Una noche de octubre de 2015, hace casi una década, Carlos Mario Zuluaga Pardo se subió a una tarima en Sabanalarga, Atlántico. Tenía treinta y tres años y la intención de convertirse en el alcalde de ese municipio, ubicado cuarenta y cuatro kilómetros al sur de Barranquilla. El evento era el cierre de su campaña, que contaba con el aval del Partido Conservador: frente a miles de seguidores, les pidió que salieran el 25 de octubre a marcar su nombre en el tarjetón.
La candidatura de Zuluaga fue anunciada tres meses antes, el 4 de julio. Desde ese día, el joven candidato se dedicó a caminar los barrios de Sabanalarga, participar en debates en colegios y recorrer el municipio en bicicleta. Incluso creó un sitio web (que ya no existe) donde enumeraba sus propuestas y logros, como los puestos que había ocupado en la Gobernación del Atlántico y su vertiginoso paso por la Contraloría de Sandra Morelli.
Lo que no les contó a los cientos de personas que salieron esa noche de octubre a arengar el creativo eslogan de su campaña («¡Sí se puede! ¡Sí se puede!») es que su sitio web incluía, al menos, dos mentiras. La primera era que había nacido en Sabanalarga (en realidad nació en El Santuario, Antioquia). Y la segunda, que tenía un especialización en Gerencia Estratégica de la Universidad de Pittsburgh (cuando, como se demostrará más adelante, la realidad fue otra).
Más allá del resultado de esa contienda (José Elías Chams, del Partido Liberal, ganó con el 55 % de la votación), las dos mentiras señalan el patrón de omisiones, atajos y falsedades que ha seguido un funcionario que, desde el 16 de junio de 2023, ocupa uno de los cargos más importantes del país, el de contralor general de la república (en funciones). El puesto lo asumió después de que el Consejo de Estado declarara nula la elección de su jefe, Carlos Hernán Rodríguez, por irregularidades en su proceso de nombramiento en el Congreso.
En los cuatro meses que duró esta investigación, CasaMacondo descubrió que Zuluaga ha publicado en internet otras mentiras sobre su educación, ha hecho negocios inmobiliarios con contratistas de la Contraloría y no declaró la relación que tenía con su ex compañero sentimental en su declaración de conflictos de interés.
Curriculum vitae
La página de LinkedIn del contralor general en funciones es deslumbrante. Solo en la sección de educación da a entender que ha pasado por cinco universidades. Dice que es licenciado en Enseñanza de las Tecnologías de la Universidad del Atlántico (1998-2022), especialista en Docencia Universitaria de la Universidad del Norte (2003-2004) y abogado de la Corporación Universitaria de Colombia Ideas (2012-2016). También asegura tener la ya mencionada especialización de la Universidad de Pittsburgh (2014), así como dos años de estudio en Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad) (2020-2022). Pero apenas una parte de esta información es verdadera.
La Unad le confirmó a este medio que Zuluaga solo había cursado «tres materias de cursos libres correspondientes al programa de sociología [sic]» en el primer semestre de 2020. Las tres materias fueron Competencias Comunicativas, Fundamentos de Sociología y Ética y Ciudadanía; la peor nota la sacó en la tercera de ellas. CasaMacondo le preguntó al contralor en funciones por qué decía en público que había cursado dos años de Sociología en esta universidad, cuando solo tomó tres cursos libres. Zuluaga se limitó a decir: «Habrá que corregir eso. Ese detalle así no lo tengo». (Horas después de hacer esa afirmación, eliminó sus estudios en Sociología de su página de LinkedIn).
El caso de la Universidad de Pittsburgh es diferente. Tanto en su LinkedIn como en su página de Wikipedia, Zuluaga asegura que cuenta con una especialización de ese centro educativo. La afirmación la sustenta con un certificado del Institute for International Studies in Education (Instituto de Estudios Internacionales en Educación) de esa universidad, donde se lee que «completó exitosamente el Programa de Postgrado Gerencial (Procage)». En la entrevista que nos concedió en las oficinas de la Contraloría, nos preguntó, agitado: «¿Tú me estás diciendo que este diploma es falso?», sacudiendo el certificado.
