El 31 de diciembre de 2022, a las 3:39 p. m., un mensaje llegó a los correos de gran parte de los funcionarios de Artesanías de Colombia. Era sábado y la oficina se encontraba vacía, pero eso no impidió que muchos comentaran la misiva.
Se trataba de una denuncia anónima, con copia al Ministerio del Trabajo y al sindicato del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El remitente, denunciartesaniascolombia@gmail.com, acusaba a Adriana Mejía Aguado1, la gerente de Artesanías, de «maltrato y acoso laboral». En sus ocho párrafos, el correo hablaba de «malestar», «gritos», «calumnias», «acusaciones sin fundamento» e «insultos en público». Según el denunciante, Mejía Aguado había incurrido en «constreñimiento, abuso y [amenazas en contra de] los funcionarios de la entidad». El documento enumeraba, con nombre propio, a trece personas que habían sido «humilladas y maltratadas en público» por Mejía Aguado.
Once meses después de esa primera denuncia, la situación en Artesanías de Colombia solo ha empeorado, según una veintena de servidores públicos actuales y pasados, tanto funcionarios como contratistas, que hablaron con CasaMacondo. Además del maltrato general, de los gritos e insultos, las fuentes acusan a la gerencia de la entidad, adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de, entre otras conductas, contratar personas que no cumplen con los requisitos necesarios, cobrar viáticos excesivos, hacer política en los canales de difusión y firmar contratos que desconocen el trabajo de las administraciones anteriores. Todas las fuentes pidieron mantener el anonimato por temor a represalias, incluso aquellas que ya dejaron la entidad.
El cambio llegó a Artesanías con el Gobierno Petro. En 2021, Great Place to Work, una consultora internacional especializada en la evaluación de ambiente laboral, certificó a Artesanías de Colombia como uno de los mejores lugares para trabajar en el país, algo inusual para una entidad pública. El 96 % de sus empleados decía que se sentía orgulloso de estar allí. Hoy, muchos apodan la entidad «Estresanías de Colombia», y a la sede en el centro de la capital «La casita del terror». Algunos funcionarios piden licencias cada vez que pueden para escapar de lo que llaman «el régimen» de Mejía Aguado y varios renunciaron a pesar de que llevaban años en la entidad. Al menos dos de los que se quedaron han sido hospitalizados por estrés laboral.
En octubre, Asemext, el sindicato del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el sindicato de Artesanías se reunieron con el ministro Germán Umaña para explicarle lo que viene ocurriendo y pedirle ayuda. (Su respuesta, según una fuente, fue decirles que debían hablar con el Ministerio del Trabajo). La lista de las reclamaciones, de todas formas, se puede leer en un PDF titulado «El silencio no es la alternativa». Hoy, en la Procuraduría, también hay una denuncia por acoso laboral contra Mejía Aguado y su mano derecha, José Rafael Vecino, un abogado de la Universidad Santo Tomás que llegó en noviembre del año pasado y que hoy tiene una cantidad considerable de poder al dirigir dos de las tres subgerencias de la entidad: la de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanal y la de Promoción y Generación de Oportunidades comerciales.
La crisis también ha resquebrajado el pilar más importante de la institución: los artesanos. Quienes antes veían en Artesanías de Colombia a un aliado incondicional, hoy se sienten «abandonados» o «perseguidos», de acuerdo con los testimonios que recogió CasaMacondo.
Según las fuentes, todo lo anterior ha ocurrido por una mezcla de arrogancia, ineptitud y mala gerencia que está hundiendo a Artesanías de Colombia. La responsabilidad recaería sobre el politizado estilo de administración de Adriana Mejía Aguado, una abogada y artista que, sin mayor trayectoria en el sector de la cultura o las artesanías, llegó de manera intempestiva a trastocar las vidas de las personas vinculadas a la que, no hace mucho, fue una de las entidades públicas estrella del Estado.
