El alcalde Federico Gutiérrez pretende que la capital de Antioquia sea la sede del Escudo de las Américas, el encuentro continental convocado para coordinar la lucha contra el crimen organizado y, de soslayo, boicotear la influencia de China en el hemisferio. Esa postulación ofrece a la ciudad como un modelo de recuperación institucional exportable, después de ser la más violenta del mundo en 1991, con un récord de veinte homicidios por día, más de siete mil ese año. Todos recordamos esa época. Había días de diez acribillados, días de treinta. Ahora los asesinatos son una fracción, trescientos veinte al año, menos de uno al día, y Medellín es uno de los mayores destinos turísticos de América Latina. Jamás lo imaginamos.
Hordas de turistas de medio mundo y del país desembarcan a diario en el aeropuerto José María Córdova. Dos millones cien mil lo hicieron en 2025, una multitud que duplica la población rural del departamento y que gastó en la ciudad, según cálculos de la Alcaldía, nueve billones de pesos, casi tres mil millones de dólares. Se supone, según el relato oficial, que todos ansían ir a la Comuna Trece, al parque Lleras, a la Plaza Botero, al parque Arví, al Pueblito Paisa, al Parque Explora y a los barrios de las periferias a bordo de los teleféricos. Pero esa Medellín redimida es ilusoria.
En la Comuna Trece, las escaleras eléctricas hacen levitar a los visitantes por entre cuatro figuras monstruosas: un Cristo Redentor de once metros, con poncho y carriel; un Apolo de siete metros, con gafas, audífonos y sombrero vueltiao; un gorila de casi cinco metros, con los ojos verdes y gesto amenazante; y una Pachamama de casi seis metros, con badana y apariencia de princesa de Disney. Otro atractivo de tres metros son las manos de Karol G formando un corazón. Los más entusiastas pagan por subirse a las imágenes, de espaldas al barrio, y las filas se enredan en la estrechez de la calle. Esos monigotes encubren una mentira.
En las paredes del barrio, en el frontis de los restaurantes de paso y de los negocios de fruslerías, se exhiben murales de helicópteros militares rescatando niños entre nubes de colores. Los turistas que se detienen a ver los dibujos sonríen. Algunos llevan sombreros recién comprados y beben cerveza en vasos de bordes escarchados con sal y limón. Ninguno lo sabe. Nadie se los dirá. En esas aceras ruidosas de música festiva acribillaron a decenas de personas durante la Operación Orión, en octubre de 2002. Soldados, policías y paramilitares encubiertos recorrieron las calles, escoltados por tanques de guerra y helicópteros artillados. Nadie sabe el número exacto de muertos y desaparecidos.
Dos kilómetros arriba del tropel de los turistas está «la escombrera», un botadero de residuos de construcción que los habitantes de la Comuna Trece han señalado como una gran fosa común donde fueron enterrados decenas de hombres y mujeres, víctimas del conflicto armado, especialmente después de la Operación Orión. Hasta ahora, las autoridades solo han rescatado siete cuerpos tras una labor lentísima, obligada por la inestabilidad del terreno. Los verdugos creyeron ocultar para siempre aquel cementerio —justo en la cúspide del mayor destino turístico de la ciudad—, pero las madres de los desaparecidos, sus voces de reclamo por más de veinte años, lo impidieron.
Los guías turísticos evitan mencionar la Operación Orión e inventan que Pablo Escobar anduvo por la Comuna Trece huyendo de sus enemigos. Las tiendas frente a las que se detienen a recitar sus parlamentos están atiborradas de objetos con el rostro del narcotraficante: vasos, carteles, relojes, botellas de licor, bolsas de café, prendas de vestir. La falsedad se teatraliza con jovencitos disfrazados de «El patrón del mal», el nombre de su serie televisiva más exitosa. Los dobles salen al paso de los turistas armados con pistolas de juguete, ofreciendo dólares de utilería. Pero el drama de la ciudad no es lo que ha decidido olvidar. Es lo que pretende negar.
Al otro lado del río, en El Poblado, bajo un manto de sofisticación y aparente elegancia, prosperan el tráfico de cocaína y el turismo sexual. El rostro más despreciable de ese mercado es el de los niños, niñas y adolescentes, que aquí se ofrecen por catálogo, como suvenires. Sesenta y seis extranjeros han sido expulsados de Medellín este año, señalados de explotación sexual. A otros cien les ha impedido el ingreso, tras aterrizar en el José María Córdova, por la misma razón. Mientras la ciudad comercializa la biografía de su mayor verdugo como parte de su oferta turística, en las calles prospera una criminalidad que no murió con él.