La cuestión es que, según la Universidad de Pittsburgh, ese documento ni siquiera es un diploma. Cuando CasaMacondo le envió una copia a la oficina de registros de esa institución, uno de sus funcionarios, Toni Petro, contestó que ese certificado no es un título universitario. «No es un diploma», afirmó. También aseguró que nadie llamado Carlos Mario Zuluaga se ha graduado de esa universidad. Resulta que Procage no es una especialización o un posgrado, sino un seminario de dos semanas para ejecutivos latinoamericanos.
Precavidamente, el contralor en funciones no mencionó la «especialización» de la Universidad de Pittsburgh ni su paso por las aulas de Sociología de la Unad en su hoja de vida de la función pública.
Pero el título que más sospechas ha despertado ha sido el pregrado en Derecho que Zuluaga cursó en la Corporación Universitaria de Colombia Ideas. Para empezar, la universidad y el funcionario se contradicen cuando hablan de su duración. Según un derecho de petición que respondió la entidad educativa, el contralor en funciones se demoró tres años en graduarse (de febrero de 2013 a noviembre de 2015). Sin embargo, en conversación con CasaMacondo, el funcionario reiteró en más de una ocasión que el programa solo duró dos años. Así, de hecho, lo dejó consignado en su hoja de vida oficial.
El pregrado de Ideas tiene otro problema de tiempos. De acuerdo con la universidad, Zuluaga cursó 10 semestres en 3 años, y 8 de esos semestres tuvieron una duración de 2 meses cada uno (los otros 2, misteriosamente, fueron de 4 meses). En la mayoría de esos semestres, el contralor en funciones cursó 17 o 18 créditos académicos. El problema es que, según el Ministerio de Educación, cada crédito universitario equivale a cuarenta y ocho horas de estudio. Eso quiere decir que para conseguir 18 créditos, el estudiante debe dedicarle a sus materias 864 horas, lo cual equivale a 36 días.
¿Cómo es posible que Zuluaga haya sacado adelante semestres enteros en apenas dos meses, que le exigían más de la mitad de su tiempo, cuando trabajaba en la Contraloría y, más adelante, en la campaña para ser elegido alcalde de Sabanalarga? En conversación con CasaMacondo, el funcionario afirmó que asistía a clase de cuatro de la tarde a diez de la noche entre semana, todo el día del sábado y, de vez en cuando, los domingos. El asunto es que, incluso así, las matemáticas no dan: para cursar dieciocho créditos en dos meses, un estudiante tendría que estudiar quince horas al día todos los días.
Ahora, ¿sabía el Ministerio de Educación que la universidad estaba graduando abogados a un ritmo que desafiaba toda lógica? El 23 de diciembre de 2009, esa cartera le otorgó a Ideas el visto bueno para que enseñara el pregrado de Derecho por un periodo de siete años. La relación entre las dos entidades, sin embargo, pronto se avinagró y, en 2015, el ministerio interpuso una serie de medidas de carácter preventivo contra el centro educativo por irregularidades financieras y académicas.
Uno de los focos de la investigación fue, precisamente, la carrera de Derecho en Bogotá, a la que le imputaron cuatro cargos: (i) incumplir con la formación y actividad investigativa, (ii) incumplir con las estrategias sociales de la universidad, (iii) no tener el personal académico suficiente y (iv) no contar con una política clara de seguimiento a los egresados. En 2022, la ministra de Educación de entonces, María Victoria Angulo, declaró probados los cuatro cargos. Por esas razones, entre otras, la Corporación Universitaria de Colombia Ideas no tiene actualmente la licencia para enseñar el pregrado de Derecho.
Hoy, a pesar de la imposibilidad de estudiar quince horas al día en semestres de dos meses, el contralor en funciones tiene la tarjeta de abogado número 277820, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura. Esto sin mencionar otro enigma matemático: según Ideas, Zuluaga cursó en esos tres años 174 créditos. Pero, para graduarse, según el Ministerio de Educación, necesitaba 176.
Un magistrado decide no investigar
CasaMacondo no es el primero en poner en tela de juicio el título de Derecho de Ideas. El 6 de septiembre de 2023, la abogada Elvia Isabel Otero Ojeda envió una queja a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial argumentando que Zuluaga había mentido sobre sus créditos académicos y que, por eso, estaba ejerciendo de manera ilegal su profesión de abogado.