«Esto es un infierno»
Mejía Aguado llegó al Claustro de las Aguas, la sede de Artesanías en el centro de Bogotá, el 11 de octubre de 2022. Habían pasado cuatro meses desde el triunfo electoral de Gustavo Petro y dos desde la renuncia de la arquitecta Ana María Fríes, la gerente anterior, que ocupó el cargo durante siete años. «Con Ana María vivimos una cultura de respeto en la entidad —recuerda Mauricio2—. Nunca la oí gritar. Siempre nos trató con dignidad».
El cambio de Fríes a Mejía Aguado fue drástico. Según varios testimonios, una de las primeras acciones de la nueva gerente fue gritar al equipo de comunicaciones por no cubrir su posesión. Por órdenes de Mejía Aguado, las redes sociales de la entidad pasaron de ser un espacio exclusivo para promover a los artesanos a convertirse en un canal que a menudo difunde mensajes en apoyo al Gobierno. En persona, los comentarios de Mejía Aguado también generaron incertidumbre entre los funcionarios. Según Eugenio, otro servidor público, la nueva gerente solía preguntar: «¿Usted es de planta o es contratista?». Si la respuesta era «de planta», se lamentaba: «Ay, no lo puedo botar». Pronto se empezó a respirar un ambiente de desconfianza. «Nos decía que había encontrado un nido de ratas en Artesanías», recuerda Mauricio. «La mayoría de nosotros llevamos veinte años acá, y además, no hay nada que robar».
Los comentarios de Mejía Aguado rápidamente se transformaron en actos que desconcertaron a muchos de los empleados. El 25 de enero, por ejemplo, firmó una resolución en la que, sin plan de empalme o fase de transición, cambió de puesto a ocho funcionarios de planta. «A mí me llegó un correo de notificaciones judiciales —recuerda Victoria, una de las afectadas—. Pensé que me iban a echar. Pero cuando me reuní con los abogados y la subgerente administrativa, me vendieron el traslado a un área que no conocía como una promoción. Nunca me había sentido tan sola y perdida».
Dos meses después, el 27 de marzo, en un giro kafkiano, la gerente anunció en un comunicado que desde ese día su mano derecha, José Rafael Vecino, sería el encargado de la «etapa de juzgamiento» en los procesos de primera instancia del Control Disciplinario Interno de la entidad. Más adelante, según algunas fuentes, ella se habría nombrado a sí misma en la segunda instancia. Desde entonces, cualquier queja sobre malos tratos en Artesanías ha tenido que pasar por ellos dos. «Es tal vez lo más peligroso para nosotros los empleados —dice Enrique—. Porque su amenaza diaria es hacernos procesos disciplinarios».
Más recientemente, a finales de octubre, Mejía Aguado modificó el reglamento interno del trabajo con una serie de medidas que las fuentes describen como «drásticas» y «controladoras». Así, en contravía de los lineamientos de Función Pública, que aboga por más flexibilidad laboral, en Artesanías de Colombia los empleados ahora tienen que tomar vacaciones colectivas en diciembre, solo pueden asistir anualmente a un evento de otras entidades del Gobierno y, si antes podían llegar diez minutos tarde al trabajo, ahora la entidad solo acepta como máximo un retraso de media hora al mes.
El descontento general ante las medidas y los comentarios de Mejía Aguado ha llevado a que muchos se refieran a su administración como un «régimen de terror». «Esto es un infierno, una pesadilla. Nadie trabaja feliz», dice Octavio, quien alude a la brecha que existe entre el discurso oficial de Mejía Aguado y el que tiene a puerta cerrada. En sus intervenciones públicas, «ella habla de la felicidad de los artesanos, del valor de la vida y de todas las políticas sociales del Gobierno. Sin embargo, para nosotros ir a la entidad es un factor de estrés laboral».
