici, al cercamiento de las tierras comunales y la desposesión de los campesinos de sus tierras durante la transición al capitalismo se sumó otro cerco: el de los cuerpos y los saberes femeninos. Los conocimientos sobre hierbas medicinales para aliviar enfermedades, así como aquellos vinculados con la anticoncepción, el aborto y la fertilidad —transmitidos entre generaciones y ligados a la capacidad de las mujeres para intervenir en los procesos reproductivos— fueron objeto de persecución y criminalización. La caza de brujas fue una de las formas en las que se persiguieron y destruyeron estos saberes, con el propósito de limitar la autonomía reproductiva de las mujeres e imponer nuevas formas de disciplinamiento de la sexualidad femenina y de control sobre la reproducción, en un momento en que la capacidad de producir nuevos trabajadores adquiría una importancia central para el desarrollo del capitalismo.
Esta transformación alteró así las relaciones entre los sexos. Como escribe Federici, el nuevo orden «definía a las mujeres —madres, esposas, hijas, viudas— en términos que ocultaban su condición de trabajadoras, mientras que daba a los hombres libre acceso a los cuerpos de las mujeres, a su trabajo y a los cuerpos y el trabajo de sus hijos».
Por su parte, Nancy Fraser, en el ensayo «El capital y los cuidados», examina cómo el capitalismo industrial produjo una nueva organización de la familia. Durante el siglo XIX, la explotación de mujeres y niños en las fábricas y las minas deterioró las condiciones de vida de las clases trabajadoras hasta poner en riesgo la propia reproducción de la fuerza laboral. La respuesta no consistió en transformar las bases del sistema, sino en regular algunas de sus consecuencias. Las leyes que restringieron el trabajo fabril de mujeres y niños coexistieron con la consolidación de un ideal familiar que situaba al hombre como proveedor y a la mujer como responsable del hogar y los cuidados. Así se afianzó la separación entre una esfera pública, asociada con el trabajo remunerado y masculino, y una esfera privada, presentada como el lugar natural de las mujeres.
La familia tradicional —esa a la que somos convocados ahora— no resolvió, sin embargo, las contradicciones del capitalismo. Un solo salario rara vez bastaba para sostener a una familia trabajadora, y muchas mujeres tuvieron que asumir una doble jornada. Con el tiempo, las luchas obreras, sindicales y feministas, sumadas a la precarización de las condiciones de vida durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, contribuyeron a ampliar la intervención del Estado en la economía y en la reproducción social. Así se consolidó, en buena parte de los países industrializados, el Estado de bienestar, que asumió parte de los costos de sostener la vida mediante sistemas de salud, educación y protección social. Fue un bálsamo frente a la precariedad que, durante algunas décadas, amortiguó las contradicciones del sistema.
Pero este bálsamo se evaporó con la consolidación del neoliberalismo, que erosionó el Estado de bienestar mediante la privatización de servicios públicos y el debilitamiento de las redes de protección social.
Hoy, ante una crisis generalizada del capitalismo —expresada en la desaceleración del crecimiento económico a nivel mundial— y el descenso sostenido de las tasas de natalidad en numerosos países, la ultraderecha vuelve la mirada hacia la familia tradicional y el control del cuerpo femenino, como si en ellos pudiera encontrar parte de la solución a ambos problemas. Pero ni la imposición de un modelo familiar ni el control de la reproducción resuelven las contradicciones de un sistema que depende del trabajo necesario para sostener la vida y, al mismo tiempo, socava las condiciones materiales para hacerlo. El sistema se muerde la cola. Y, mientras tanto, quedan en jaque los derechos que tenemos, en democracia, a organizarnos, relacionarnos y decidir sobre nuestros cuerpos y destinos.
III. La pulsión
Como Odiseo ante el canto de las Sirenas, hay que resistir la promesa de que la familia tradicional y el control del cuerpo femenino pueden resolver las penurias del presente. Si cada vez resulta más difícil formar una familia, criar un hijo o cuidar a un adulto mayor, la respuesta no puede ser imponer a las personas cómo organizar sus vínculos ni restringir la autonomía reproductiva de las mujeres.
Si la crisis tiene que ver, como tiene que ver, con las condiciones materiales que hacen cada vez más difícil sostener y reproducir la vida, la discusión debería ser otra. En lugar de resucitar el modelo de la familia tradicional y poner en cuestión los derechos de las mujeres sobre sus cuerpos, este Gobierno debería responder otras preguntas: ¿cómo piensa distribuir socialmente los costos y las responsabilidades de la crianza y el cuidado, para que no recaigan desproporcionadamente sobre las familias y, dentro de ellas, sobre las mujeres? ¿Qué medidas tomará para ampliar la oferta pública de jardines infantiles, fortalecer la educación y facilitar el acceso a servicios de cuidado para adultos mayores y personas dependientes? ¿Y qué hará para proteger los derechos sexuales y reproductivos conquistados, cuando sus propios representantes se distancian de ellos en los escenarios internacionales?
Pero el Gobierno no ofrece respuestas a estas preguntas. En cambio, recurre a modelos del pasado y los reviste de dogma religioso, sin reconocer los límites de esos modelos ni explicar a la ciudadanía que estamos ante problemas estructurales, no morales.
¿Y nosotras? ¿Vamos a aceptar que, en nombre de la familia y de Dios, nos impongan la responsabilidad de sostener una vida que el sistema precariza y, al mismo tiempo, nos arrebaten el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos?
Está por verse.
