Todos los días se ven mensajes en redes sociales sobre personas desaparecidas. El 19 de enero llegó el turno de Jonatan Rodríguez Osorio, quien dos días después apareció asesinado en una quebrada en Bello, muy cerca a la Clínica del Norte. Se trata de una de las trece personas de la comunidad LGBTI asesinadas en lo que va corrido del año en Colombia, cinco en Antioquia, según cifras de la Defensoría del Pueblo.
El asesinato de Jonatan aún no ha sido esclarecido, por lo que no se puede afirmar que fue consecuencia de su orientación sexual o crimen de odio. Mientras la Fiscalía investiga el caso, hay un dato que se ventiló en 2018 que quizás vale la pena tener en cuenta. Ese año, Jonatan acusó públicamente de abuso sexual y complicidad a dos poderosos curas de Pereira. Uno de ellos reapareció en noviembre de 2024 para anunciar acciones penales por la publicación de las acusaciones de Jonatan.
La historia de esa denuncia se concretó en 2016, cuando Jonatan le envió una carta a Joseph J. Tyson, obispo de Yakima, Washington, Estados Unidos. En la misiva le detallaba la violencia sexual que había sufrido a manos del sacerdote colombiano Argemiro Orozco Bedoya, párroco de Holy Apostles, en East Wenatchee, una feligresía bajo la autoridad episcopal de Tyson. Según la denuncia, los abusos comenzaron cuando Jonatan tenía catorce años y tuvieron lugar durante los viajes que el sacerdote hacía a Pereira. El obispo no solo evitó cualquier contacto con la presunta víctima sino que, además, ocultó la denuncia.
Para ese entonces, Jonatan Rodríguez y Argemiro Orozco ya se habían enfrentado judicialmente. En 2013, el joven fue detenido en Pereira, junto con sus padres y un amigo de la familia, por haber recibido noventa millones de pesos que el sacerdote le había ofrecido para comprar su silencio. El mismo Orozco interpuso luego una denuncia asegurando que había entregado el dinero porque Jonatan lo estaba extorsionando. Los capturados pasaron once meses en prisión, acusados de tentativa de extorsión, hasta que un juez los declaró inocentes. Durante el juicio salieron a la luz los señalamientos del joven contra el sacerdote, quien negó cualquier responsabilidad y sostuvo, a pesar de la génesis de la historia cuando Jonatan tenía catorce años, que todo se limitó a una relación homosexual entre adultos.
En 2023, diez años después de ese juicio, la diócesis estadounidense aseguró que no había historia que contar. Según Robert M. Siller, canciller de la Diócesis de Yakima, «el obispo está moralmente seguro de que no se produjo ningún abuso». El jerarca llegó a esa conclusión a pesar de que su junta de asesores laicos conoció el relato del proceso judicial y el fallo absolutorio a favor de Jonatan, sus padres y el amigo, quienes demostraron en el juicio que el dinero entregado por el sacerdote no era producto de ninguna extorsión sino, en efecto, un pago para silenciar las denuncias en su contra.
La normativa eclesiástica, expresada en la carta apostólica del papa Francisco en 2019 y titulada Vos estis lux mundi, establece que, frente a las denuncias por abusos, «las autoridades eclesiásticas se han de comprometer con quienes afirman haber sido afectados […] para que sean tratados con dignidad y respeto, y han de ofrecerles, en particular: acogida, escucha y seguimiento, incluso mediante servicios específicos; atención espiritual; asistencia médica, terapéutica y psicológica, según sea el caso». Tyson, superior del sacerdote denunciado, actuó de modo contrario y abandonó a su suerte a la víctima, que entonces ya sufría los efectos de años de adicción a la heroína y era portador de VIH.
De Argemiro Orozco —que durante el juicio aceptó tener relaciones sexuales consentidas con Jonatan Rodríguez—, la Diócesis de Yakima se ha limitado a decir que «lo conocemos bien y no se han presentado otras quejas contra él durante 31 años de servicio ejemplar […] Tiene buena reputación en nuestra diócesis y lo apoyamos». Gracias a ese respaldo, lo cubre un manto de protección clerical. El sacerdote colombiano, actual párroco de Holy Apostles, no aparece en la lista de divulgación de abusadores sexuales de la Diócesis de Yakima. La razón es que, sin escuchar a la víctima, el obispo Tyson consideró que la denuncia de Jonatan se basaba en «acusaciones sin fundamento».
El cómplice de Argemiro
Argemiro Orozco no actuó solo. Otro cura de Pereira lo ayudó y fue su cómplice, según la denuncia de Jonatan Rodríguez. Julián Alberto Cárdenas Corrales es sacerdote desde 1992. Actualmente es el rector del Colegio Católico Baltasar Álvarez Restrepo, en Dosquebradas, Risaralda. Es el mejor amigo de Argemiro.
Según me contó Jonatan en una entrevista grabada en 2018, en 2013 Cárdenas fraguó la trampa para que el Gaula lo capturara a él, a sus padres y a su amigo. Orozco le había prometido noventa millones de pesos para comprar una casa, y fue Cárdenas el encargado de la entrega del dinero, de organizar el viaje de Jonatan y su familia de Medellín a Pereira y de alertar al Gaula.
«Era el mejor amigo de [Orozco], sabía toda la vida de él, sabía los pelaitos con los que Argemiro estaba. Le conocía todas sus andanzas», dijo Jonatan en esta entrevista, en la que también hablaron sus padres. Cárdenas ha negado las acusaciones, limitándose a decir que no hay pruebas, sin allegar alguna que le sirva de soporte en su defensa.
El pasado primero de noviembre de 2024, Cárdenas me notificó de una denuncia penal que había interpuesto en mi contra por haber señalado en una publicación que él era el cómplice de Argemiro Orozco, según el relato de Jonatan para CasaMacondo. Ochenta días después de esa notificación, y cuando Jonatan se preparaba para testificar dentro del proceso penal que inició Cárdenas, apareció asesinado en una quebrada en el municipio de Bello.
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