De hecho, el estrés que han generado el mal genio y los gritos constantes de Mejía Aguado ha llevado a que se dispare el número de incapacidades que presentan los funcionarios. Por medio de un derecho de petición, CasaMacondo pudo confirmar que este año las incapacidades se duplicaron en comparación con las de todo 2022 (pasaron de 81 a 165). En algunos casos, los funcionarios no solo han requerido incapacidades, sino también tratamiento psiquiátrico. Según fuentes, un empleado de planta ha sido internado varias veces en una clínica psiquiátrica por culpa de la angustia que le produce trabajar en Artesanías desde la llegada de Mejía Aguado.
La amiga del presidente
Adriana Mejía Aguado nació en Cali y, en 1985, se graduó de abogada de la Universidad Santiago de Cali. En su tiempo libre se dedica a la pintura y, según su hoja de vida, durante más de tres décadas asesoró jurídicamente a empresas como Calzado Macey, Productos Pecolina y CMG Gutiérrez, un negocio que comercializa prendas de vestir al por mayor. Se sabe, también, que un juez la suspendió de su profesión durante cuatro meses en 2016 por abusar de su posición frente a un cliente.
El fallo en cuestión, al que tuvo acceso CasaMacondo, se abrió en 2011, cuando un señor de apellido Talero la acusó ante el Consejo Superior de la Judicatura de cobrar honorarios excesivos en la sucesión de bienes de su hermano. En su queja, Talero criticó los malos tratos de Mejía Aguado. Según su relato, ella lo «amenazó telefónicamente» y le hacía «llamadas intimidantes» para presionarlo a que abonara lo que le debía. Después de dos años de audiencias, el juez encontró a la abogada «disciplinariamente responsable» de cobrar de más y de aprovecharse «de la ignorancia y necesidad de su cliente».
El año anterior a la suspensión, Mejía Aguado dio el salto a la vida pública. El 21 de mayo de 2015, el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, la nombró directora de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), uno de los centros culturales más importantes de la capital. Según una fuente, se trató de «un reconocimiento» que quiso hacerle Petro a una persona «muy cercana». Aunque faltaban seis meses para que terminara su alcaldía y era un nombramiento de corto plazo, la noticia causó malestar en algunos espacios porque Mejía Aguado no tenía experiencia en el sector de la cultura.
En ese entonces, en los pasillos del Palacio Liévano ya se hablaba en voz baja de la estrecha relación que existía entre Mejía Aguado y la familia Petro; en especial, de la que ella tenía con la primera dama, Verónica Alcocer. «Era la chaperona casi permanente de Verónica», dice una fuente. Al parecer, también cuidaba a las hijas. Por esas fechas, la abogada subió a YouTube un video en el que graba a Antonella, la hija menor de la pareja, cantando en una terraza bogotana el vallenato Vivo en el limbo, de Kaleth Morales.
En su hoja de vida, Mejía Aguado asegura que, después de su paso por FUGA, asumió el cargo de directora del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), durante tres días, del 21 al 24 de diciembre de 2015. Pero esa información es falsa. Idartes envió a CasaMacondo un documento con el nombre de los directores que esa institución ha tenido a lo largo de su historia, y en él no figura el de Adriana Mejía Aguado. Tampoco es la única mentira que aparecería en su hoja de vida oficial: según la Universidad La Gran Colombia, ella no cursó un diplomado en Derecho Administrativo en esa institución, contrario a lo que afirma en ese documento.
En 2016, Mejía Aguado pasó a trabajar como asesora de la Alcaldía de Ibagué. El alcalde era el cirujano Guillermo Alfonso Jaramillo, quien también había ocupado dos cargos en la Bogotá Humana, como secretario de Salud y secretario de Gobierno —hoy es el ministro de Salud y Protección Social—. Mejía Aguado estuvo allí hasta 2019, cuando volvió al ruedo público como candidata al Concejo de Bogotá por el partido Colombia Humana. Aunque no quedó elegida, hizo olas al defender a capa y espada la candidatura a la alcaldía de Hollman Morris, incluso después de que en ese momento el exdirector de Canal Capital fuera acusado por su esposa de violencia intrafamiliar.