Es importante resaltar que Otero había trabajado hasta el 15 de julio de ese año a la cabeza de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) de la Contraloría. Ese día, ella salió de la entidad por solicitud de Zuluaga, quien pidió la renuncia de varios directivos al poco tiempo de asumir el cargo de contralor general en funciones. Según una investigación del periodista Yohir Akerman que publicó Cambio, Zuluaga despidió a Otero porque ella había encontrado irregularidades en convenios de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), donde él había trabajado en cargos directivos entre 2019 y 2022.
La queja de Otero contra Zuluaga llegó al despacho del magistrado Martín Leonardo Suárez Varón, de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, el 25 de septiembre. A los cuatro días, el togado la desestimó de plano. En su pronunciamiento, Suárez esbozó dos razones para no abrir un proceso disciplinario contra Zuluaga. Aseguró que cualquier irregularidad en la obtención del título de abogado no tenía relación alguna con su trabajo como contralor, y que había pasado tanto tiempo desde el grado que la acción disciplinaria estaba «prescrita».
En su decisión, sin embargo, el magistrado omitió mencionar que su esposa, Marisol Millán Hernández, ocupaba en ese entonces un cargo directivo en la Contraloría General de la República, como directora de Estudios Sectoriales Sector Minas y Energía, cargo que aún ocupa. CasaMacondo le preguntó las razones por las cuales no se declaró impedido a la hora de pronunciarse sobre el jefe de su esposa. Suárez Varón respondió que su pareja «accedió al cargo mediante concurso de méritos desde agosto de 2014» y que, por eso, «su empleo en carrera administrativa no depende de ningún funcionario, y ella no ha tenido ningún ascenso ni promoción».
Zuluaga, por su lado, aseguró que no sabía quién era Millán Hernández: «Conozco a todos los directores [de la Contraloría], pero no me sé todos los nombres», nos dijo.
El apartamento y la contratista
Dos personas se podrían adjudicar el padrinazgo político de Zuluaga. El primero es el senador barranquillero Efraín Cepeda, quien le entregó el aval del Partido Conservador en 2015 para las elecciones de Sabanalarga. Tras la derrota en las urnas del joven candidato, Cepeda lo contrató como asesor de la Presidencia del Senado, cargo que el senador ocupó entre 2017 y 2018. Zuluaga lo considera su amigo.
La otra persona es una megacontratista del Estado, la excontralora Sandra Morelli Rico, con quien Zuluaga hizo negocios inmobiliarios en 2022. Desde 2019, Morelli ha suscrito 22 contratos por un valor total de 4.035 millones de pesos; tres de ellos han sido con la Contraloría General de la República.
El primero fue un contrato de 47 millones por dos meses y medio para asesorar el despacho del vicecontralor entre octubre y diciembre de 2022. La orden de contratar a Morelli vino directamente de Zuluaga. Es importante aclarar que este funcionario hoy tiene dos títulos: el de vicecontralor en propiedad, desde septiembre de 2022, y el de contralor general en funciones, desde junio de 2023. Los dos otros contratos han tenido el mismo fin: el de asesorar al vicecontralor en vigilancia y control fiscal. Uno se ejecutó entre febrero y diciembre de 2023, por un valor de 199 millones. El otro, por 209 millones, empezó en febrero y terminará en diciembre de 2024. Los tres suman 455 millones de pesos.
La amistad de Morelli y Zuluaga nació hace más de una década, justamente en las oficinas de la Contraloría General de la República. Cuando ella estuvo a cargo de la entidad fiscalizadora entre 2010 y 2014, el joven licenciado en Enseñanzas de las Tecnologías fue su pupilo estrella: desde diciembre de 2011 hasta su renuncia en agosto de 2014, cuando terminó el periodo de Morelli, escaló por tres cargos: fue director de Estudios Sectoriales de Minas y Energías (el mismo cargo que hoy ocupa Millán Hernández, la esposa del magistrado Suárez Varón), director de Estudios Sectoriales de Medio Ambiente y contralor delegado para la Participación Ciudadana. «Yo trabajé con ella, fui una de las personas más cercanas a ella», le dijo Zuluaga a CasaMacondo sobre su amistad con la excontralora.
