Cuando la periodista Daphne Caruana Galizia fue asesinada con un carro bomba en Malta, enfrentaba 47 procesos judiciales que buscaban silenciar sus investigaciones periodísticas. Su caso inspiró a varias organizaciones a impulsar una legislación contra el acoso judicial en la Unión Europea, aprobada en 2024. Desde El Veinte impulsamos un proyecto de ley similar para Colombia, la ley contra los Casos de Enmudecimiento de la Prensa y la Opinión Pública (Ley Anti-CEPO – 481 de Cámara). Es una herramienta importante para un país donde abundan los casos de acoso judicial contra periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y muchas otras personas. El proyecto está bajo estudio del Congreso desde el 4 de noviembre.
Todo el mundo tiene derecho a denunciar o a demandar, pero hay quienes convierten ese derecho en un poder para silenciar. Es una historia que se repite en todo el mundo y en varias esquinas de nuestro país: el empresario millonario, el político poderoso, la empresa multinacional, o líderes de iglesias que ven la denuncia pública o el comentario incómodo con tanta molestia que prefieren llevar a sus críticos ante los tribunales antes que responder a sus cuestionamientos.
Este proyecto lo presentamos con el apoyo de Jennifer Pedraza y congresistas del Pacto y del Verde. Está inspirado en la ley europea y en normas similares que existen en Estados Unidos, Australia y el Reino Unido. No limita el derecho a denunciar o demandar, pero establece mecanismos para frenar procesos abusivos. Cuando haya evidencias de que buscan silenciar en lugar de proteger un derecho, los procesos deberán ser desestimados y, en algunos casos, se sancionará a quien los inició. Es decir, el proyecto permite terminar los procesos en sus etapas iniciales, en lugar de dejar que duren 5, 10 o quién sabe cuántos años.
No es una ley para proteger únicamente a periodistas, sino a cualquier persona que resulte intimidada judicialmente por criticar o denunciar a un poderoso. La idea es evitar el ahogo por empapelamiento y proteger la participación en el debate público. Un ejemplo clásico de este flagelo es el de los activistas británicos Helen Steel y David Morris, que en 1990 repartieron unos panfletos criticando a McDonald’s por, entre otras cosas, el impacto de su comida en la salud. En respuesta, la cadena de hamburguesas inició un proceso judicial por difamación que se prolongó durante una década. Steel y Morris tuvieron que defenderse sin abogados, mientras que McDonald’s tenía recursos de sobra para pagar a sus abogados.
Steel y Morris perdieron, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que se había vulnerado su libertad de expresión, entre otras razones, por la desigualdad de condiciones en las que tuvieron que defenderse. Otro ejemplo es el «enjambre» de denuncias presentadas por la Iglesia Universal del Reino de Dios que enfrentaron en distintos momentos la periodista Elvira Lobato y el poeta João Paulo Cuenca en Brasil. La primera enfrentó 111 procesos judiciales en todo el país después de escribir sobre el patrimonio de esa iglesia. El segundo enfrentó más de 140 procesos del mismo tipo después de publicar un tuit satírico sobre ese grupo y su relación con Bolsonaro.
Para quien es denunciado o demandado, estos procesos traen costos económicos, tiempo y angustia que pueden llevarle a desistir de sus críticas o reportes. También hay un efecto dominó: varios prefieren guardar silencio para evitarse problemas. Por esta razón, el proyecto de ley también trae una herramienta importante para proteger a los acosados judicialmente: quienes estén siendo víctimas de este tipo de censura podrán acudir a la defensoría pública para tener una representación gratuita.
Quien demanda, por su parte, suele tener muchas facilidades para iniciar procesos fútiles que banalizan el acceso a la justicia. En 1999, tres jueces de California tuvieron que estudiar si llamar a un abogado «abogado rarito» o «abogado perdedor» era una difamación. Concluyeron que eran simples opiniones. En Colombia, fiscales y jueces han tenido que estudiar casos de otro abogado. Uno bastante poderoso y molesto, que ha iniciado procesos por ser comparado con el caricaturesco Saul Goodman o por ser llamado «filipichín».
Según datos de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), ese abogado, hoy nuestro presidente, había presentado más de 109 denuncias por injuria y calumnia contra periodistas entre 2008 y 2019. Es por esto que uno de los principales criterios que trae el proyecto de ley para determinar que hay acoso judicial es que la demanda o denuncia no tiene mérito o que es temeraria. En otras palabras: cuando las razones por las que se inicia el proceso son ridículas o carecen de fundamento y hay muy pocas posibilidades de ganarlo.
La Corte Constitucional de Colombia ya ha reconocido esto como un problema. La Corte consideró que la andanada judicial del director Ciro Guerra contra las periodistas de Las Volcánicas por sus denuncias por presunto acoso sexual tenía «diversos elementos propios del acoso judicial». Esto se debía al desequilibrio de poder, la serie de procesos (civil, penal, tutela) iniciados, varias tácticas procesales inusuales, y el hecho de que buscaran una orden de que las periodistas no lo volvieran a mencionar. Aunque la Corte ha señalado el acoso judicial como un problema en esta y otras dos sentencias, no ha habido cambios en nuestra legislación para frenarlo.
No es la primera vez que lo intentamos. En 2021 hicimos un primer lance con el ahora exministro Rodrigo Lara. Senadores del momento como Paloma Valencia y Gustavo Petro se opusieron, varios otros se declararon impedidos porque tenían denunciados a periodistas. El proyecto pasó uno de los cuatro debates necesarios y después resultó archivado, quizá por una posible falta de impulso de David Luna, quien fue ponente después de que Lara renunció al Congreso.
El ambiente ahora es distinto. El problema es mucho más visible. Tal vez esta vez la historia sea distinta.