El origen de la relación de Mejía Aguado con la familia Petro Alcocer no se conoce, pero en su etapa más reciente ha sido ampliamente documentada en medios de comunicación. En octubre del año pasado, por ejemplo, apareció una foto en la que la abogada le entrega a Alcocer un cuadro de su autoría, titulado Primera dama, para celebrar la victoria de Petro en las elecciones presidenciales. Por las mismas fechas, también festejó que, gracias a su «grano de arena», se formalizara la adopción de Nicolás Alcocer Petro por parte del presidente.
En los últimos meses, ambas han regresado a los titulares, pero por razones nada favorables. En unas declaraciones en la Fiscalía, Nicolás Petro Burgos las mencionó con nombre propio. Según su relato, Mejía Aguado habría hecho de intermediaria entre el poderoso empresario barranquillero Christian Daes y la primera dama transportando un maletín que contenía entre cincuenta y cien millones de pesos no reportados para la campaña del hoy presidente Petro. En junio de 2023, una empresa de Daes, la fabricadora de vidrios Tecnoglass fue una de las aliadas que financió Expoartesano Miami 2023, la primera incursión de Artesanías de Colombia en el mercado estadounidense.
Un bastión del petrismo
La reciente carrera de Mejía Aguado en la política y su relación cercana con la familia presidencial también ha afectado el día a día de la entidad. En parte porque, para muchos de los funcionarios, el debate político era un elemento que no entraba al Claustro de las Aguas. Si antes Artesanías era una institución de carácter técnico, que se mantenía al margen de discusiones ideológicas, la llegada de la nueva gerente rápidamente la transformó en una entidad politizada y escudera del actual gobierno. «Ella llegó con muchos prejuicios de la empresa —recuerda Victoria—. Que era racista, clasista, elitista. En la primera charla que nos reunió a todos, nos dijo que quería cambiar las cosas».
En internet es fácil encontrar muestras del fervor político de Mejía Aguado. En sus discursos públicos, suele ahuecar la voz para exaltar el proyecto de Petro y casi siempre cierra sus alocuciones repitiendo eslóganes del Gobierno como «Colombia, potencia mundial de la vida». En tarimas y entrevistas radiales acostumbra hacer promesas que parecen de campaña, como la de crear una universidad de saberes ancestrales en Sucre, o la de donar materia prima y herramientas a los artesanos en zonas afectadas por la ola invernal. En diciembre de 2022, en la inauguración de ExpoArtesanías, la feria anual más importante del sector artesano, dijo que hablaría con Alejandro Gaviria, el entonces ministro de Educación, para que en los colegios públicos enseñaran artesanías y saberes ancestrales. La gente en Corferias, entusiasmada, aplaudió la iniciativa. Según las fuentes consultadas, ninguna de esas ideas está cerca de hacerse realidad.
La militancia política de Mejía Aguado a veces roza con la paranoia, según los testimonios que recogió CasaMacondo. Tanto así, que clasifica a los funcionarios como aliados o enemigos del Pacto Histórico. A los que hacen parte del segundo grupo, a menudo los acusa de corruptos o los intimida con «la técnica del audio». «Cuando ella se pelea con alguien —asegura Camila—, le dice a esa persona: “Tengo un audio en donde usted está diciendo cosas en contra de nuestra política o nuestra misión”».
Esa categorización, según las fuentes, se ha convertido en uno de los principales requisitos en la contratación. En ese sentido, el caso de los gestores regionales es emblemático. Artesanías de Colombia siempre ha hecho presencia en el territorio nacional. En cada zona del país la entidad cuenta con uno o dos gestores que se encargan de seguirles la pista a los artesanos locales, entablar convenios con las gobernaciones y conseguir recursos. Al ser un puesto delicado que requiere de experiencia, tacto y buenas relaciones públicas, en algunos departamentos algunos de los gestores llevaban décadas de enlace entre la entidad y los artesanos. Eso dejó de ser así con la llegada de Mejía Aguado, quien «cambió muchos requisitos y puso a gente que no sabe del tema», de acuerdo con Mauricio.