Los contratos de Morelli con la Contraloría de Zuluaga no tendrían ningún reparo si no es porque existe un detalle bastante impresentable: la excontralora le vendió un apartamento de noventa metros cuadrados, dos garajes y un depósito en un exclusivo sector de Bogotá a Zuluaga y su entonces pareja, Diego Fernando Monsalve Pico. La transacción, por mil cien millones de pesos, quedó escriturada el 11 de julio de 2022 en la Notaría 39. Tres meses más tarde, Morelli estaba facturando con la Contraloría.
En su conversación con CasaMacondo, Zuluaga negó haberle comprado el apartamento a Morelli. Afirmó, en cambio, que hizo el negocio con Hitos Urbanos, la constructora de la que son socios la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez y su esposo, Álvaro Rincón. La empresa ha estado varias veces en el ojo del huracán: fue acusada de hacer negocios con el narcotraficante Memo Fantasma, de construir el Hotel Grand Sirenis de San Andrés violando el POT y de apropiarse de una playa pública para el beneficio de los accionistas del hotel.
A pesar de las afirmaciones del contralor, la escritura pública 2391 lo desmiente. El documento, en el que se detalla la venta del apartamento, incluye la firma de Zuluaga, la de su expareja, la del gerente de Hitos Urbanos como constructor y comercializador y la de Francisco José Schwitzer Sabogal, representante legal de Alianza Fiduciaria, la entidad financiera donde se encuentra el patrimonio autónomo que transfirió a la pareja la posesión del inmueble, y que se llama Fideicomiso Parqueo Familia Morelli (Sandra Morelli es una de sus fideicomitentes). Por la vivienda, Zuluaga y Monsalve pagaron trescientos treinta millones de contado y setecientos setenta millones con una garantía hipotecaria del Banco Itaú.
El 2022 fue un año de abundancia para el contralor y su familia. El 8 de abril, tres meses antes de que Zuluaga adquiriera el inmueble en el edificio de Hitos Urbanos, su madre, Gloria Judith Pardo Alcalá, compró un apartamento de noventa y seis metros cuadrados en uno de los sectores más cotizados de Bogotá por quinientos millones de pesos. El contralor le contó a CasaMacondo que él vive en arriendo en esa propiedad. Cuando le preguntamos a qué se dedicaba su madre, Zuluaga no respondió.
Ese no fue el primer año de prosperidad de la familia. En 2021, Zuluaga sumó a su patrimonio un apartamento de 77 metros cuadrados en Barranquilla. El inmueble costó 308 millones y se lo entregaron en diciembre de 2023. Y unos años antes, entre 2018 y 2020, adquirió cinco propiedades en Sabanalarga. Pero el activo de mayor valor en su declaración de bienes de 2022, la última que presentó y que él mismo le entregó a CasaMacondo, no es un apartamento, un lote o un vehículo. Son las cuentas por cobrar de Petra Alcalá S. A. S., una empresa de la que es socio, y que suman 695 millones de pesos.
Conflicto de interés
El 19 de septiembre de 2022, cuando se posesionó como vicecontralor de la república, Carlos Mario Zuluaga firmó una declaración de conflictos de interés, un documento que deben diligenciar y publicar todos los funcionarios. En la segunda página, ante la afirmación «Tengo cónyuge o compañero permanente», marcó la casilla que decía «No». Pero su respuesta fue una mentira que configura el delito de falsedad ideológica en documento público. Al ser cuestionado por esta omisión, Zuluaga, muy nervioso, no supo qué decir.
En el marco de esta investigación, CasaMacondo halló que, entre el primero de diciembre de 2020 y el 7 de diciembre de 2022, «en forma estable, continua e ininterrumpida», Zuluaga sostuvo «una vida marital, conviviendo bajo el mismo techo, sin haber contraído matrimonio, conformando así una comunidad de vida permanente y singular» con el administrador de empresas Diego Fernando Monsalve Pico. La anterior información quedó consignada en una escritura del 16 de junio de 2023, en la que Zuluaga y Monsalve cesaron los efectos civiles de la unión marital de hecho. Coincidencialmente, ese mismo día Zuluaga se posesionó como contralor general en funciones.