La reducción de los homicidios no es un mérito de las autoridades, lo saben casi todos. El índice de asesinatos depende de un pacto entre las veinte bandas más poderosas del Valle de Aburrá, conocidas hasta el punto de saber la identidad de sus jefes y la nomenclatura de sus territorios: La Terraza, Picacho, Caicedo, La Unión, Los Triana, Pachelly, Los Chatas o Robledo. Su nómina, de unos doce mil hombres, casi duplica el pie de fuerza policial de Medellín y su área metropolitana. En la ciudad que pretende ser sede del Escudo de las Américas hay muchos más integrantes de organizaciones criminales que policías.
Tampoco es un misterio quiénes dirigen las bandas. Sus identidades figuran en expedientes judiciales, informes de inteligencia e investigaciones periodísticas. Las autoridades conocen los linderos de su poder, los barrios que gobiernan y las alianzas que sostienen ese equilibrio, capaz de reducir los homicidios y, al mismo tiempo, regentar el microtráfico, la prostitución, el robo de vehículos y las extorsiones que pagan por igual pequeños comerciantes y grandes empresas de alimentos, licores, combustibles, transportes y bienes raíces. El poder mafioso que convirtió a Medellín en la capital mundial de los homicidios urbanos es el que ahora blinda su imagen como destino turístico. Hay pruebas.
Gustavo Villegas, secretario de Seguridad durante el primer gobierno de Federico Gutiérrez, fue capturado en julio de 2017 tras una investigación judicial que lo vinculó con la Oficina de Envigado. Con base en interceptaciones telefónicas, seguimientos y testimonios, las autoridades concluyeron que el funcionario se reunía con cabecillas de las bandas para que redujeran los niveles de violencia en las calles de la ciudad a cambio de beneficios administrativos. Villegas aceptó los cargos, fue condenado a dos años y nueve meses de prisión, y quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta 2036.
La gobernanza de las bandas adquirió un nombre memorable: «Donbernabilidad». Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, unificó el mando de los combos de Medellín bajo el imperio del Bloque Cacique Nutibara, el ejército paramilitar con el que dominó las periferias del Valle de Aburrá. Bajo su administración metropolitana, los homicidios, el secuestro y el robo de vehículos disminuyeron de manera drástica y avivaron una sensación de seguridad general. Fue él quien inició la tradición de la «Alborada», la quema de pólvora la madrugada del primero de diciembre, ese ritual desaforado que replica el estallido de las bombas y el estruendo de los disparos. Una vez me ordenó visitarlo.
Alias Danielito, su lugarteniente y hombre de confianza, dispuso mi ingreso a la cárcel de Itagüí. La celda de Don Berna era un apartamento con su propia cocina y un cocinero. Había allí un mural con planetas y constelaciones, estrellas y la Luna, herencia de otro narcotraficante poderoso, muerto de un ataque al corazón. Murillo Bejarano quería saber si era verdad que yo estaba escribiendo un libro sobre los Pepes, el bloque mafioso que apoyó a la Policía y al Ejército en la persecución del jefe del cartel de Medellín.
Un año antes, durante tres semanas, había entrevistado a la viuda y al hijo de Pablo Escobar en su apartamento de Buenos Aires, en Argentina, y también en su casa de campo, en un pueblito a las afueras llamado Open Door, una antigua colonia de enfermos mentales. «No es una buena época para poner a hablar a esa gente», me aconsejó Don Berna y luego me invitó a almorzar. Fue un plato pérfido, para las tripas de un asesino: frijoles con cidra y jugo de papaya en leche. Yo no fui capaz de terminarlo. Tampoco un joven que se sentó a la mesa con nosotros y que resultó ser su profesor de Ciencias Religiosas.
Don Berna llevaba una medallita en el pecho, la estampa de los Caballeros de la Virgen, esos hombres con botas de caballería que rezan el rosario como si entonaran una marcha de guerra. Los rezos no le sirvieron. El 13 de mayo de 2008, día de la Virgen de Fátima, Diego Fernando Murillo Bejarano fue extraditado a los Estados Unidos. Sus sucesores también fueron enviados a cárceles norteamericanas: Erick Vargas Cardona, alias Sebastián, en 2013; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom, en 2018; y Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, en 2022. Nada cambió. El microtráfico, la prostitución, el robo de vehículos y las extorsiones son los negocios delictivos más prósperos de Medellín.
En la ciudad que aspira a ser sede continental de la lucha contra el crimen organizado —en la que cada vez asesinan menos personas— la muerte sigue viva.