Según pudo corroborar CasaMacondo, la gerente no renovó los contratos de la mayoría de los gestores regionales. Todos los que trabajan hoy para la entidad, con excepción de tres, fueron nombrados por ella. Muchos no tienen experiencia en el sector artesanal. Un ejemplo es el actual gestor regional de Tolima y Quindío, Javier Andrés Guerra, un joven comunicador petrista, que ocupó el cargo luego de que la nueva administración redujera los requisitos de su cargo. Si en 2021 se necesitaba contar «con experiencia de mínimo cinco años en gestión territorial» para ser el gestor de Tolima y Quindío, ahora solo se necesita de «un año».
Su caso no es único. María del Socorro Ortega Alomia, la gestora del Valle del Cauca entre febrero y junio de este año, es una actriz que nunca había trabajado en el sector de las artesanías y que obtuvo el puesto a pesar de no tener un grado universitario o una carrera técnica o tecnológica, uno de los requisitos del cargo. La mayoría de los cargos que Ortega ocupó en la última década fueron entre 2012 y 2016, casi todos en la alcaldía de Gustavo Petro. En su Facebook, la actriz tiene fotos personales con el presidente y miles de imágenes en apoyo a su proyecto político. Su predecesora era una diseñadora gráfica que llevaba años vinculada a Artesanías de Colombia y que había publicado informes sobre cestería, tejeduría en telar e instrumentos musicales en el Centro de Investigación y Documentación para la Artesanía (Cendar).
En Bogotá también se han nombrado personas que no cumplirían con los requisitos de los cargos que ocupan. El caso más comentado es el de Erick Daniel Murcia, un joven sin grado universitario que había trabajado en el sector de la salud, al parecer como aprendiz de enfermería, y que fue contratado para «prestar apoyo en los procesos de adquisición de bienes y servicios de la Subgerencia de Desarrollo».
Estos cambios, además de inconvenientes por la inexperiencia de los nuevos servidores, tienen de fondo la ruptura de relaciones construidas por los profesionales de la entidad durante años con los artesanos en los territorios. Y si bien Artesanías no está exenta de tener cambios en su personal, el relacionamiento con las comunidades artesanas fue afectado ante la pérdida, repentina y masiva, de la mayoría de los enlaces de la institución.
«El artesano es un ser humano como ustedes, como nosotros»
El 27 de septiembre de este año, José Rafael Vecino, subgerente de Artesanías de Colombia, tomó el micrófono en la tarima de la Feria de Emprendimiento Popular de Bogotá: «Antes se pensaba en el artesano como un robot que producía artesanías», dijo flanqueado por un indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta. «Ahora, no. Ahora, el artesano es un ser humano como ustedes, como nosotros, lleno de emociones y que si tiene un problema psicosocial hay que entrar a resolverlo para que, una vez resuelto […], puedan producir en debida forma; es decir, aumentar la producción, aumentar la venta, las utilidades y la reinversión».
Más allá de la evidente contradicción —queremos que el artesano esté bien y deje de ser un «robot que produce artesanías» para que produzca más artesanías—, las palabras de Vecino buscaban resumir la Gestión Social Integral (GSI), la estrategia que ha regido la relación de la entidad con los artesanos desde mayo de este año. La idea es la siguiente: como muchos de los artesanos tienen problemas individuales, familiares y comunitarios que afectan su trabajo, Artesanías de Colombia debe acercarse a ellos con un equipo interdisciplinario, integrado por un sociólogo, un antropólogo, un trabajador social y un psicólogo, para solucionar esos problemas y, como dice Vecino, obtener una mayor producción, más ventas y más ganancias.