Al omitir esta relación en su declaración de conflictos de interés, el contralor estaba omitiendo los contratos que, por esas fechas, empezó a firmar su pareja con entidades del Estado. Antes de involucrarse sentimentalmente con Zuluaga, Monsalve solo había trabajado en el sector privado. Después de que empezaran a salir, esta realidad cambió. Desde noviembre de 2021 hasta la fecha, Monsalve ha suscrito 12 contratos con 5 entidades gubernamentales por 675 millones de pesos. Sus ingresos anuales también han incrementado de forma drástica: si en 2020 fueron de 182 millones, en su último año gravable devengó 442 millones, según un documento que firmó el 30 de enero de 2024.
Los primeros dos contratos de Monsalve con el Estado fueron con la Secretaría de Gobierno de Bogotá, y se celebraron entre noviembre de 2021 y septiembre de 2022. La entidad distrital, en cabeza de Luis Ernesto Gómez, le pagó ochenta y dos millones de pesos por trabajar «en la implementación del programa de barrismo social goles en paz 2.0».
Luego vinieron los cinco contratos con la Contraloría de Bogotá, que preside desde 2022 Julián Mauricio Ruiz Rodríguez. La esposa de este funcionario, Erika Johanna Bohórquez Ballesteros, trabajó con Zuluaga en la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) como directora adjunta. El primero, por treinta y nueve millones de pesos, se ejecutó entre agosto y noviembre de 2022. Monsalve pasó de trabajar con las barras bravas a asesorar al contralor auxiliar de Bogotá. En el informe de supervisión, se evidencia que la única actividad reportada por el administrador de empresas fue su participación en una reunión.
Los otros contratos con la Contraloría de Bogotá llegaron cuando Zuluaga ya era vicecontralor. En el segundo, por doce millones de pesos, Monsalve solo participó en una reunión y presentó un documento «respecto al seguimiento de los avances de la sentencia y la problemática ambiental, ecológica y económico-social de la cuenca hidrográfica del río Bogotá». Era diciembre de 2022. El tercero, por noventa millones de pesos, se ejecutó entre febrero y noviembre de 2023. Hubo un mes en el que Monsalve solo participó en una reunión y, más grave aún, en otros tres meses copió y pegó1 2 3 las actividades en su informe.
Entre mayo y diciembre de 2023, Monsalve suscribió contratos por 188 millones de pesos con objetos variopintos con la Corporación Autónoma Regional (CAR), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Computadores para Educar y, de nuevo, la Contraloría de Bogotá. De este último no existe soporte de actividades. Actualmente, tiene tres contratos activos hasta diciembre por 261 millones de pesos con el ICA, la Contraloría de Bogotá y la CAR. De los dos últimos no hay informe de actividades ni de supervisión.
Zuluaga le aseguró a este medio que él nunca intervino ante estas entidades para que Monsalve consiguiera estos contratos. En su declaración de conflictos de intereses, la expareja del contralor tampoco declaró su relación con Zuluaga en los dos años en los que estuvieron juntos. A Monsalve lo contactamos para escuchar su versión de los hechos, pero no quiso reunirse con nosotros ni respondió el cuestionario que le enviamos.
¿Y ahora?
La entrevista con Carlos Mario Zuluaga se realizó el pasado 29 de abril en el piso 16 de la Contraloría General de la República. Fue una cita de cuarenta minutos, apenas cuatro días después de que la Corte Constitucional resolviera una tutela en la que Carlos Hernán Rodríguez, su antiguo jefe, pedía volver a su cargo por violación al debido proceso. El alto tribunal determinó que el Congreso en pleno (Cámara y Senado) debe escoger al nuevo contralor de la lista de diez elegibles que se presentaron en 2022 y que Rodríguez Becerra podía participar en el concurso.
Mientras tanto, Zuluaga seguirá al mando de la Contraloría y con la mira puesta, según varias fuentes, en un próximo cargo: el de procurador general de la nación. Uno de sus principales contendores, si se materializa su aspiración, será Carlos Felipe Córdoba Larrarte, quien mientras ejercía de contralor general (2018-2022) hizo un pregrado y un doctorado en Derecho en apenas dos años y medio y además plagió su tesis doctoral.
¿Cuál de los dos prontuarios triunfará? Competirán dos personajes marcados por la sospecha, con la paradoja de que ambos pretenden dirigir la entidad que vigila la moralidad pública.
Notas
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