Parte de esa estrategia, al parecer, incluye darles a los artesanos viviendas, implementos y otros tipos de auxilios. En varias ocasiones, Mejía Aguado ha prometido esas ayudas, pero nada se ha concretado, de acuerdo con las fuentes. La GSI es la gran apuesta de Mejía Aguado y su equipo, pero no ha tenido el éxito que se esperaba, en gran medida porque muchos artesanos no comparten la idea ni aprecian los cambios que esta ha causado en programas como los Laboratorios de Diseño e Innovación. Antes, estos espacios eran muy cotizados, según varios artesanos que hablaron con CasaMacondo. A las personas seleccionadas para los Laboratorios se les asignaba un diseñador y se les daban clases de vitrinismo, exhibición, cómo vender en Instagram, cómo prepararse para la feria, etc. Ahora, les hablan sobre temas sociales y las líneas de atención a las que pueden llamar en caso de que tengan problemas de violencia intrafamiliar. «Estoy tan desmotivada que ya ni entro [a los Laboratorios…]», le dijo una artesana a CasaMacondo.
A ese cambio se suman otros desplantes. Nuevos contratistas de Artesanías han regañado o insultado sin razón a los artesanos, quienes, en muchos casos, sienten la misma desazón que los trabajadores de la entidad. Otros han dejado de recibir invitaciones a ferias o apoyos para hacer negocios, a pesar de haber estado durante años trabajando sin problemas con Artesanías.
En enero de 2023, por ejemplo, la entidad invitó a varios artesanos de la región a la Feria Farex, en el Centro de Convenciones de Cartagena. Usualmente, los instalaban en un hotel cerca de la zona para evitarles traslados desde sus barrios o municipios cercanos, dado que la feria cerraba tarde. También se les daban refrigerios y una cena. Había dinero disponible para ese rubro, pero Mejía Aguado se limitó a aprobar un pequeño presupuesto diario para alimentación. «El año pasado el programa nos dio mucho apoyo», le dijo a CasaMacondo un artesano que llevaba trabajando cuatro años con Artesanías. «Todas las ferias que presentaban nos tenían en cuenta. Este año, el apoyo no lo veo». El dinero, al parecer, tiene otros destinos.
Cien millones (y un poco más) en viáticos
El primer viaje de Mejía Aguado como gerente de Artesanías ocurrió cuatro días después de su posesión. Fue una visita de un día a Cali para asistir a una jornada en la Universidad del Valle, donde el presidente Petro lideró un diálogo regional sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Desde entonces, la abogada no ha parado de recorrer el país. En el año que lleva al frente de la entidad, ha realizado 45 viajes con dinero público; un promedio de 3,75 al mes. Ha ido a Villavicencio, Sincelejo, Neiva, Barranquilla, Villa de Leyva e Ibagué; ha ido a Maicao, Tuchin, Pasto, Popayán, San Jacinto y San José del Guaviare. También ha viajado al exterior, a Venezuela, México, Miami (dos veces) y Madrid (dos veces).
Un itinerario así no es barato. De acuerdo con un informe sobre los viajes de Mejía Aguado que Artesanías envió a CasaMacondo, la gerencia ha gastado un poco más de 114 millones de pesos en viáticos desde octubre de 2022. Ese valor, sin embargo, no cuenta toda la historia. «La señora viaja curiosamente por tierra muchas veces, lo cual resulta más caro que por avión —asegura Enrique, un empleado de planta—, y los viáticos del carro no entran en el rubro de la gerencia». El carro en cuestión es una camioneta Mercedes GLE-350d, que Artesanías recibió como parte de un convenio con la Sociedad de Activos Especiales (SAE), y que consume más gasolina de lo habitual por tener un blindaje nivel 2. En el rubro de gerencia tampoco se toman en cuenta los viáticos del conductor.
La gerencia de Artesanías no siempre gastaba tanto en viáticos. Entre enero de 2021 y junio de 2022, Ana María Fríes, la gerente anterior, solo gastó 25 millones en 11 viajes. Para explicar la brecha tan grande entre las dos administraciones, Mejía Aguado incluyó el itinerario de cada uno de sus recorridos en su informe para CasaMacondo. Y si bien en la mayoría de los casos se detallan actividades con artesanos o relacionadas con el sector de las artesanías, algunas de las paradas no parecen tener relación con la misión de la entidad. ¿Por qué, por ejemplo, asistió la gerente de Artesanías de Colombia a un «consejo de seguridad», en Buenaventura, «con el señor Presidente de la República?». ¿O a la «premiación de una carrera atlética» en el marco de la celebración de los 124 años del municipio de Miranda, Cauca?
En el informe, Mejía Aguado escribió una especie de justificación general del aumento en los viáticos. Según ella, ninguna de las administraciones pasadas desarrolló «la totalidad de aquellas actividades propias del objeto social al que está llamado a cumplir la Entidad a mi cargo, es decir, a la promoción y al desarrollo de todas las funciones económicas, sociales, educativas y culturales, necesarias para la atención presencial, del nivel directivo, a los artesanos y artesanas en los diferentes territorios».
Pero en ningún lugar de los estatutos de Artesanías de Colombia se menciona que se requiere de la «atención presencial del nivel directivo» para promover las obras de los artesanos del país.
El misterio de la tienda en línea
El 24 de diciembre de 2020, como parte de la Economía Naranja del Gobierno de Iván Duque, Artesanías de Colombia estrenó una plataforma de venta en línea. La entidad llevaba trabajando buena parte del año en ese espacio digital gracias a un aporte de casi 1.500 millones del Departamento de Planeación Nacional. Según documentos públicos de Artesanías de Colombia, con ese dinero se contrató una consultora para evaluar las diferentes plataformas (la elegida fue la reconocida multinacional VTEX, que trabaja con Coca-Cola, Walmart, Nestlé, entre otras empresas); se hicieron estudios de mercado, análisis comparativo de precios y comercios electrónicos; se tomaron más de 9.000 fotografías; se invirtieron cerca de 90 millones de pesos en publicidad en línea; se organizó una rueda de negocios; se escribieron 100 historias, y se grabaron 130 audios para destacar el origen de los artesanos y sus obras.
El trabajo comenzó a dar frutos al año siguiente, según otro informe de Artesanías. Medios como Caracol, RCN, Noticias UNO, CityTv, El Tiempo y Semana replicaron la noticia. Aún más importante, las ventas poco a poco crecieron. Hubo más de 500 transacciones durante el año y ciudadanos de 144 países visitaron la página. La plataforma benefició de manera directa a 393 artesanos de 28 departamentos del país y a casi 2.000 que de una u otra forma estuvieron involucrados con las artesanías que se vendieron y subieron a la página.
Sin embargo, todo se desechó sin mayor explicación cuando llegó la actual gerente. Según varias fuentes de la entidad, Mejía Aguado y Vecino decían que la plataforma no servía, pero no explicaron en detalle el porqué. De acuerdo con algunas de las justificaciones que se encuentran en los contratos posteriores, la gerencia quería transferir la tienda a una plataforma de libre acceso llamada Woocommerce, pues esta permitía añadir más funciones y mejorar los resultados de búsquedas y ventas.
Artesanías de Colombia no renovó el contrato con VTEX y, el 14 de junio de 2023, suscribió uno nuevo por alrededor de 47 millones de pesos con una compañía llamada FOB Technology S. A. S. Esta microempresa, constituida en enero de 2022 con un capital de 100 millones de pesos, según los registros de Cámara de Comercio, fue la que hizo la oferta más baja para trasladar la tienda a Woocommerce (las otras tres ofertas se redondean en 58, 233 y 717 millones de pesos). Carolina Paola Villarreal Téllez, la persona que firmó el contrato a nombre de FOB Technology, es una joven administradora de empresas cuya experiencia se limita a trabajar durante nueve años como directora comercial de una compañía familiar llamada Refriplast, que se dedica al «suministro, instalación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, refrigeración, extracción y ventilación mecánica».
Al momento de publicar esta historia, la plataforma de comercio electrónico en línea de Artesanías de Colombia no funciona, por lo que podría argumentarse que varios de los cientos de millones que se invirtieron entre 2020 y 2022 simplemente se perdieron. Según Luisa Fernanda Velásquez, abogada especialista en Derecho Administrativo con énfasis en Contratación Estatal, lo ocurrido podría considerarse un detrimento patrimonial, dado que el cambio de orientación en la plataforma significó un recurso público desperdiciado y una necesidad que en la actualidad no se suple.
Hoy, se puede ingresar a la página principal (https://www.artesaniasdecolombiatienda.com.co/), pero si se agregan productos al carrito de compras, la página anuncia que ha ocurrido un error. No hay una advertencia o aclaración a los compradores de que el sitio está fuera de servicio o en mantenimiento. Y cuando se da clic en la sección de «Hamacas», por ejemplo, se abre una página en blanco con una alerta en la parte superior izquierda que anuncia: «Something exploded» —«Algo explotó»—, seguido de una serie de letras y números.
¿Y ahora?
El 15 de septiembre, nueve meses después de la primera denuncia, un funcionario de Artesanías presentó una queja por acoso laboral contra Mejía Aguado y José Rafael Vecino en la Procuraduría General de la Nación.
Fue entonces cuando Federico decidió que iba a renunciar y se le ocurrió despedirse presentando una queja con copia a la Procuraduría. «En ella yo digo que no quiero mediar con ellos, que no quiero conciliar. Mi objetivo fue otro: dejar un precedente». Así, razonó, quizás otros se atrevan a dar un paso adelante y levantar la mano. Como los empleados a los que Mejía Aguado acusa de conspirar contra el Gobierno. O los artesanos que, sin viáticos, no tienen cómo regresar a sus casas después de asistir a una feria. O el trabajador de planta que ha pasado varias noches en un hospital psiquiátrico por estrés laboral. O, en fin, el conjunto de funcionarios que llegan asustados todas las mañanas al Claustro de las Aguas porque no saben en qué momento Adriana Mejía Aguado, la gerente de Artesanías y abogada de la familia Petro Alcocer, les va a empezar a gritar.
Federico había hecho su carrera en la entidad: llevaba dieciséis años de planta y casi diez como el coordinador de la región Caribe, desde Barranquilla. En diciembre de 2022, Mejía Aguado le notificó que debía regresar a cumplir sus funciones en Bogotá. Debía reportarse en el claustro el 24 de enero, le dijo. Federico entró en crisis. Tendría que dejar a su mujer, que trabajaba y no podía mudarse, y a su hija de cuatro años, que acababa de entrar al colegio. Intentó combatir la decisión legalmente, pero no tuvo éxito. Dejó de comer y dormir. No podía concentrarse. Fue a un psiquiatra y este lo incapacitó. Y así duró seis meses: medicado y con citas de control. En un punto, pasó una temporada en un hospital. Fue una época «emocional y mental[mente] crítica», que superó, según relata, gracias a la ayuda del médico tratante de la EPS.
En julio, sintiéndose mejor, aterrizó en Bogotá y se instaló en un apartahotel. Cuando llegó al Claustro de las Aguas para empezar su nueva etapa, se estrelló con la apatía de la nueva administración. Ni Vecino, que era su jefe directo, ni Mejía Aguado, le impartieron una directriz o le asignaron un proyecto. En cambio, lo ignoraron. Por iniciativa propia, Federico se puso a corregir el nuevo Manual de Buenas Prácticas de la entidad y, cuando tuvo lista una serie de recomendaciones, buscó a Vecino para compartirlas con él. «Me dio una cita para el lunes entrante —recuerda—, pero poco después me la movió, luego me la volvió a mover y otra vez, así fue todo julio y agosto; nunca me atendió». Una compañera de trabajo entonces le explicó que eso era acoso laboral por omisión. «No solo es acoso cuando te tratan mal o te persiguen, sino también cuánto te omiten», explica.
- CasaMacondo contactó a Mejía Aguado para conocer su versión sobre las denuncias en su contra, pero no respondió.
↩︎ - Los nombres de las fuentes han sido modificados para proteger su identidad. ↩︎
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